OPINIÓN | México: una democracia con tres anomalías

Nota del editor: Sabino Bastidas Colinas es abogado, analista y consultor político. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor. Puedes leer más artículos como este en cnne.com/opinión.

(CNN Español) — Ninguna democracia está exenta de regresiones autoritarias. Las democracias, como lo decía el sociólogo Juan Linz, se quiebran. La democracia mexicana –tan cerca de la posibilidad de alcanzar su consolidación– se enfrenta a un escenario de enorme vulnerabilidad. Pasa ciertamente por unas elecciones con grandes amenazas y riesgos, el próximo 6 de junio, pero que tienen como verdadero telón de fondo la sucesión presidencial, el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la deseable transición institucional de la izquierda en 2024. Un camino todavía muy largo que apenas comienza.

México va en unos días a las elecciones más grandes de su federalismo en condiciones muy difíciles. Después de más de 20 años de complicados ajustes graduales en los calendarios locales y en las legislaciones de los estados, el federalismo mexicano logró finalmente concentrar y sincronizar el mayor número de elecciones estatales y municipales, antes dispersas a lo largo de todo el sexenio, con las fechas de sus elecciones federales.

En México se decía que teníamos elecciones todo el tiempo. Y era verdad, con las complicaciones políticas que esto generaba. Así por primera vez, en la elección intermedia del sexenio, cuando se renueva la Cámara de Diputados (500 legisladores) se concentra también la renovación de 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.928 ayuntamientos y alcaldes de los 2.446 que tiene el país. Esto es el 78% de los gobiernos municipales.

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Este enorme esfuerzo logístico y político se da en medio de tres anomalías de naturaleza distinta y todas muy delicadas:

En primer lugar, la anomalía de la pandemia de covid-19. La epidemia ha sometido a la democracia mexicana a una tensión muy fuerte y ha afectado, sin duda, su funcionamiento normal. La epidemia no ha cesado, el promedio de vacunación es aún bajo en proporción a la población, y aunque al momento de escribir estas líneas, el índice de contagio y letalidad ha disminuido, el temor de un repunte es un factor permanente de miedo e inhibición. La epidemia ha generado severos cuestionamientos y en mi opinión, ha erosionado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por los resultados sanitarios y económicos en el manejo de la epidemia.

La epidemia ha polarizado y ha cambiado la forma de hacer política. Se alteró la organización de la jornada electoral, lo que elevó sus costos y se hizo más compleja por la cantidad de cuidados y medidas sanitarias que será necesario tomar; obviamente con la epidemia se ha limitado la convivencia y el intercambio normal y familiar de percepciones y puntos de vista; hay muy poca y mala información, las encuestadoras han confesado las dificultades que han tenido para aplicar sondeos serios en medio de una crisis sanitaria; y se modificó la forma de hacer campañas.

Hoy hacer política y campañas en medio de una epidemia se ha vuelto muy complicado. Los eventos son muy reducidos, y si no es así, se vuelven muy criticados; cualquier candidato a cargo de elección popular tiene que darse a conocer, paradójicamente, recorriendo la calle con la mitad de la cara cubierta por una mascarilla o tapabocas, dando el puño en lugar de la mano y a distancia de la gente a la que se quiere acercar, con todo lo que eso implica.

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No sabemos cuál será el impacto de la pandemia en la participación. En las elecciones intermedias, la participación ha sido históricamente baja en este siglo: en 2003 fue de 41,68%; en 2009, de 44,06%; y en 2015 fue de 47,07%.

La segunda anomalía es la constante de violencia, inseguridad y pérdida de control territorial que padece México frente a las mafias del crimen organizado. Las muertes por violencia en México constituyen en sí misma otra epidemia, como lo ha dicho el Dr. Juan Ramón De la Fuente. En el primer cuatrimestre del año 2021, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron 9.507 homicidios dolosos, esto es unos 79 homicidios diarios, en promedio.

En perspectiva, los homicidios registrados, comparando los primeros cuatro meses de cada año fueron: en 2018 hubo 10.579; en 2019, 11.307; y en 2020 llegó a 11.736.

En este proceso electoral se han presentado muy lamentables eventos, desde amenazas y atentados hasta homicidios, siendo el más reciente el de Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón por el Movimiento Ciudadano, ocurrido el 25 de mayo.

Según el despacho Etellekt, van 476 agresiones contra funcionarios y candidatos en el proceso electoral y 31 homicidios de políticos que aspiraban directamente a algún cargo.

El deterioro de las condiciones de seguridad pública, cierto, no es nuevo, pero el desgaste de tantos años ya constituye un agotamiento social y un tema de ingobernabilidad más que de seguridad pública.

La tercera anomalía, quizá la más preocupante, es la radicalización del presidente López Obrador, su poco cuidado con el proceso electoral, y una serie de inéditos ataques, desde la Presidencia de la República, contra la democracia, los partidos y las instituciones electorales.

El presidente luce agotado, errático y nervioso en las conferencias matutinas que sostiene de lunes a viernes. Se metió de lleno en la elección. Ha aumentado sus ataques a los opositores, como lo apuntábamos, sus cuestionamientos a los órganos autónomos en general, pero también a los empresarios, a los medios de comunicación, a los jueces federales y a algunos ministros de la Corte, a los intelectuales y a los gobernadores. El proceso contra el gobernador de Tamaulipas y sus fronteras de ilegalidad han polarizado el ambiente y aleja cualquier escenario de acuerdo político posterior a la elección.

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Todo este choque político ha esbozado la posibilidad de una reforma electoral y la posibilidad de utilizar plebiscitos populares de manera inconstitucional para emprender reformas importantes. El presidente apela a la justicia por encima de la ley, y lanzó la semana pasada, incluso, al secretario de Marina en contra del Poder Judicial con acusaciones muy serias al señalar que “el enemigo está en casa”.

La izquierda que se espera y se necesita en México es una izquierda constitucional, institucional y democrática. López Obrador ha presentado un comportamiento ambiguo en los primeros 2 años 6 meses que van de su gobierno. A veces luce reformista y moderado, por ejemplo, ante la firma del nuevo tratado de libre comercio (T-MEC), o en las políticas de austeridad y el manejo en general prudente de las finanzas publicas. Pero a veces luce radical y hasta revolucionario, por ejemplo, en sus iniciativas de reforma a las leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica y en sus ataques al Estado de derecho y a la democracia.

Las preguntas que se hacen inversionistas, empresarios, opositores e incluso colaboradores y aliados del presidente desde el inicio de la administración es: ¿Se radicalizará López Obrador? ¿Cuándo se radicalizará? ¿Qué tanto y cómo se manifestará esa radicalización? ¿Cuán leal será a la democracia? ¿Cuán antidemocrático será el cierre de su sexenio?

Con esas preguntas como contexto es que la oposición ha tratado de hacer de esta elección una especie de dilema entre el autoritarismo y la democracia.

Los candidatos alineados a López Obrador se postulan de una forma u otra por 6 de los 10 partidos con registro: Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Redes Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario. Y se presentaban como favoritos al inicio de la campaña.

Los partidos de oposición, por su parte, están muy debilitados y no hicieron su trabajo. Los partidos tradicionales de la transición tanto de derecha como de izquierda: Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, articularon un frente anti-AMLO en una coalición liderada por empresarios rivales de López Obrador, y tratan de apelar al voto útil en torno a ese dilema.

Solo un partido va solo o no alineado, Movimiento Ciudadano, que está tratando de convertirse en la tercera vía, y que puede tener algunos éxitos locales importantes, pero que se estima en las encuestas tendrá una bancada muy pequeña en la Cámara de Diputados.

Después del aplastante triunfo de 2018, con más de 30 millones de votos a su favor, se esperaba que en 2021 la elección, aunque un poco disminuida, fuera un triunfo cómodo para López Obrador. Sin embargo, la elección recuperó cierta incertidumbre y es posible que los números no sean tan buenos para el presidente, aunque todos coincidimos en que la coalición gobernante puede conservar la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

Las condiciones de la elección dieron un giro importante, cuando el partido del presidente modificó y prorrogó –mediante una ley secundaria– el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, violando abiertamente el articulo 97 de la Constitución.

El riesgo real de que la Corte se deje capturar por el presidente alarmó a muchos tomadores de decisiones e intensificó el activismo de la oposición. La razón es muy sencilla: que buena parte de las reformas de López Obrador se encuentran impugnadas y congeladas en el Poder Judicial, a la espera de los cambios que hagan posible su aprobación en el pleno.

Eso, sumado a la polémica postulación de algunos candidatos de Morena cuestionados por diversos escándalos y la lamentable caída de un puente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México –que involucra en una polémica de responsabilidad a Marcelo Ebrard y a Claudia Scheinbaum, dos de los principales operadores y colaboradores del presidente–, más la erosión política y económica de la pandemia, rompieron la idea de la aplanadora de Morena y debilita la idea de la construcción de un partido hegemónico en esta elección.

La popularidad del presidente conserva números altos y el clima politico se ha crispado. Seguramente será un proceso con altos niveles de impugnación judicial en el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. Habrá varios estados en los que, si Morena pierde, perderá por poco. Falta ver cómo reacciona el presidente ante los resultados al día siguiente de la elección. Ver si desde el Gobierno se llama a la calma, a respetar los resultados y a la construcción de acuerdos y la gobernabilidad, o si emprenden o apoyan procesos de activismo, desobediencia civil o movilización.

Preocupa que el presidente busque erosionar a las instituciones electorales, para emprender una reforma a la democracia que empiece a construir un escenario de regresión autoritaria. Preocupa que no haya interlocutores políticos sólidos y legítimos. Preocupa que se utilice el poder del presidente para desconocer la pluralidad e imponer una sola forma de pensar. Preocupa, en síntesis, la deriva autoritaria que pueda tener el sexenio, la izquierda en el poder y el propio presidente Lopez Obrador.

El 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones intermedias en este contexto. Está en juego la democracia. La normalidad democrática se somete a la anormalidad de un escenario de quiebre muy fuerte y delicado. Es una dura prueba para la democracia mexicana. Al borde de la consolidación, la pregunta es: ¿resistirá la democracia mexicana esta dura prueba?