El fondo contra la “instrumentalización de la Justicia” de Trump enfrenta otro desafío legal
Por Devan Cole, CNN
El fondo de casi US$ 1.800 millones, creado recientemente por el Gobierno de Trump para aliados del presidente que dicen haber sido atacados injustamente por el Gobierno, recibió una segunda demanda este viernes, sumándose a la creciente reacción legal y política que enfrenta la Casa Blanca.
Este viernes, un grupo diverso de personas y organizaciones —incluidos un exfiscal federal y un destacado grupo de vigilancia gubernamental— pidió a un juez en Alexandria, Virginia, que bloquee al Gobierno de Trump de distribuir cualquier cantidad de dinero, argumentando que el fondo es inconstitucional y viola una serie de leyes federales.
Entre los demandantes del caso están Andrew Floyd, un exfiscal federal que trabajó en casos penales presentados contra personas que participaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, y John Caravello, un profesor en California que fue absuelto de los cargos de haber agredido a un agente federal mientras protestaba una redada migratoria el año pasado.
También impugnan el nuevo fondo la ciudad de New Haven, Connecticut, la Federación Nacional del Aborto y Common Cause, un grupo de vigilancia que con frecuencia cuestiona medidas controvertidas del Gobierno de Trump.
La demanda llega dos días después de que agentes de policía actuales y retirados en Washington que defendieron el Capitolio de Estados Unidos durante el asalto demandaran para bloquear la implementación del fondo, argumentando que potencialmente podría usarse para pagar a personas que participaron en el asalto y financiar diversas organizaciones paramilitares en el país, ambas cosas que, de acuerdo con ellos, serían ilegales.
El fondo anunciado el lunes surgió de un acuerdo extraordinario alcanzado entre el Gobierno y Trump, uno de sus hijos adultos y la Organización Trump en una demanda que presentaron en enero por la divulgación no autorizada de la información fiscal de Trump hace años.
El fondo, que será administrado por cinco comisionados seleccionados por el secretario de Justicia, revisará reclamaciones presentadas por personas que dicen haber sido atacadas injustamente por administraciones anteriores. La enorme bolsa de dinero proviene del Fondo de Sentencias del Departamento de Justicia, que es dinero de los contribuyentes reservado por el Congreso para acuerdos monetarios que el Gobierno alcanza.
En la nueva demanda, los demandantes impugnan específicamente la decisión del Gobierno de Trump de recurrir al Fondo de Sentencias para el nuevo programa, argumentando que es ilegal porque el caso legal subyacente carecía de “mérito” dado el papel único del presidente como demandante y, al mismo tiempo, las agencias del Poder Ejecutivo que fueron nombradas demandadas en la demanda.
También dicen que el fondo viola la Constitución al usurpar la autoridad del Congreso sobre las finanzas del país, entre otras cosas.
“Este más reciente intento del Gobierno Trump-Vance de hacer grande de nuevo el saqueo es profundamente ilegal y no resistirá el escrutinio judicial”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward y una de las abogadas que presentó la demanda. “Esta demanda trata de proteger el estado de derecho y evitar un abuso peligroso del poder gubernamental, y seguiremos compareciendo ante los tribunales para exigir responsabilidades a este Gobierno”.
El nuevo fondo ha recibido críticas de los demócratas e incluso de algunos miembros del propio partido de Trump, y los republicanos del Senado dijeron esta semana que los tomó por sorpresa y que están divididos sobre cómo ponerle freno, informó CNN.
Durante una reunión privada con el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, el jueves, varios senadores habían advertido que el principal proyecto de ley del partido sobre aplicación de la ley migratoria podría descarrilarse con el tema del fondo sobrevolándolos, según una persona familiarizada con el asunto, y casi ningún miembro habló en la reunión para defenderlo.
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