La represión de la disidencia política en Venezuela es la más mortífera de los últimos años, según Human Rights Watch
Sofía Barruti
(CNN) — La represión de la disidencia política en Venezuela con motivo de las controvertidas elecciones presidenciales es la más mortífera de los últimos años, según un nuevo análisis de Human Rights Watch.
El grupo de derechos humanos dice que ha documentado 11 asesinatos que, según afirma, tuvieron lugar en el contexto de las protestas políticas masivas por la votación del 28 de julio, que vio al líder autoritario Nicolás Maduro reclamar un tercer mandato como presidente.
“En promedio, [este año] es mucho más intenso en términos de la cantidad de personas que han muerto en el contexto de la violencia y las protestas postelectorales”, dijo a CNN la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.
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Según las propias cifras del Gobierno venezolano, al menos 2.400 personas han sido detenidas, entre ellas varios menores de edad, y las organizaciones no gubernamentales han informado de 24 personas muertas.
“En términos de detenciones, más de 2.400 [personas detenidas], eso está muy por encima de los datos que vimos en 2014 y 2017”, agregó Goebertus, refiriéndose a ciclos anteriores de protestas en Venezuela que también fueron reprimidas con violencia.
Los partidarios de la oposición se han arriesgado a ser detenidos y agredidos por mostrar su enfado por el resultado de la votación. La coalición opositora venezolana afirma que las elecciones fueron robadas y ha reunido recuentos de votos de todo el país para apoyar la tesis de que el candidato Edmundo González ganó realmente la presidencia.
Mientras tanto, las autoridades venezolanas aún no han hecho públicas las actas de votación detalladas para verificar el resultado.
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Simpatizantes ondean banderas venezolanas el 17 de agosto de 2024 en Caracas, Venezuela. (Crédito: Jesús Vargas/Getty Images)
Para analizar los 11 homicidios, HRW afirma que revisó los certificados de defunción, verificó 39 videos y dos fotografías y entrevistó a más de 20 personas. En varios casos, el análisis de HRW concluyó que las fuerzas de seguridad del Estado o las milicias alineadas con el Gobierno estaban probablemente implicadas en las muertes.
En un caso, HRW afirma haber verificado tres videos en los que se ve a miembros de la Guardia Nacional disparando gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar una protesta en El Valle, un barrio popular de Caracas, el 29 de julio, menos de 24 horas después de que Maduro se proclamara vencedor.
Videos posteriores geolocalizados por HRW muestran supuestamente a dos heridos, Anthony García, de 20 años, y Olinger Montaño, de 23, siendo trasladados por manifestantes. Ambos murieron pocas horas después por heridas de bala y arma de fuego en el pecho, según sus certificados de defunción revisados por HRW. En otro incidente ocurrido en Maracay, estado Aragua, seis personas murieron por heridas de arma de fuego, según el informe. Entre ellas se encontraba Rances Yzarra, ingeniero civil que participó en las protestas por “frustración ante la falta de cambios”, según un amigo citado por HRW.
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Al igual que García y Montaño, Yzarra fue asesinado por una bala que perforó sus órganos torácicos causándole una conmoción hemorrágica aguda, según su certificado de defunción, que HRW dijo haber revisado.
CNN no pudo verificar de forma independiente las alegaciones del informe.
Tras las protestas, el fiscal general, Tarek William Saab, pareció cuestionar los informes de asesinatos, afirmando que los activistas de la oposición fingían sus propias muertes y simulaban heridas utilizando salsa de tomate.
Más tarde se retractó cuando el propio Maduro reconoció docenas de muertes, afirmando que se habían producido a manos de grupos criminales.
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Otro motivo de preocupación, dijo Goebertus a CNN, es una nueva ley aprobada el 15 de agosto que restringe las acciones de las ONG locales y grupos de derechos humanos, muchos de los cuales han sido fundamentales en la recopilación de pruebas detrás del informe de HRW.
“No es ninguna sorpresa que este proyecto de ley se apruebe exactamente en este momento, permitiendo al Gobierno perseguir penalmente a aquellos que representan a organizaciones no gubernamentales… si sigue adelante, la posibilidad de estar completamente ciegos en términos de represión va a ser muy real en Venezuela”.
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