Las claves de la demanda y la investigación de la presunta violación en grupo en la Universidad de Cornell
Por Danya Gainor, CNN
Una exalumna de la Universidad de Cornell presentó una demanda este mes alegando que fue drogada y violada en grupo dentro de una casa de fraternidad en 2024, y el nuevo escrutinio ha llevado a los fiscales a reabrir la investigación.
La demanda, de 101 páginas, detalla inquietantes acusaciones sobre lo que la mujer, identificada como Jane Doe, dice que ocurrió dentro de la casa de la fraternidad Chi Phi la noche del 19 de octubre de 2024, y cómo la universidad y los fiscales locales de Ithaca, Nueva York, manejaron el caso.
Doe acusó a siete miembros de la fraternidad de participar en la agresión mientras ella no podía dar su consentimiento.
La Fiscalía del Condado de Tompkins anunció el lunes que reabrió el caso para solicitar una revisión por parte de un jurado investigador, luego de que la comunidad le pidiera que reconsiderara la decisión de presentar cargos penales contra los siete miembros de la fraternidad.
El fiscal de distrito del condado, Matthew Van Houten, declaró que inicialmente no se presentaron cargos penales porque Doe no había proporcionado a la Policía en 2024 las mismas acusaciones clave que se describen en la nueva demanda.
El abogado de Doe dice que la información fue entregada de inmediato a las autoridades de Cornell y que el informe “no era sustancialmente diferente de lo que figura en la denuncia (de 2026)”.
La disputa legal ha reavivado la preocupación sobre cómo responden las universidades a las denuncias de agresión sexual en el campus.
Esto es lo que sabemos:
La demanda nombra a más de una decena de acusados, entre ellos los siete miembros de la fraternidad de la promoción de 2024, la Universidad de Cornell y la fraternidad Chi Phi.
Las acusaciones incluyen negligencia, incumplimiento de contrato, agresión sexual y violaciones de la Ley de Derechos Humanos de Nueva York.
CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell, la fraternidad Chi Phi y otros mencionados en la demanda.
La denuncia indica que Doe tenía 20 años y había estado bebiendo en la casa de su hermandad y en un bar antes de llegar a la casa de Chi Phi para visitar a un amigo, que era miembro de la fraternidad, la noche del 19 de octubre de 2024.
Según la demanda, Doe ya había consumido unas 10 bebidas estándar en las últimas 3 horas cuando llegó a la casa de la fraternidad.
La denuncia alega que su amigo y otro miembro de la fraternidad le dieron más alcohol y la presionaron para que inhalara una sustancia que describieron como ketamina, y que posteriormente fue agredida sexualmente mientras era “incapaz de dar su consentimiento”.
Aproximadamente a la 1:42 a.m., uno de los hombres supuestamente envió un mensaje al chat grupal de Snapchat de la fraternidad, titulado “Chi Phi Actives”, diciendo que había “c**o gratis” arriba.
Según la demanda, al hacer esto, uno de los acusados ”animó a otros miembros del Capítulo XI a participar en la violación en grupo de la demandante”.
En la denuncia se incluye una foto de una parte de la conversación. Varios miembros de la fraternidad entraron entonces en la habitación, donde, según la denuncia, presionaron a Doe para que tomara más ketamina y la sometieron a una agresión que duró varias horas y que se prolongó hasta aproximadamente las 5:45 a.m.
El abogado de uno de los miembros de la fraternidad acusados negó que su cliente hubiera cometido delito alguno.
“Incluso la Fiscalía, encabezada por un fiscal jefe con el deber de buscar justicia y defender el estado de derecho sin prejuicios ni favoritismos, no presentó cargos contra él porque lo que ella alegó no sucedió”, declaró el abogado Jeremy Saland a CNN. Añadió que su cliente “nunca agredió sexualmente ni tocó a la demandante de ninguna manera”.
CNN está trabajando para determinar si los demás miembros de la fraternidad tienen representación.
El fiscal de distrito dijo que la denuncia inicial que Jane Doe presentó ante la Policía universitaria difiere significativamente de las acusaciones de la demanda.
Nada en la declaración original de Doe indicaba que hubiera sido drogada sin su consentimiento o que hubiera tenido relaciones sexuales en contra de su voluntad, dijo Van Houten. Según la declaración de la denunciante, “cada vez que Jane Doe pedía que se detuviera la conducta sexual, esta cesaba”.
La oficina de Van Houten no ha publicado el informe policial completo. CNN ha solicitado al abogado de Doe una respuesta a la declaración de Van Houten y una copia de su declaración policial completa de 2024.
Durante una tensa entrevista el lunes, Jake Tapper de CNN presionó a Van Houten para que explicara por qué no hubo una investigación más exhaustiva por parte de las fuerzas del orden o la fiscalía después de que se presentara el informe inicial en 2024.
“No podemos cambiar lo que sucedió en el pasado, por mucho que la comunidad esté indignada”, declaró Van Houten. “Mi trabajo, según la constitución del estado de Nueva York, es aplicar la ley penal del estado de Nueva York. Estamos sujetos a esa ley. Ya sea que uno esté de acuerdo con ella, o que considere que la conducta de alguien es moralmente repugnante, vulgar o asquerosa, sigo estando sujeto a la ley”.
Van Houten reconoció que las capturas de pantalla de los mensajes de texto intercambiados entre los hombres “eran completamente vulgares y repugnantes, pero no tenían nada que ver con su consentimiento”.
Tapper preguntó cuándo Van Houten obtuvo copias de los mensajes de texto, incluidos en la denuncia, que los miembros de la fraternidad se enviaban entre sí.
Van Houten dijo que su equipo no vio las pruebas de los mensajes de texto en un principio.
“No formaban parte de nuestro análisis inicial, pero entiendo que Cornell los tenía y que nos los enviaron”, indicó.
Anteriormente, el abogado de Doe, Thomas P. Giuffra, declaró que, en su opinión, la investigación inicial fue insuficiente.
“Me resulta difícil comprender cómo se pudo haber llevado a cabo una investigación criminal exhaustiva cuando ella nunca habló con nadie más que con el agente que recibió su denuncia inicial”, opinó Giuffra.
“Aparte de su contacto inicial con la Policía de Cornell, no fue contactada por los investigadores de la Fiscalía del Condado de Tompkins ni por ningún investigador capacitado para entrevistar a sobrevivientes de violación”, agregó Giuffra.
“Si la fiscalía está considerando ahora iniciar un proceso judicial, creo que es un paso en la dirección correcta, aunque tardío”, expresó.
El Departamento de Policía de Ithaca declaró el lunes que le preocupaba enterarse de las acusaciones de 2024. El departamento señaló que se enteró del presunto incidente recientemente a través de los medios de comunicación y que este no había sido denunciado ante la agencia.
Según la denuncia, Doe informó del incidente al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre de 2024.
El abogado de Doe indicó que Cornell expulsó a dos de los siete estudiantes acusados, mientras que los demás recibieron castigos menores, como suspensiones, talleres o trabajos escritos.
Cornell refutó esa afirmación el lunes, indicando que existían diversas sanciones para los estudiantes acusados, incluyendo suspensiones y expulsiones. Sin embargo, “a ninguno de los acusados se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación”, declaró la universidad.
En un comunicado del 21 de septiembre, Cornell se negó a confirmar las sanciones disciplinarias individuales, amparándose en la ley federal de privacidad estudiantil.
La universidad indicó que las infracciones a las normas universitarias “podrían acarrear sanciones que incluyen la suspensión o la expulsión”, y añadió: “Responderemos con detalle a través del proceso legal”.
Según informó la escuela, las sanciones se impusieron después de que la institución llevara a cabo una investigación formal en virtud del Título IX, al margen del proceso penal, y de que un panel de profesores y personal capacitado escuchara las pruebas durante varios días.
La escuela también informó que había clausurado la sección de la fraternidad Chi Phi y que esta sigue teniendo prohibida la entrada al campus.
La demanda acusa a Cornell de no haber aplicado las medidas disciplinarias adecuadas tras la agresión, “mientras les impedía hablar con las autoridades y silenciaba a las víctimas”.
La demanda afirma que la conducta de Cornell fue tan indignante, escandalosa, despreciable y vilipendiada que excede los límites razonables de la decencia, según lo que un miembro promedio de la comunidad toleraría, y demuestra una total indiferencia por las consecuencias que se derivarían de ella.
La demanda solicita un juicio con jurado para determinar la indemnización económica.
Cornell declaró el lunes en un comunicado que “apoya la decisión del fiscal de distrito del condado de Tompkins de brindar la oportunidad a la víctima de contar su historia ante un jurado investigador penal”.
“Cualquier insinuación de que la Universidad no impuso sanciones consecuentes a los implicados es falsa”, rezaba el comunicado. “Mantener la falsa narrativa de que las consecuencias fueron mínimas en este caso es irresponsable, hará que las víctimas se sientan menos seguras y apoyadas, y perpetuará la falta de denuncias de agresión sexual”.
Hay ayuda disponible: Para obtener ayuda en EE.UU., llame a la Línea Nacional de Asistencia para Víctimas de Agresión Sexual al 1-800-656-4673 o en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en online.rainn.org.
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Con información de Hanna Park, Gloria Pazmino, Jeff Winter, Cindy Von Quednow y Holly Yan, de CNN.
