Rosita ama construir casas. EE.UU. necesita esta mano de obra, pero la política migratoria afecta su trabajo
Por Susana Erazo, CNN en Español
¿Te gusta tu trabajo? A Rosita sí. Quizás porque creció viendo a su padre trabajar en la construcción y acompañó su carrera,
“Desde niña me ha gustado la construcción y ahora que estoy trabajando aquí me siento orgullosa de pertenecer a este ámbito laboral”, dice.
Rosita Rodríguez, una inmigrante procedente de Nicaragua, llegó a Estados Unidos a los 17 años y solicitó asilo político con el sueño de tener una vida mejor, la misma que hoy se sostiene gracias a su trabajo en la construcción.
La ofensiva migratoria del presidente Donald Trump ha tenido un impacto notorio en la construcción, ya que una parte importante de esta población sostiene la industria.
Este panorama resulta contradictorio: apenas unas semanas atrás, los legisladores aprobaron un proyecto bipartidista que busca abordar el problema de la asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos.
A pesar de una serie de intentos de Trump por retrasar la legislación, la Ley de Vivienda del Siglo XXI se aprobó en julio, en un momento de elevadas tasas hipotecarias y precios de los inmuebles cercanos a niveles récord, cuando miles estadounidenses ven lejana la posibilidad de comprar una casa o tienen dificultades para pagar el alquiler mensual.
La normativa llega para reconocer la frustración que sienten las personas por el alto costo de la vivienda. Pero ahora surge otra pregunta: ¿quién construirá esas casas?
La pregunta cobra relevancia en un país donde, según Jaime Rangel, director regional de relaciones gubernamentales de FWD, uno de cada cuatro trabajadores del sector de la construcción es inmigrante. Además, más de 700.000 de estos trabajadores están amparados por figuras legales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Algunos podrían sentir temor de ser arrestados por agentes federales o, peor aún, de morir mientras se dirigen al trabajo.
“A los inmigrantes como nosotros nos da miedo estar o trabajar en un lugar muy poblado por las redadas de inmigración”, cuenta Rodríguez.
La Ley de Vivienda del Siglo XXI busca principalmente aumentar la oferta. Sin embargo, en más de la mitad del país, la industria de la construcción depende en gran medida de los inmigrantes.
En septiembre de 2025, George Carrillo, cofundador de Hispanic Construction Council (NHC), dio a conocer que 4,3 millones de latinos trabajan en la construcción y representan el 52% de la fuerza laboral. Pero la creación de empleos en el sector ha disminuido.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el empleo en la construcción creció menos del 2% entre mayo de 2024 y mayo de 2026. Paradójicamente, no sería un buen punto de partida si el objetivo es construir más viviendas asequibles.
“En este panorama, los datos confirman que el precio de un hogar en EE.UU. va a aumentar más de 6%. ¿Por qué? Porque no habrá la mano de obra inmigrante (que cubra estos espacios laborales) y ayude a equilibrar el precio”, dice Rangel.
El experto agrega que algunas obras estarían tardando meses, cuando se estima que podrían completarse en semanas. Además, recalca que no es un conflicto “solo de la construcción”: la fuerza laboral inmigrante también participa en la fabricación de productos para el hogar, cuyos precios podrían aumentar.
En el panorama político y social actual de Estados Unidos, una reforma migratoria resulta urgente, según Rangel. El experto sostiene que la fuerza laboral inmigrante es esencial para la economía y para el sector de la construcción.
También advierte que, si el camino legislativo continúa impulsando leyes de vivienda sin incluir el factor migratorio, cada ciudadano en Estados Unidos podría terminar pagando más de US$ 2.000 adicionales al año por los costos asociados a su vivienda, además de enfrentar un aumento en el precio de los inmuebles.
“El Congreso no tiene que inventar la rueda otra vez. Ya hay propuestas de leyes de este tipo, por ejemplo, la Ley Sueño y Promesa, que le daría la oportunidad a miles de inmigrantes que sean soñadores o beneficiados de DACA de acceder a un estatus legal permanente”, dice Rangel.
“Cuando estaba en Minnesota y se puso muy feo (la ofensiva de ICE), muchos proyectos se pararon porque a la gente de verdad le daba miedo salir a la calle. No salían ni a comprar comida ni absolutamente nada. Era difícil ir a trabajar incluso en restaurantes, construcción o empresas porque el miedo de que se lo lleven a uno es inmenso”, cuenta Rodríguez.
Como mujer inmigrante que trabaja en la construcción, Rodríguez dice que ha enfrentado numerosos desafíos: aprender el idioma, adaptarse a un nuevo país, ganarse el respeto de sus compañeros y sobrellevar las situaciones que le impone el contexto migratorio.
“Muchas veces llego muy cansada a mi casa y lo único que quiero es descansar, pero cada desafío me ha ayudado a crecer y a desarrollar una buena actitud para resolver problemas”, agrega Rodríguez.
Para Rodríguez, la paradoja de construir viviendas estadounidenses mientras teme lo que podría sucederle por ser inmigrante pasa a un segundo plano ante sus necesidades cotidianas.
“Una aprende a vivir con eso porque nadie aquí te va a pagar la renta o tus compras. La realidad es que uno está aquí por un futuro mejor, entonces ni modo, hay que trabajar y hay que hacerlo, aunque sea con miedo”, afirma Rodríguez.
Con información de Samantha Delouya
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