China puede haber cometido “crímenes contra la humanidad” en Xinjiang, según informe de la ONU
olivertapia
Hong Kong (CNN) — China ha cometido “graves violaciones de los derechos humanos” contra los musulmanes uigures en su región noroccidental de Xinjiang, lo que podría equivaler a “crímenes de lesa humanidad”, según un informe largamente esperado publicado el miércoles por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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El informe detallado de 45 páginas, publicado apenas unos minutos antes de que finalizara el mandato de la comisionada saliente Michelle Bachelet a la medianoche, hora de Ginebra, se había retrasado repetidamente y China se había opuesto con vehemencia a su publicación.
Michelle Bachelet
El informe, que documentó lo que describió como detención arbitraria y discriminatoria de miembros de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes en el contexto de la “aplicación de estrategias antiterroristas y contra el ‘extremismo'” del gobierno, fue aclamado por grupos de derechos humanos como un momento innovador en el esfuerzo por hacer que el gobierno chino rinda cuentas.
El informe llega cuatro años después de que un comité de expertos de la ONU llamara la atención en agosto de 2018 sobre “informes creíbles” de que más de 1 millón de uigures y otras minorías musulmanas fueron internadas en campamentos extrajudiciales en Xinjiang para “reeducación” y adoctrinamiento.
China ha negado rotundamente haber cometido violaciones de derechos. Anteriormente dijo que estableció dichos centros como una forma de contrarrestar el “extremismo” en la región, y desde entonces ha dicho que las instalaciones estaban cerradas, una afirmación que la oficina de la ONU dijo que no podía verificar.
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Según el informe de la ONU, “las políticas y prácticas descritas en (la región) han trascendido las fronteras, separando a las familias y cortando los contactos humanos, al mismo tiempo que causan un sufrimiento particular a las familias uigures, kazajas y otras minorías predominantemente musulmanas afectadas, exacerbado por patrones de intimidación y amenazas contra miembros de la comunidad de la diáspora que hablan en público”.
El gobierno chino, que se había opuesto repetidamente a la publicación del informe, respondió en un documento de 131 páginas, casi tres veces más largo que el propio informe, en el que denunció los hallazgos como “basados en la desinformación y las mentiras fabricadas por las fuerzas anti-China”.
La respuesta de Beijing fue publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) junto con su propio informe después de que a China se le dio acceso anticipado al documento para revisarlo y responder.
Si bien el informe fue bien recibido por algunos uigures en el extranjero y activistas de derechos humanos, cualquier paso hacia una mayor investigación, como se solicita en el informe, necesitaría la aprobación de los estados miembros de la ONU en un organismo en el que China tiene una influencia considerable.
La acción sobre otras recomendaciones del informe, como la liberación de personas detenidas arbitrariamente y el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas, dependería de la cooperación del gobierno chino.
Dentro de Xinjiang
El informe se centra en lo que describe como “detención arbitraria y patrones relacionados de abuso” dentro de lo que Beijing afirma que son “centros de educación y formación profesional” entre 2017 y 2019.
Gulnur Kosdaulet (segunda desde la izquierda), de 48 años, protesta por la detención de su esposo en China frente al consulado chino en Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, el 9 de marzo de 2021.
Concluyó que las descripciones de las detenciones durante este período ” estuvieron marcadas por patrones de tortura u otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
El informe detalla los hallazgos de lo que la Oficina del Alto Comisionado describe como años de esfuerzos para analizar y evaluar documentos públicos, fuentes abiertas y materiales de investigación. También incluye información recopilada de entrevistas con 40 personas de las etnias uigur, kazaja y kirguisa. Veintiséis de los entrevistados informaron que habían sido detenidos o habían trabajado en varias instalaciones en Xinjiang.
“El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes… puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad”, según el informe.
El informe de la ONU dijo que el “sistema legal antiterrorista” de China es “profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos” y “en la práctica ha llevado a la privación arbitraria de libertad a gran escala” de los uigures y otras comunidades musulmanas.
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Si bien Beijing impidió que el Alto Comisionado realizara una investigación sobre el terreno, el informe incluía descripciones de quienes habían experimentado los llamados centros de formación profesional y educativa en Xinjiang, en sus propias palabras.
“No me dijeron por qué estaba allí y cuánto tiempo estaría allí. Me pidieron que confesara un delito, pero no sabía qué se suponía que debía confesar”, dijo una persona entrevistada por la oficina, según al informe
El informe también dijo que casi todos los entrevistados describieron que se les administraban inyecciones, píldoras o ambos con regularidad, lo que los hacía sentir somnolientos, mientras que algunos entrevistados también hablaron de “varias formas de violencia sexual”, incluidos algunos casos de violación, así como varias formas de humillación sexual, incluida la desnudez forzada, según el informe.
Las denuncias de violencia sexual y de género “parecen creíbles”, dijo el informe, pero no es posible “sacar conclusiones más amplias” sobre la medida en que formaban parte de patrones amplios dentro de las instalaciones según la información existente, señaló.
“Las negaciones generales del gobierno de todas las acusaciones, así como sus ataques humillantes y de género contra quienes se han presentado para compartir sus experiencias, se han sumado a la indignidad y el sufrimiento de los sobrevivientes”, dice el informe.
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El informe dijo que si bien no puede confirmar el número de detenidos en los centros, se puede extraer una conclusión razonable de la información disponible de que el número de personas en los centros, al menos entre 2017 y 2019, fue “muy significativo, comprendiendo una proporción sustancial” de los uigures y otras poblaciones minoritarias musulmanas.
Este sistema de detención, según el informe, también se produjo en “el contexto de una discriminación más amplia” contra miembros de uigures y otras minorías principalmente musulmanas en base a “amenazas de seguridad percibidas” que emanan de miembros individuales de estos grupos.
Los que han incluido restricciones indebidas a la identidad y expresión religiosa, y a los derechos a la privacidad y al movimiento. El informe también señaló “serias indicaciones” de violaciones de los derechos reproductivos a través de la “aplicación coercitiva y discriminatoria de las políticas de planificación familiar y control de la natalidad”.
También abordó las denuncias de trabajo forzoso en la región, afirmando que los esquemas de empleo con los supuestos propósitos de aliviar la pobreza y prevenir el extremismo, “pueden involucrar elementos de coerción y discriminación por motivos religiosos y étnicos”.
En su respuesta del miércoles, Beijing dijo que el informe “distorsiona” las leyes y políticas de China.
“Todos los grupos étnicos, incluidos los uigures, son miembros iguales de la nación china”, decía la respuesta de China. “Xinjiang ha tomado medidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo de conformidad con la ley, frenando de manera efectiva las frecuentes ocurrencias de actividades terroristas. En la actualidad, Xinjiang disfruta de estabilidad social, desarrollo económico, prosperidad cultural y armonía religiosa. Las personas de todos los grupos étnicos en Xinjiang viven una vida feliz en paz y satisfacción”.
Una declaración separada de la misión de China ante la ONU en Ginebra describió el informe como “una farsa planeada por Estados Unidos, los países occidentales y las fuerzas contra China”, y agregó que “la evaluación es una herramienta política” y “un documento politizado que ignora los hechos.”
Qué sigue
A lo largo de los últimos cuatro años, la comunidad internacional dentro de la ONU ha hecho poco sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos en Xinjiang.
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Los países en su principal organismo de derechos humanos no han aceptado ningún llamado formal para una investigación, mientras que los llamamientos de los expertos de la ONU para que China permita el monitoreo de los derechos han sido respondidos con feroces negaciones de irregularidades por parte de Beijing y ninguna invitación para acudir a revisar en el lugar.
Ese punto muerto dentro de la ONU ha aumentado la atención y la importancia del informe del Alto Comisionado para aquellos que han tratado de pedirle cuentas a China dentro del sistema internacional.
El informe no aclarará los desafíos políticos para avanzar en los llamados a una investigación formal de la ONU, ya que China tiene una influencia significativa entre los estados miembros de la ONU. Pero los activistas de derechos han dicho que debería ser una llamada de atención para la acción internacional.
Omer Kanat, director ejecutivo de Uyghur Human Rights Project, calificó el informe como un “cambio de juego para la respuesta internacional a la crisis de Uyghur”.
“A pesar de las enérgicas negativas del gobierno chino, la ONU ahora ha reconocido oficialmente que están ocurriendo crímenes horribles”, dijo en un comunicado firmado por un grupo de 60 organizaciones uigures de 20 países.
Richard Roth y Caitlin Hu de CNN en Nueva York, Jorge Engels en Londres y Nectar Gan en Hong Kong contribuyeron a este informe.
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