Cinco cosas que no sabías que estaban en el proyecto de ley de infraestructura
Mariana Toro
(CNN) — El enorme paquete de infraestructura de US$ 1,2 billones del Senado marcó un gran logro bipartidista después de meses de negociaciones.
La legislación, que aún debe ser aprobada por la Cámara, proporcionaría US$ 550.000 millones en nuevos gastos federales durante cinco años.
Las nuevas inversiones irían mucho más allá de los proyectos de infraestructura tradicionales para carreteras, puentes y ferrocarriles. También hay dinero para mejorar el acceso de los estadounidenses a la banda ancha, para los autobuses escolares eléctricos y para comenzar a abordar la discriminación racial en la infraestructura. El proyecto de ley también cambiaría los requisitos de declaración de impuestos para las criptomonedas y retrasaría una controvertida regla de reembolso de medicamentos, —ambos incluidos como formas para ayudar a pagar las inversiones.
El Senado de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$ 1,2 billones
Aún así, el proyecto de ley omite una serie de otras inversiones en infraestructura no tradicionales que había pedido el presidente Joe Biden. Su propuesta original de US$ 2,25 billones, conocida como Plan de Empleo Estadounidense (American Jobs Plan, en inglés), incluía dinero para el cuidado de los estadounidenses de edad avanzada y para la capacitación de la fuerza laboral, disposiciones que los republicanos argumentaban que no pertenecían a un proyecto de ley de infraestructura.
El proyecto de ley bipartidista tampoco incluye el aumento de impuestos para corporativos, como Biden propuso con el fin de pagar los gastos. En cambio, los legisladores encontraron otras formas de ayudar a cubrir el costo, como imponer nuevas tarifas de Superfund —oficialmente conocida como la Ley de responsabilidad, compensación y respuesta ambiental integral de 1980— y reutilizar algunos fondos de ayuda para el covid-19, los cuales ya fueron aprobados por el Congreso durante la pandemia.
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Pero una estimación de la agencia no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) encontró que esas disposiciones no pagarían por completo el proyecto de ley y la legislación agregaría US$ 256.000 millones al déficit del presupuesto federal durante 10 años. A pesar de ese análisis, los autores del proyecto de ley dicen que el nuevo gasto se compensaría con una combinación de ahorros y nuevos ingresos por un total de US$ 519.000 millones, solo algunos de los cuales se reflejan en el puntaje CBO, ya que la agencia está limitada en lo que puede incluir en su reporte formal.
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A continuación cinco cosas que fueron integradas en el proyecto de ley que podrían sorprenderte:
1. Actualización de banda ancha
El proyecto de ley proporcionaría una inversión de US$ 65.000 millones para mejorar la infraestructura de banda ancha de la nación, asegurando que todos los estadounidenses tengan acceso a Internet de alta velocidad.
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La legislación tiene como objetivo ayudar a reducir el precio que pagan los hogares por el servicio de Internet al exigir a los receptores de fondos federales que ofrezcan planes asequibles de bajo costo, creando transparencia en los precios e impulsando la competencia en áreas donde los proveedores existentes no brindan un servicio adecuado. También se crearía un programa federal permanente para ayudar a más hogares de bajos ingresos a acceder a Internet, según la Casa Blanca.
2. Autobuses escolares eléctricos.
El proyecto de ley hace una gran inversión en vehículos eléctricos y en la infraestructura necesaria para usarlos.
Ayudaría a los distritos escolares de todo el país a comprar autobuses limpios, fabricados en Estados Unidos y de cero emisiones, con el objetivo de reemplazar la flota de autobuses escolares amarillos al proporcionar US$ 5.000 millones para la compra de autobuses limpios y de cero emisiones y US$ 2.500 millones para transbordadores.
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El proyecto de ley invertiría US$ 7.500 millones para construir una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos enchufables a lo largo de las carreteras para permitir la realización de viajes de larga distancia, así como dentro de las comunidades donde la gente vive, trabaja y compra.
3. Abordar la discriminación racial en la infraestructura
La legislación contiene US$1.000 millones para reconectar comunidades y vecindarios desproporcionadamente negros, que estaban divididos por carreteras y otras obras de infraestructura, según la Casa Blanca. Financiaría la planificación, diseño, demolición y reconstrucción de redes de calles, parques u otra clase de infraestructura.
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Muchas casas, negocios y vecindarios negros en todo el país fueron demolidos en las décadas de 1950 y 1960 para despejar el espacio para la construcción de las carreteras interestatales, desplazando a muchos residentes y empresarios, y aislando a otros del resto de la comunidad.
El plan original de Biden pedía una inversión de US$ 20.000 millones para corregir las desigualdades históricas y garantizar que los nuevos proyectos avancen en las oportunidades, la equidad racial y la justicia ambiental.
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4. Nueva regulación fiscal sobre las criptomonedas
Una disposición escondida al final del proyecto de ley del Senado impondría nuevos requisitos de declaración de impuestos sobre las transacciones de criptomonedas —una medida que, según las estimaciones del Congreso, podría recaudar US$ 28.000 millones en nuevos ingresos para ayudar a pagar el paquete de infraestructura. La legislación podría tener amplias ramificaciones para los inversores e innovadores en criptomonedas.
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La disposición parece estar dirigida al intercambio de criptomonedas que ayudan a los inversores a comercializar bitcoins y otras monedas virtuales. Pero los opositores argumentan que la medida está redactada de manera tan amplia que también podría afectar involuntariamente a otros en el ecosistema de la criptomoneda, desde desarrolladores de software hasta mineros de bitcoins, que no se consideran intermediarios financieros en ningún sentido práctico. Los defensores de la industria han dicho que los “no intermediarios” no podrían proporcionar la información fiscal que sería requerida por la ley y, como resultado, podrían trasladarse al extranjero, con efectos negativos en la innovación y el liderazgo tecnológico de EE.UU.
En un último esfuerzo, un grupo de senadores intentó sin éxito enmendar el proyecto de ley de infraestructura para dejar en claro que solo los intercambios de criptomonedas estarían cubiertos por las nuevas reglas de declaración de impuestos, y los defensores de las criptomonedas se han comprometido a presionar a los legisladores de la Cámara para que adopten un lenguaje más estrecho.
5. Retraso de una regla de reembolso de medicamentos
Para ayudar a pagar el gasto en infraestructura, la legislación retrasaría la implementación de una controvertida regla de la administración Trump que cambiaría radicalmente el precio y el pago de los medicamentos en Medicare y Medicaid. Se espera que ahorre US$ 51.000 millones.
La regla, que la administración Trump dio a conocer en noviembre pasado, prohibiría efectivamente que los fabricantes de medicamentos otorguen reembolsos a los administradores de beneficios farmacéuticos y aseguradoras. En cambio, se alentaría a las compañías farmacéuticas a que otorguen los descuentos directamente a los pacientes en el mostrador de la farmacia.
La administración Trump se había retractado de emitir esta regla en 2019 después de que se descubrió que aumentaba los costos para las personas mayores y el gobierno federal. La regla propuesta, que se esperaba que aumentara las primas de Medicare, también habría aumentado el gasto de Medicare en US$ 170.000 millones en 10 años, según la CBO.
La Asociación de Administración de Atención Farmacéutica (PCMA, por sus siglas en inglés), que representa a los administradores de beneficios farmacéuticos, demandó a la administración Trump para detener la implementación de la regla.
La administración Biden acordó en febrero retrasar la implementación hasta 2023, en lugar de 2022.
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Esto también está en la propuesta de ley:
Financiamiento para carreteras y puentes
El acuerdo busca invertir US$ 110.000 millones para carreteras, puentes y grandes proyectos de infraestructura, aproximadamente la misma cantidad acordada en el proyecto de ley bipartidista en junio, pero significativamente menos que los US$ 159.000 millones que Biden solicitó inicialmente en el Plan de Empleo Estadounidense.
Se incluyen US$ 40.000 millones para reparación, reemplazo y rehabilitación de puentes, que, según la Casa Blanca, sería la mayor inversión dedicada a un puente desde la construcción del sistema de carreteras interestatales, que comenzó en la década de 1950.
El acuerdo también contiene US$ 16.000 millones para proyectos importantes que serían demasiado grandes o complejos para los programas de financiamiento tradicionales.
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Un 20%, o 280.000 kms, de las autopistas y carreteras principales del país están en malas condiciones, al igual que 45.000 puentes, según la Casa Blanca.
Las inversiones se centrarían en la mitigación del cambio climático, la resiliencia, la equidad y la seguridad para todos los usuarios, incluidos ciclistas y peatones.
También se incluyen en el paquete US$ 11.000 millones para la seguridad del transporte, incluido un programa para ayudar a los estados y localidades a reducir los choques y las muertes, especialmente de ciclistas y peatones. Dirigiría los fondos a iniciativas de seguridad en carreteras, grúas y ductos y materiales peligrosos.
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Dinero para tránsito y ferrocarriles
El paquete proporcionaría US$ 39.000 millones para modernizar el transporte público y mejorar la accesibilidad para ancianos y discapacitados, menos de los US$ 49.000 millones contenidos en el acuerdo bipartidista anterior y los US$ 85.000 millones que Biden inicialmente quería invertir en la modernización de los sistemas de tránsito y ayudarlos a expandirse para satisfacer la demanda de pasajeros.
Los fondos repararían y mejorarían la infraestructura existente, harían que las estaciones fueran accesibles para todos los usuarios, llevarían el servicio de tránsito a nuevas comunidades y modernizarían las flotas de trenes y autobuses, incluido el reemplazo de miles de vehículos con modelos de cero emisiones, según la Casa Blanca.
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El acuerdo también invertiría US$ 66.000 millones en ferrocarriles para eliminar la acumulación de mantenimiento de Amtrak, modernizar la línea del Corredor Noreste y llevar el servicio ferroviario a áreas fuera de las regiones del noreste y del Atlántico medio. El paquete incluye US$ 12.000 millones en subvenciones de asociación para el servicio ferroviario interurbano, incluido el tren de alta velocidad.
El financiamiento es el mismo que en el marco bipartidista, pero menos de los US$ 80.000 millones que Biden originalmente quería enviar a Amtrak, en el que confió durante décadas para regresar a Delaware desde Washington.
Sería la mayor inversión federal en transporte público en la historia y en trenes de pasajeros desde la creación de Amtrak hace 50 años, según la Casa Blanca.
Mejora de aeropuertos, puertos y vías navegables
La legislación invertiría US$ 17.000 millones en infraestructura portuaria y US$ 25.000 millones en aeropuertos para abordar los retrasos en reparaciones y mantenimiento, reducir la congestión y las emisiones cerca de puertos y aeropuertos y promover la electrificación y otras tecnologías bajas en carbono, según la Casa Blanca.
Es similar al financiamiento del acuerdo bipartidista y la propuesta original de Biden.
Mejora de los sistemas de energía y agua
El proyecto de ley invertiría US$ 73.000 millones en la estructura de energía de la nación, para construir miles de kilómetros de nuevas líneas eléctricas y expandir la energía renovable.
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Proporcionaría US$ 55.000 millones para mejorar la infraestructura de agua, reemplazando las líneas y tuberías de servicio de plomo para que las comunidades tengan acceso a agua potable limpia.
Otros US$ 50.000 millones se destinarían a hacer que el sistema sea más resistente, protegiéndolo de sequías, inundaciones y ataques cibernéticos.
Remediación ambiental
El proyecto de ley proporcionaría US$ 21.000 millones para limpiar los sitios Superfund y brownfield, recuperar tierras mineras abandonadas y tapar pozos de gas huérfanos.
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Cómo lo pagará el Congreso
La CBO y los negociadores del proyecto de ley tienen diferentes puntos de vista sobre las medidas de financiación en la legislación. La agencia cree que no está totalmente pagada y, por tanto, aumentaría el déficit, y algunos expertos coinciden.
Sin embargo, según un comunicado distribuido el jueves pasado por los senadores Kyrsten Sinema, un demócrata de Arizona, y Rob Portman, un republicano de Ohio, quien encabezó las negociaciones bipartidistas, el paquete incluye US$ 519.000 millones en compensaciones.
Incluyen:
US$ 53.000 millones que provienen de aproximadamente dos docenas de estados que optaron por terminar temprano los beneficios por desempleo pandémicos para empujar a los desempleados a regresar al trabajo y de un número menor de personas que cobran compensación por desempleo porque la economía mejoró más rápido de lo inicialmente previsto. US$ 67.000 millones en ahorros no utilizados del crédito fiscal de retención del empleador por covid-19 que la CBO proyectó se utilizarían pero no se utilizaron. US$ 106.000 millones en ahorros no utilizados de los créditos fiscales por licencia familiar y pagada por covid-19 que se proyectaba que se utilizarían, pero que no se utilizaron. US$ 51.000 millones por retrasar la implementación de la controvertida regla de reembolso para los medicamentos recetados de la Parte D de Medicare. US$ 21.000 millones de la reutilización de fondos no utilizados de las facturas de alivio del coronavirus 2020 para programas que ayudan a pequeñas empresas, trabajadores de aerolíneas y escuelas. US$ 10.200 millones de las ventas de futuras subastas de espectro de la Comisión Federal de Comunicaciones y US$ 67.000 millones de los ingresos de la subasta de febrero de la agencia para el espectro de banda media que admite servicios inalámbricos. US$ 53.000 millones en crecimiento económico como resultado de un 33% de retorno de la inversión en los proyectos a largo plazo. US$ 28.000 millones por cambiar los requisitos de declaración de impuestos para las criptomonedas. US$ 21.000 millones provenientes de tarifas extendidas que Fannie Mae y Freddie Mac evalúan sobre préstamos incluidos en valores respaldados por hipotecas. US$ 14.500 millones por restablecer ciertas tarifas del Superfund sobre productos químicos para ayudar a financiar la limpieza de sitios de desechos altamente contaminados. Más casi US$ 27.000 millones en otras medidas.
Qué falta
El acuerdo deja de lado la propuesta de Biden de gastar US$ 400.000 millones para reforzar el cuidado de los estadounidenses que envejecen y las personas con discapacidades, la segunda medida más grande en el Plan de Empleo Estadounidense.
Su propuesta habría ampliado el acceso a los servicios de atención a largo plazo de Medicaid, eliminando la lista de espera para cientos de miles de personas. Habría brindado más oportunidades para que las personas recibieran atención en el hogar a través de servicios comunitarios o de miembros de la familia.
También habría mejorado los salarios de los trabajadores de la salud en el hogar, que ahora ganan aproximadamente US$ 12 la hora, y habría puesto en marcha una infraestructura para brindarles a los cuidadores la oportunidad de afiliarse a un sindicato.
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También se dejaron a un lado: US$ 100.000 millones para el desarrollo de la fuerza laboral. Esto habría ayudado a trabajadores desplazados, asistido a grupos desatendidos y puesto a los estudiantes en trayectorias profesionales antes de graduarse de la escuela secundaria.
El acuerdo también deja fuera los US$ 18.000 millones que Biden propuso para modernizar los hospitales de Asuntos de Veteranos, que son en promedio 47 años más viejos que los hospitales del sector privado.
Lo que también está fuera es una serie de aumentos de impuestos corporativos que Biden quería usar para pagar el Plan de Empleos Estadounidense, pero los republicanos se opusieron firmemente.
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La propuesta original de Biden pedía aumentar la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas al 28%, frente a la tasa del 21% establecida por la ley de recortes de impuestos de 2017 de los republicanos, así como aumentar el impuesto mínimo sobre las corporaciones estadounidenses al 21% y calcularlo país por país para disuadir a las empresas de proteger sus ganancias en paraísos fiscales internacionales.
También habría aplicado un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos que las corporaciones más grandes reportan a los inversores, conocidos como ingresos contables, en contraposición a los ingresos reportados al Servicio de Impuestos Internos, y habría dificultado que las empresas estadounidenses adquieran o se fusionen con empresas extranjeras para evitar pagar impuestos estadounidenses alegando ser empresas extranjeras.
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