Juez reprende al Partido Republicano por restar importancia a los disturbios en el Capitolio al dictar la primera sentencia por la insurrección

Alexandra Ferguson

(CNN) — Una simpatizante de Trump que pasó 10 minutos dentro del Capitolio de Estados Unidos durante la insurrección del 6 de enero fue sentenciada a libertad condicional este miércoles, evitando la cárcel, convirtiéndose en la primera de los agitadores en conocer su castigo en la investigación de los disturbios. En una audiencia en la corte federal de la ciudad de Washington, el juez Royce Lamberth dijo que la insurrección fue una «desgracia» y reprendió fuertemente las «tonterías absolutas» que provienen de algunos legisladores republicanos y otras figuras de la derecha que están blanqueando lo sucedido.

«No sé en qué planeta estaban», dijo Lamberth refiriéndose a los legisladores republicanos, sin mencionar ningún nombre. La reciente publicación de videos del ataque «demostrará que el intento de algunos congresistas de reescribir la historia diciendo que se trataba de turistas caminando por el Capitolio es un completo disparate».

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Anna Morgan-Lloyd, de 49 años y originaria de la zona rural de Indiana, se había declarado culpable de un único delito menor por entrar en el Capitolio como parte de la multitud el 6 de enero. También se le impuso una multa de US$ 500.

Lamberth dijo que Morgan-Lloyd evitó la cárcel porque no participó en la violencia y condenó a los que sí lo hicieron. Lanzó una advertencia a otros acusados de que probablemente los condenará a penas de cárcel si siguen defendiendo su comportamiento en el Capitolio.

«Algunos de estos acusados no van a hacer lo que ustedes hicieron. No van a decir que hicieron algo malo. Ellos, a día de hoy, seguirían participando en la manifestación», dijo Lamberth. «… No quiero crear la impresión de que la libertad condicional es el resultado automático aquí, porque de ninguna manera lo va a ser».

Aun así, el juez dijo que lo ocurrido el 6 de enero era «un delito grave» y una «vergüenza» para el país. Elogió a los medios de comunicación por su cobertura de la agresión y señaló que «gran parte de la ciudadanía sigue indignada por lo ocurrido».

«No fue una manifestación pacífica… no fue un accidente que se volviera violenta», dijo.

Momento clave en la investigación

Es un momento decisivo en la enorme investigación federal que se ha ampliado hasta abarcar a casi 500 acusados de 43 estados.

A medida que la exhaustiva investigación se acerca a su sexto mes, el Departamento de Justicia ha avanzado en la resolución de algunos de los cientos de casos federales. Hasta el miércoles por la tarde, los fiscales habían conseguido siete declaraciones de culpabilidad y tienen programadas más para las próximas semanas, lo que da una idea de las negociaciones que se están llevando a cabo entre bastidores y de cómo docenas de acusados podrían enfrentarse a años de prisión, dependiendo de sus acciones durante el asedio.

El conjunto inicial de acuerdos de culpabilidad y las sentencias probablemente servirán como un disparo de advertencia, mientras continúa la operación de búsqueda nacional en lo que el Departamento de Justicia ha descrito como una de las mayores investigaciones de su historia y un importante esfuerzo de aplicación de la ley para hacer frente al terrorismo doméstico. También el miércoles, un acusado de conspiración de Oath Keepers se declaró culpable.

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La sentencia del miércoles para Morgan-Lloyd no marcará la pauta para la mayoría de los casos de disturbios, como señaló Lamberth. Pero otros cientos de alborotadores están acusados de delitos graves por agredir a la policía, llevar armas al Capitolio, destruir propiedades o, si entraron en zonas protegidas del edificio, obstruir los procedimientos oficiales del Congreso para certificar el voto del Colegio Electoral. Hasta ahora, los fiscales parecen no estar dispuestos a eliminar ese nivel de acusación.

Uno de los hombres que entró en la cámara del Senado durante 15 minutos se enfrenta a una recomendación de entre 15 y 21 meses de prisión, según los registros judiciales. Otro hombre que supuestamente posó para fotos con los pies sobre un escritorio en el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llevaba una pistola eléctrica y robó un sobre del despacho, podría enfrentarse a casi seis años o más de prisión, según los fiscales.

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La primera en ser condenada

Morgan-Lloyd fue acusada inicialmente de cuatro delitos federales, pero los archivos judiciales indican que llegó a un acuerdo con los fiscales, que recomendaron tres años de libertad condicional, una multa de US$ 500 para cubrir los daños al complejo del Capitolio y 40 horas de servicio comunitario.

El Departamento de Justicia expuso varios factores por los que no se justifica el encarcelamiento: Morgan-Lloyd no planificó ni se coordinó con otras personas antes del 6 de enero; no se puso violenta durante el motín; solo estuvo en un pasillo durante 10 minutos; cooperó inmediatamente con los investigadores cuando llamaron a la puerta; expresó un fuerte arrepentimiento; y no tiene antecedentes penales.

El día del ataque, Morgan-Lloyd publicó en Facebook que era el «mejor día de su vida», según sus archivos judiciales, pero antes de la sentencia presentó una carta al juez en la que decía que había modificado sus opiniones políticas desde su detención y que estaba lidiando con el negacionismo del Holocausto de un miembro de su familia.

Afirmó que había pasado toda su vida en un «pueblo muy pequeño» del sur de Indiana, lo que le había dado una «vida protegida» que la hacía estar fuera de contacto con «lo que es la vida de los demás en nuestro país». Afirmó que había pasado por una transformación política después de que su abogado la instara a aprender sobre la desigualdad racial leyendo libros y viendo películas.

Es habitual que los acusados en casos penales digan a los jueces, antes de la sentencia, que han experimentado un cambio de actitud, para intentar conseguir un castigo leve. Morgan-Lloyd expuso ese argumento en su carta, se disculpó por sus delitos y renegó de los alborotadores que atacaron a los policías y destrozaron el edificio.

«Me sentí avergonzada de que algo que pretendía mostrar apoyo al presidente se hubiera convertido en algo violento», escribió Morgan-Lloyd al juez. «Esta no es la forma de demostrar ningún punto. Al principio no me di cuenta, pero más tarde comprendí que si todas las personas como yo, que no eran violentas, eran apartadas de esa multitud, los que eran violentos podrían haber perdido el valor para hacer lo que hicieron. Por eso lo siento y asumo la responsabilidad. Nunca fue mi intención ayudar a que la gente actuara con violencia».

Después de ver la película «Schindler’s list«, criticó a su yerno por restar importancia al número de judíos asesinados en el Holocausto. También dijo que ahora se opone a la pena de muerte después de leer «Just Mercy«, un libro sobre las condenas injustas de los negros estadounidenses.

«He aprendido que, aunque vivimos en un país maravilloso, las cosas todavía tienen que mejorar», dijo Morgan-Lloyd. «La gente de todos los colores debería sentirse tan segura como yo para caminar por la calle».

Su abogada, Heather Shaner, dijo el miércoles en el programa «New Day» de CNN que Morgan-Lloyd «estaba desinformada y mal informada» antes de asaltar el Capitolio, pero que las tareas del libro y la película le enseñaron «la relación entre los derechos del ciudadano y la responsabilidad del ciudadano».

Otros acusados de los disturbios del Capitolio ya se han declarado culpables de cargos similares de bajo nivel, pero debido a la forma en que los jueces determinan cuándo se pueden dictar sentencias, Morgan-Lloyd fue la primera.

Otros, Bryan Ivey, de Tennessee, y un matrimonio, Jessica y Joshua Bustle, de Virginia, también accedieron a permitir que las fuerzas del orden examinaran sus cuentas en las redes sociales y dijeron que pagarían US$ 500 cada uno en concepto de indemnización por los daños causados al Capitolio por la multitud. El Departamento de Justicia ha estimado los daños en US$1,5 millones, según los registros judiciales.

Robert Reeder, un hombre de Maryland que anteriormente trabajaba para la Administración de Seguridad del Transporte, se declaró culpable el miércoles de un delito menor por manifestarse ilegalmente dentro del Capitolio.

Continúa la investigación

Incluso con el caso de uno de los alborotadores cerrado en los tribunales, los investigadores todavía están siguiendo cientos de pistas y buscando a docenas de personas. Además, todavía no se ha encontrado a una persona que fue captada en video dejando bombas caseras cerca del Capitolio.

Los fiscales han acusado a más personas casi todos los días desde el atentado y, recientemente, han indicado en sus documentos judiciales que siguen buscando a otras 100 personas.

Los casos, en conjunto, han proporcionado más información sobre las inclinaciones políticas de los alborotadores pro-Trump, y el Departamento de Justicia ha señalado que la amenaza de la retórica de la derecha que impulsa ideas de fraude electoral y reclamar la presidencia a Joe Biden no ha disminuido.

Los abogados de uno de los acusados dijeron que había visto seis meses seguidos Fox News y que había contraído «foxitis». Otro alborotador, que supuestamente gritó a la policía: «Les gusta proteger a los pedófilos», una aparente referencia a la infundada teoría de la conspiración QAnon, había sido condenado en 2010 por un cargo estatal de relaciones sexuales ilícitas con un menor, y otros acusados de agredir a la policía son ellos mismos policías.

Los fiscales también han seguido ampliando los cargos de conspiración contra grupos de extrema derecha que, según afirman, se coordinaron y planearon para interrumpir la certificación de la votación presidencial por parte del Congreso.

Más de 50 acusados han sido vinculados a grupos de extrema derecha, y al menos dos grupos de presuntos conspiradores están acusados de haber encontrado contactos en Internet, para luego discutir cómo viajarían a través del país con armas de fuego para el evento.