Los jueces parecen receptivos a la petición de Trump de anular la condena por los pagos de dinero por silencio
Por Kara Scannell y Lauren del Valle, CNN
A dos años de iniciado su segundo mandato, el presidente Donald Trump sigue intentando borrar de su historial la condena por delito grave que recibió en 2024. Un panel de jueces de apelación de Nueva York escuchó el jueves los argumentos legales de Trump contra su condena por falsificación de registros comerciales, realizada para ocultar pagos destinados a silenciar un escándalo e influir en las elecciones presidenciales de 2016.
Los cinco jueces —todos ellos nombrados por gobernadores demócratas— se mostraron en ocasiones receptivos a los argumentos de Trump de que la ley electoral federal y la inmunidad presidencial podrían afectar la validez de la condena.
Sus abogados sostuvieron que la condena, vinculada al reembolso de los pagos realizados a Stormy Daniels para comprar su silencio, debía anularse basándose, en parte, en el argumento de que la ley electoral federal prevalece sobre la legislación estatal.
El equipo legal de Trump también afirma que el juez del caso contravino la decisión de 2024 de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial al permitir que se utilizaran como pruebas en un proceso penal —que versaba sobre actos no oficiales— testimonios de funcionarios de la Casa Blanca y publicaciones de Trump en Twitter, los cuales constituían conductas oficiales.
Trump fue condenado por 34 delitos de falsificación de registros comerciales con la intención de cometer u ocultar otro delito.
Durante el juicio, los fiscales del Distrito de Manhattan afirmaron que dicho delito consistía en promover o impedir una elección mediante medios ilícitos, lo que podía incluir infracciones de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés), la falsificación de registros bancarios o delitos fiscales.
“A efectos de la conspiración subyacente en materia de leyes electorales, la cuestión clave es que [Trump] y sus coconspiradores eran realmente indiferentes a la legalidad de sus actos. Querían ocultar lo que hacían y realizar estos pagos para silenciar el escándalo sin que nadie se enterara”, declaró el jueves Steven Wu, jefe de la división de apelaciones de la Fiscalía.
Las infracciones de la FECA fueron el fundamento más evidente para la condena, según señalaron los fiscales en el juicio; sin embargo, el abogado de Trump, Robert Giuffra, dijo al panel de apelación que, en realidad, constituyen “el motivo más evidente para revocarla”.
“Y la ley es bastante clara”, afirmó. “El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Elecciones tienen competencia exclusiva para regular y sancionar las infracciones relacionadas con contribuciones y gastos”.
Un jurado compuesto por 12 neoyorquinos declaró a Trump culpable de todos los cargos, convirtiéndolo en un condenado por delito grave. Trump fue reelegido presidente y, días antes de su toma de posesión, el juez dictó una sentencia de libertad incondicional.
El jueves, el panel cuestionó al abogado del Estado sobre el grado en que el equipo fiscal se basó en las infracciones de la FECA para probar los 34 cargos de falsificación de registros comerciales contra Trump.
“Solo en parte”, dijo Wu, añadiendo que las pruebas de las infracciones de Trump a la FECA eran hechos que el jurado debía considerar, más que elementos constitutivos de los delitos imputados.
“Lo que hace la doctrina de la primacía federal es impedir que el estado aplique directamente una ley federal. Eso no es lo que hizo la fiscalía en este caso”, señaló Wu.
La magistrada Bahaati Pitt-Burke insistió ante Wu, señalando que el caso versaba sobre contribuciones de campaña. “Eso entra claramente en el ámbito de la FECA. ¿Qué argumento utiliza para sortear ese punto?”
Wu respondió: “La FECA se limita a restricciones directas sobre contribuciones y gastos. Así lo establecen la jurisprudencia y la normativa. Sin embargo, este proceso penal y las leyes bajo las cuales se condenó al acusado no tienen nada que ver con gastos ni contribuciones”.
“Si consideramos el foco de esta acusación —el fraude cometido en los registros de una empresa de Nueva York—, eso no es en absoluto lo que regula la FECA”, añadió la jueza.
Giuffra se apoyó considerablemente en el argumento de la primacía federal, pero aun así sostuvo que la interpretación que el tribunal de apelaciones haga del fallo de la Corte Suprema de 2024 sobre inmunidad podría sentar precedente.
“Podría tratarse de cualquier otro presidente en el futuro”, dijo Giuffra. “No es solo cuestión del presidente Trump; se trata de los futuros presidentes”.
Wu argumentó que tanto las conversaciones con el personal de la Casa Blanca como los tuits de Trump versaban sobre actos no oficiales y, por tanto, no estaban amparados por la inmunidad; añadió que, incluso si el juez hubiera admitido indebidamente dichas pruebas, existía abundante material adicional para condenar a Trump.
Eran una “gota en el océano” en cuanto a las pruebas de la culpabilidad de Trump, sostuvo Wu, por lo que cualquier presunto error carecería de trascendencia a la luz de las abrumadoras pruebas de dicha culpabilidad.
“¿Puede existir algo así como un error inocuo en lo que respecta a la inmunidad presidencial?”, cuestionó el juez Shlomo Hagler.
El fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad determinó que los tuits presidenciales pueden constituir actos oficiales, dado que esa es la vía que utiliza el mandatario para comunicarse con el pueblo estadounidense, señaló Giuffra.
El juez Troy Webber citó la decisión de la Corte Suprema y preguntó a Giuffra de qué manera las conversaciones de Trump con la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks —destinadas a responder a las consultas de los medios sobre el pago—, contribuían a enriquecer la vida de los estadounidenses.
Giuffra afirmó que los tuits guardaban relación con la idoneidad de Trump para el cargo. Otros presidentes se han visto obligados a defenderse de manera similar frente a acusaciones mediante declaraciones públicas durante su mandato, añadió el abogado de Trump.
Boris Epshteyn, asesor de larga trayectoria y abogado personal principal de Trump, también asistió a la audiencia, lo que puso de manifiesto la importancia que este caso para el presidente.
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