Los planes legales de los adversarios de Donald Trump y el Proyecto 2025 para luchar contra su programa para el segundo mandato
Melissa Velásquez Loaiza
(CNN) — Si Donald Trump es elegido, asumirá el cargo el próximo año habiendo aprendido las lecciones de cuatro años de batallas legales en su primer mandato, durante el cual el personal inexperto, la elaboración de políticas chapuceras y su propia indiferencia sobre cómo funcionaba el Gobierno federal hicieron que su agenda fuera especialmente vulnerable a los desafíos legales.
El candidato republicano para 2024 ya tiene una idea clara de cómo iniciaría un segundo mandato, con planes para promulgar inmediatamente políticas de inmigración de línea dura y desmantelar las protecciones de la función pública para miles de empleados federales.
Sus aliados, incluidas las influyentes organizaciones conservadoras que han participado en la iniciativa conocida como Proyecto 2025, han elaborado documentos políticos y han examinado al personal potencial alineado con Trump que podría ser contratado rápidamente en el Gobierno federal, de modo que su visión pudiera aplicarse rápida y eficazmente. (El propio Trump ha intentado distanciarse del Proyecto 2025, pero muchas de sus políticas y objetivos coinciden).
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“Honestamente, la administración Trump fue a menudo descuidada en la forma en que desplegó estas órdenes ejecutivas, incluida la primera prohibición de viaje contra personas musulmanas”, dijo el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, a CNN, refiriéndose a la prohibición de Trump a los migrantes de varios países de mayoría musulmana que fue el blanco de una de las casi 100 demandas presentadas por el llamado estado Evergreen contra la administración Trump.
Ferguson dijo que su oficina estaba “construyendo el avión mientras lo volábamos” en ese momento. Ahora, el demócrata de Washington —que se postula para gobernador— ha pasado el último año reuniendo un libro de jugadas legales para que su sucesor esté listo para arrancar a toda marcha en caso de que Trump gane de nuevo.
Este tipo de preparativos —investigación de jurisprudencia, redacción de memorandos, cambios de personal— se están llevando a cabo en todo el país por grupos de defensa liberales, estados azules y otras organizaciones que lucharon contra Trump en los tribunales. Están pensando en los tipos de demandantes que reclutarían, en qué parte del país presentarían sus demandas, cómo darían forma a sus argumentos legales para ajustarse a cómo ha cambiado el panorama judicial en los últimos años y aumentar el personal litigante.
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“Tenemos motivos para creer que esta vez, de la misma manera que nosotros aprendimos lecciones, los funcionarios y estrategas que formarán parte de la segunda administración Trump también tienen un libro de jugadas más sofisticado”, dijo Deepa Alagesan, que dirige el equipo de litigios del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, un grupo de defensa de los refugiados.
Cuando Trump asumió el cargo, su organización no contaba con abogados internos. Pero su experiencia litigando la prohibición de viajar ayudó a convencer al grupo de refugiados de que necesitaba crear su propio equipo, que ahora ha crecido a unos 10 abogados. Varias otras organizaciones de defensa dijeron a CNN que el número de abogados que emplean o con los que trabajan ha crecido exponencialmente desde el comienzo de la primera presidencia de Trump.
“La dotación de personal es una gran parte de estar preparado”, dijo Elizabeth Taylor, directora ejecutiva del Programa Nacional de Ley de Salud, que se opone a los retrocesos a los programas de salud pública que a menudo son blanco de los republicanos. “Harán falta equipos preparados para desafiar las cosas que se nos van a venir encima rápidamente”.
Parte de la preparación ha consistido en revisar qué funcionó y qué no en las peleas judiciales de la primera administración Trump. Una lección fue cómo las demandas pueden ayudar a aumentar la presión pública sobre la administración al llamar la atención sobre una política controvertida, que se vio con los desafíos legales a la práctica de inmigración de Trump conocida como “separación familiar”.
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Otra lección, según el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, fue que cada día que una política de Trump fue bloqueada o retrasada por orden judicial, fue una victoria, incluso si un tribunal superior finalmente la restableció. El litigio en torno a la prohibición de viajar de Trump, por ejemplo, obligó a su Casa Blanca a reescribir la prohibición tres veces antes de que finalmente fuera confirmada por el Tribunal Supremo.
“El litigio será una herramienta clave para preservar el statu quo y ganar tiempo”, dijo Romero, señalando que los casos presentados contra una segunda administración Trump se argumentarán ante un poder judicial que ha sido transformado tanto por Trump como por su sucesor, el presidente Joe Biden.
El Tribunal Supremo es mucho más conservador ahora que cuando Trump fue investido en 2017. Siguiendo sus señales, los jueces de tribunales inferiores se han vuelto menos dispuestos a conceder mandatos judiciales a nivel nacional y más escépticos sobre la capacidad de las organizaciones —en lugar de los individuos— para servir como demandantes en las demandas. La ACLU también se está preparando para esos cambios en el panorama legal, dijo Romero, construyendo relaciones con los tipos de organizaciones de base en todo el país que pueden ayudar al grupo de libertades civiles a encontrar clientes para sus desafíos legales.
El Proyecto 2025 da forma a los planes de Trump
Se espera que el Proyecto 2025, la extensa agenda política dirigida por la conservadora Heritage Foundation, desempeñe un papel importante en la configuración de una segunda presidencia de Trump, sobre todo porque entre sus autores figuran varios exalumnos de la primera administración Trump que podrían ocupar altos cargos en el Gobierno en un segundo mandato de Trump.
Se ha convertido en un punto álgido de la campaña de 2024 por el modo en que sus propuestas han ido más allá de las típicas promesas republicanas.
“En esta ocasión, el Proyecto 2025 ofrece una visión muy completa sobre los temas en los que una organización conservadora líder, como la Fundación Heritage, es probable que presione a la administración Trump”, dijo Romero.
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Trump se ha distanciado del Proyecto 2025, y algunas políticas se han convertido en un lastre político para el candidato republicano, hasta el punto de que sus jefes de campaña celebraron esta semana la noticia de que el director del proyecto, Paul Dans, dimitía en medio del rechazo que la agenda política estaba recibiendo por parte de Trump y su campaña.
Parte de los esfuerzos del Proyecto 2025 han consistido en reunir y examinar a miles de posibles empleados para servir en la burocracia federal de una futura administración Trump. La clave para los objetivos de la coalición conservadora es una maniobra conocida como “Programa F” que despojaría a decenas de miles de empleados federales de sus protecciones de servicio civil, transformando efectivamente una gran franja de la burocracia federal en nombramientos políticos y haciéndolos mucho más fáciles de remover y reemplazar. (Trump firmó una medida ejecutiva que ponía en vigor el Anexo F cerca del final de su primer mandato, pero no se había implementado por completo cuando dejó el cargo).
Las organizaciones progresistas de defensa legal están buscando formas de ayudar a los grupos tradicionales que protegen a los empleados federales, como los sindicatos, en caso de que se implemente el Anexo F.
La ACLU y otros grupos están estudiando cómo crear una infraestructura que ponga en contacto a los empleados federales con la representación legal si son objeto de acoso, represalias u otros tipos de conductas ilegales por parte de sus superiores.
Memos y matrices
Democracy Forward, una organización que se formó en 2017 y que presentó más de 100 casos judiciales durante el primer mandato de Trump, ha elaborado una llamada “matriz de amenazas” para trazar una variedad de propuestas de extrema derecha, como poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, retener la financiación de Medicaid de los estados que requieren planes de seguro para cubrir el aborto y limitar la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La matriz analiza qué organismos federales se encargarían probablemente de aplicar esas políticas y si podrían promulgarse sin la intervención del Congreso.
El grupo también se está preparando para la posibilidad de que un Departamento de Justicia de Trump deje de defender las políticas federales que los conservadores están impugnando actualmente en los tribunales, como la regulación de la FDA de la píldora abortiva o el salario mínimo para los contratistas federales. Está identificando y analizando esas demandas para entender qué se podría hacer para intervenir en esos casos para defender las políticas.
“Creemos que es imperativo que las personas de las comunidades dispongan de herramientas para oponerse al extremismo ilegal y perjudicial”, declaró a CNN Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Estamos trabajando con una serie de organizaciones que serán capaces de preparar a la gente en las comunidades para hacer retroceder, incluso a través de la presentación de litigios contra esas propuestas”.
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El Centro Nacional de Derecho de Inmigración —que comenzó sus preparativos después de un artículo de The New York Times de noviembre que anticipaba las restricciones de inmigración que el equipo de Trump está tramando— están elaborando planes que establecen tanto una respuesta legal a las propuestas como la forma en que el grupo puede movilizar a los manifestantes contra las políticas esperadas.
“Realmente estamos estudiando todas las herramientas imaginables que tenemos a nuestra disposición”, dijo Kica Matos, presidenta de la organización.
La ACLU, por su parte, ha estado desplegando una serie de análisis de posibles respuestas legales y legislativas a las potenciales políticas de Trump. La publicación de los argumentos legales que la ACLU está explorando tiene, en parte, el objetivo de invitar a la retroalimentación de otros grupos, dijo Romero, facilitando una “revisión por pares, en tiempo real, antes de la crisis”.
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“Si tenemos un análisis que está un poco mal, o que puede refinarse, mejor resolverlo antes de enero”, dijo Romero.
El proyecto actual —que abarca temas como el derecho al voto, el aborto, la inmigración y el sistema jurídico penal— amplía lo que fue un memorando singular, mucho más superficial, que la ACLU publicó el verano de 2016. (En las dos elecciones anteriores, la ACLU también publicó memorandos en los que evaluaba las políticas de los oponentes demócratas de Trump).
Aunque el análisis de 2016 de los planes de Trump era “superficial”, dijo Romero, fue fundamental para que su organización pudiera presentar una demanda el día después de que Trump firmara la versión 1.0 de la prohibición musulmana.
“Nos alegramos de haberlo hecho, pero esta vez vamos a profundizar mucho más”, dijo Romero.
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