Es posible que los agentes involucrados en la masacre de Uvalde nunca enfrenten consecuencias debido a una red de reglas e intereses contrapuestos

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La publicación esta semana de 82 minutos del video de vigilancia escolar de la masacre de mayo en Uvalde, Texas, está alimentando el escrutinio sobre las consecuencias, si las hubiera, que podrían enfrentar los agentes de policía que intervinieron en la escena del tiroteo por su decisión de enfrentar la escena y esperar una hora para confrontar dentro del edificio al asesino que mató a 19 niños de cuarto grado y dos profesoras.

El tan anticipado informe preliminar de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas sobre el tiroteo más mortífero en una escuela estadounidense en casi una década se espera pronto, aunque no está claro cuán amplio ha sido el trabajo del panel o qué podría resultar de su investigación.

Hasta el momento, la persona que supuestamente estuvo a cargo durante el tiroteo del 24 de mayo, el jefe de policía del distrito escolar Pedro “Pete” Arredondo, ha sido criticado por los padres de los niños asesinados, los líderes electos locales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Todos afirman que Arredondo no siguió el entrenamiento y retrasó indebidamente durante más de una hora la entrada al salón de clases donde los agentes finalmente mataron al atacante. Agentes armados de varias agencias se arremolinaron mientras el hombre armado se movía libremente por las aulas contiguas, según muestra el video publicado por el diario local Austin American-Statesman.

Arredondo, quien dijo que no se consideraba a sí mismo el comandante durante el incidente ni instruyó a los agentes para que se abstuvieran de irrumpir en la escena, renunció al puesto en el Concejo Municipal de Uvalde, un cargo que había asumido solo una semana después del ataque. Pero las repercusiones formales para él, y cualquier otro de al menos ocho agencias involucradas en la respuesta policial, siguen siendo esquivas.

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Las consecuencias pueden ser penales, administrativas o civiles. Pero los diferentes estándares en cada una de estas jurisdicciones y las reglas contradictorias que rigen las investigaciones reflejan “un problema persistente en la responsabilidad policial”, dijo Seth Stoughton, profesor de derecho en la Universidad de Carolina del Sur.

“No es solo este caso, es en muchos casos”. Las prioridades en competencia, dijo, podrían enfrentar si es “más importante descubrir qué sucedió o cómo evitarlo en el futuro. O hacer que un agente sea individualmente responsable de alguna manera, ya sea penal o civilmente. (Las competencias) Pueden chocar entre ellas”.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas también está investigando el ataque en la Escuela Primaria Robb. Pero públicamente, al menos, no está claro con precisión en qué facetas del incidente está profundizando y qué estándares está tratando de mantener, por no hablar de lo que podría arrojar la investigación. Preguntas similares persisten sobre consultas que otras agencias podrían estar realizando.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando la masacre, con el objetivo de “brindar este informe definitiva e independiente”, dijo la fiscal general adjunta Vanita Gupta en junio en C-SPAN. El informe “no es una investigación criminal”, agregó.

Muchas de al menos ocho agencias cuyos funcionarios respondieron a la escuela ese día no han respondido a las solicitudes de comentarios de CNN. Otros se han negado a responder preguntas sobre su papel en la respuesta de emergencia.

Las repetidas revisiones de los funcionarios en la narrativa del caso desde las horas inmediatamente posteriores al ataque han hecho imposible hasta ahora una comprensión verdadera y completa de la respuesta de las fuerzas del orden. Y dado el tenso telón de fondo de la violencia armada estadounidense contra el cual se desarrollan los hechos, no está claro qué consecuencias pueden resultar.

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Aún así, lo que se sabe en este caso y de los estándares policiales generales sugiere que las consecuencias para los agentes podrían ser las siguientes:

Los cargos penales por no actuar son poco probables, dicen los expertos

El quid de la respuesta policial que capturó la mayor atención pública es el tiempo que pasó con el atacante vivo en la escuela: al menos 70 minutos.

Es poco probable que se presenten cargos penales contra los agentes que respondieron, y es más improbable que se mantengan, por supuesta inacción o acusaciones de que no mataron al atacante lo suficientemente rápido, dijo Stoughton a CNN.

Los fiscales tienen discreción para presentar cargos, por lo que no es imposible, pero el listón es alto para la responsabilidad penal por inacción.

“Solo castigamos una omisión —la falta de hacer algo— cuando existe un requisito legal específico, un deber legal, para que alguien haga lo que no hizo”, dijo Stoughton. “Aquí, lo que estamos buscando es un deber legal que requería que los agentes entraran antes lo que lo hicieron. Y no conozco ninguno”.

Después de la masacre en la escuela secundaria de Parkland, Florida, un fiscal acusó a un agente de policía bajo una ley estatal de “cuidador” por presunta omisión durante el tiroteo que dejó 17 muertos. Se declaró inocente de siete cargos y tiene el juicio programado para 2023.

“El estatuto de cuidador se aplica a los maestros: tienen que salvaguardar afirmativamente (el) bienestar de los niños. Debido a que es un agente de recursos escolares, el fiscal argumenta que el estatuto que se aplica a los cuidadores cuenta porque él está argumentando que (el agente) está en una posición parecida a la de un maestro”, dijo Stoughton.

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“Es un poco exagerado”, admitió, “y ni eso tenemos” en el caso Uvalde.

De hecho, no está claro si alguna ley en particular en Texas habría obligado a tal agente a actuar de una manera específica, dijo. Tampoco está claro si algún fiscal está considerando una acción insuficiente por parte de las fuerzas del orden.

En cuanto a encontrar fallas criminales en las acciones de los policías ese día, los fiscales están en una “posición realmente difícil”, dijo Carol Archbold, presidenta del Departamento de Justicia Penal de la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

“Las probabilidades de que realmente presenten cargos y los mantengan firmes son escasas”, dijo. “Esto involucra a niños, la pérdida de vidas de niños, lo cual es trágico… Hay algo que provoca indignación o un clamor de responsabilidad del público porque involucra a niños.

“Entonces, los fiscales se encuentran en una posición en la que tienen obviamente seguir la ley, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con equilibrar la opinión pública o las protestas”, dijo a CNN.

El alcance de las revisiones administrativas no está claro

Cuando un agente dispara su arma o responde a un incidente caótico con víctimas en masa, los departamentos de policía suelen realizar revisiones internas o invitar a terceros a hacerlo, con la vista puesta en determinar si se siguieron las reglas del departamento antes y después del evento y los roles que desempeñó cada agente. La mayoría de los departamentos de policía también tienen reglas amplias de “conducta inapropiada”, y también puede tener protocolos específicos para atacantes activos u otros estándares escritos. Las cláusulas de “conducta inapropiada” generalmente serían la forma más fácil para que una agencia disciplinara a los agentes, dijo Stoughton.

“De alguna manera, eso es lo más fácil de imaginar en un caso como este porque todo lo que tienen que hacer para ser administrativamente responsables, sancionados o disciplinados, es violar las políticas o la capacitación”, dijo el experto. “E incluso si no hay una política específica que diga que entres allí y vayas por el atacante activo, pueden decir: ‘Mira… estás entrenado para hacer algo, no hiciste eso, no hiciste lo que se espera que hicieras’”.

Pero incluso eso depende de si se ordenó esperar a los agentes de menor rango, dijo.

Si bien no está claro qué tipo de capacitación u órdenes con respecto a los incidentes de atacantes activos tiene cada agencia de respuesta de Uvalde, las consecuencias en general por violar tales reglas de aplicación de la ley van desde una reprimenda verbal hasta el despido. Los procesos disciplinarios suelen dar a los agentes la oportunidad de impugnar las acusaciones. E incluso el despido puede ser incierto: al menos un funcionario que respondió a la masacre de la escuela de Parkland y fue despedido por inacción recuperó su trabajo después de que su sindicato impugnara los despidos.

Arredondo, por su parte, fue puesto en licencia administrativa el 22 de junio.

Si bien gran parte de la atención pública después del tiroteo masivo de Uvalde se centró en si los agentes se movieron lo suficientemente rápido hacia el salón de clases donde algunos finalmente mataron al atacante, las revisiones administrativas también podrían buscar si los policías siguieron el entrenamiento y las órdenes antes de entrar y cómo manejaron la información y la evidencia después.

Al menos tres agencias federales, dos estatales y tres locales respondieron a la masacre en la Escuela Primaria Robb, pero no está claro cuál puede estar realizando tales investigaciones o el estado de estas.

“Es bueno que tengas diferentes ojos mirando el caso porque es probable que encuentren algo que otra agencia o individuo no encontró”, dijo Archbold.

“No estoy realmente segura de lo que va a pasar o cuánto tiempo tomará, pero dado que tanta gente está mirando, en algún momento sabremos qué sucedió”, dijo Archbold. “Simplemente puede que no sea rápido”.

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Mientras tanto, un examen de quién está mirando qué revela una maraña de intereses: el investigador del fiscal de distrito en el condado de Uvalde, por ejemplo, fue parte de la respuesta policial el 24 de mayo, junto con la agencia de policía estatal —el Departamento de Seguridad Pública de Texas— que se encarga de la investigación criminal más amplia. Y la comisión legislativa estatal se basa en el testimonio del personal del Departamento para producir su informe.

No está claro si esas dos agencias están sujetas a algún escrutinio externo que pudiera resultar en responsabilidad administrativa o si hay investigaciones internas sobre la conducta de sus agentes ese día. El fiscal de distrito del condado se negó a comentar, y un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas y los Texas Rangers no respondieron a una solicitud de comentarios. Los portavoces del Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, el propio distrito escolar y el Departamento de Policía de Uvalde tampoco respondieron.

El Centro de Capacitación de Respuesta Rápida para el Cumplimiento de la Ley Avanzada de la Universidad Estatal de Texas está produciendo informes posteriores a la acción con el “propósito explícito de identificar las brechas de capacitación que deben abordar los agentes de policía en todo el estado de Texas”. Pero no está claro si alguna agencia con agentes en la escena ese día usará esos informes para buscar acciones administrativas contra los agentes. La agencia capacita a los socorristas de todo el país en respuesta a “situaciones de ataque activo”.

Las demandas civiles tienen un listón muy alto para los demandantes en el caso de Uvalde

Los litigios civiles pueden ser otra forma en que las familias de las víctimas pueden pedir responsabilidad.

Hasta el momento, un legislador estatal de Texas ha demandado para acceder a los registros públicos relacionados con el tiroteo masivo, y las familias de cuatro víctimas han demandado el patrimonio del atacante. Parece que no se han presentado demandas contra las fuerzas del orden en las que el reclamo se relacione con la calidad de la respuesta policial, aunque un abogado de San Antonio dijo a fines de junio que planea presentar dicha demanda a mediados de julio.

Si son demandados, las agencias podrían llegar a un acuerdo que los proteja de tener que hacer declaraciones públicas sobre su papel en la respuesta al tiroteo. Pero si las agencias gubernamentales pelean alguna demanda, el listón para responsabilizar a los agentes por inacción sería alto, dijo Stoughton.

No es solo que los agentes no actuaron, dijo: Tenían que haberlo empeorado.

“Sin embargo, estos son casos realmente difíciles, porque el estándar que la Corte Suprema ha establecido para la falta de protección es que la policía —el gobierno en general, pero en este caso, la policía—, que el único deber legal de proteger es cuando la policía misma crea el peligro o lo empeora”, dijo Stoughton.

No actuar, en este caso, no confrontar al atacante antes, generalmente no es suficiente para que un reclamo civil resulte favorable para el demandante, dijo.

Las familias afligidas de Uvalde han condenado a la policía llamándolos “cobardes” y los padres han expresado su preocupación por los niños que sobrevivieron pero no pudieron salvar a sus amigos. Pero no está claro si esas conclusiones serían suficientes para obtener una victoria en la corte contra una agencia de policía.

“La manera fácil de entender esto es: ¿Creó la policía el peligro o empeoró el peligro existente?”, dijo él. “No solo permitieron que ocurriera, sino que lo empeoraron”.

La revisión federal apunta a las “lecciones aprendidas”

Si bien el Departamento de Justicia está ayudando a las autoridades locales a investigar la masacre al proporcionar experiencia y procesar pruebas, el objetivo de su “Revisión de incidentes críticos” es documentar las “lecciones aprendidas y las mejores prácticas” para quienes enfrenten tiroteos como primeros respondedores en el futuro.

“Quiero ser claro: esto no es una investigación criminal”, dijo Gupta, la fiscal general adjunta, en junio. “Obviamente, el departamento tiene autoridad de investigación criminal, y procesamos a los agentes por violar la ley cuando eso sucede, pero esta es una revisión posterior a la acción, que es otra herramienta que tiene el departamento… para poder proporcionar una rendición de cuentas definitiva”.

La agencia federal analizará videos y otras pruebas para “reconstruir la cronología”, analizando lo que sucedió antes, durante y después de la masacre para “brindar esta versión definitiva e independiente”, dijo, y reiteró: “No es una investigación criminal”.

— Meridith Edwards, Josh Campbell, Rosa Flores, Omar Jiménez, Jamiel Lynch, Rosalina Nieves, Hannah Rabinowitz, Rebekah Riess, Amy Simonson y Whitney Wild de CNN contribuyeron a este informe.

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