OPINIÓN | Esto es lo que pasó cuando 3 países que experimentaron tiroteos masivos hicieron algo al respecto
urielblanco
Nota del editor: Philip Alpers es profesor adjunto y director fundador de GunPolicy.org, un proyecto global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney que compara la violencia armada, la legislación sobre armas de fuego y la prevención de lesiones en 250 jurisdicciones de todo el mundo. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.
Sydney (CNN) — Un hombre —casi siempre un hombre— en general sin antecedentes penales ni diagnóstico de enfermedad mental, armado con un arma semiautomática de “asalto” obtenida legalmente, mata y hiere a un gran número de inocentes en un lugar que imaginaban seguro.
Ocurre en todo el mundo, pero de forma espeluznante cada vez con más frecuencia en Estados Unidos, más recientemente en Uvalde, Texas, y en Buffalo, Nueva York.
Para los que vivimos en países culturalmente similares, pero en los que la disponibilidad de armas letales es limitada, la creciente confianza de los estadounidenses en las armas, incluso ante la escalada de los horrores, es incomprensible.
Vivimos con mucho menos miedo a los disparos, y vemos el problema autoinfligido de Estados Unidos con las armas de fuego como un síntoma de una disfunción política paralizante. A medida que cada tiroteo supera al anterior, a medida que el miedo y la ideología se imponen a la evidencia una vez más, es aterrador imaginar la escala, la gran enormidad del punto de inflexión que podría finalmente obligar a los políticos estadounidenses a afrontar su responsabilidad colectiva y a promulgar un cambio.
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Mientras tanto, otros países, tras los tiroteos masivos, endurecieron las restricciones a la posesión de armas y frenaron o casi erradicaron esas masacres.
En comparación con los homicidios con armas de fuego, menos mediáticos, que suelen implicar a personas que se conocen entre sí, y mucho más que los suicidios con armas de fuego, los tiroteos masivos son más fáciles de abordar.
Las armas elegidas por los asesinos múltiples, las armas de fuego autocargables comercializadas originalmente por la industria armamentística como “rifles de asalto”, junto con sus municiones y cargadores de gran capacidad, constituyen un objetivo más eficaz que la limitación de todos los tipos de armas.
Dicho esto, es inútil sugerir que EE.UU. podría destruir las armas de fuego semiautomáticas de tiro rápido del modo en que lo hizo Australia. Para igualar la tercera parte de las armas civiles enviadas a las fundiciones en los años posteriores a la reforma de la ley de armas de Australia, los estadounidenses tendrían que destruir hasta 130 millones de armas de fuego.
Sin embargo, los resultados de la recompra de armas en Australia son alentadores. Los estrictos límites a la disponibilidad de armas de alto riesgo dieron lugar a un menor número de homicidios relacionados con armas de fuego en general, y a una reducción mucho mayor de los homicidios masivos con armas de fuego.
A continuación se explica cómo tres países —Australia, el Reino Unido y Nueva Zelandia— endurecieron los controles de armas tras los tiroteos masivos con el fin de proteger a las generaciones futuras.
AUSTRALIA
Port Arthur, 1996
Un encargado del proyecto de reforma de las armas para la policía de Nueva Gales del Sur observa una pila de miles de armas de fuego en Sydney que habían sido entregadas como parte del plan de recompra del gobierno australiano en julio de 1996.
En apenas 90 segundos dentro de un café para turistas en Port Arthur, Tasmania, en 1996, un joven mató a 20 vacacionistas con los primeros 29 disparos de un rifle semiautomático. Su saldo final fue de 35 muertos y 18 heridos.
Para una nación que había perdido 105 vidas por masacres con armas de fuego en la década anterior, esta fue la gota que derramó el vaso. Con un respaldo del 90-95% de la población en las encuestas, el recién elegido primer ministro John Howard, uno de los líderes más conservadores del país en décadas, tardó solo 12 días en negociar una reforma de la ley de armas a nivel nacional y bipartidista en los ocho estados y territorios.
Se prohibieron las armas largas semiautomáticas y se exigió a todos los propietarios de armas que demostraran un motivo real para poseer un arma de fuego, por ejemplo, una ocupación rural o la pertenencia a un club que compitiera en disciplinas de tiro olímpico. La autodefensa se mantuvo como una razón inaceptable y los propietarios estaban obligados a registrar todas las armas en la policía.
Después de 26 años de Port Arthur, Australia organizó decenas de amnistías y recompras de armas a nivel federal y estatal. Se entregaron más de un millón de armas para su destrucción.
Dos tercios de ellas fueron compradas a precio de mercado por el gobierno federal con un coste de 15-20 dólares australianos por cada contribuyente (US$ 12-16). Más de 300.000 armas de fuego adicionales fueron entregadas por propietarios que no tenían ninguna obligación de hacerlo y que no recibieron ninguna compensación a cambio.
En la actualidad, todos los estados ofrecen una amnistía permanente a los propietarios de armas y en los últimos años se ha producido un aumento de las colectas. Desde la masacre de Tasmania, los australianos han entregado aproximadamente un tercio de sus armas de fuego de propiedad privada.
A pesar de ello, desde las reformas de la ley de 1996 los comerciantes de armas del país han seguido importando y vendiendo a los civiles una media de 55.000 armas de fuego de un solo tiro cada año, mientras que los agricultores, cazadores y tiradores deportivos siguen utilizando las armas como antes.
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Propietarios de armas y los que no lo son suelen mencionar con orgullo el esfuerzo colectivo de la nación por eliminar las armas de fuego rápido, repitiendo versiones del mantra del ex primer ministro Howard en su momento: “No quiero que Australia siga el camino de Estados Unidos” con las armas.
¿Y el resultado? En la década anterior a la reforma de la ley de armas en Australia hubo 13 tiroteos masivos. Durante los 22 años siguientes no hubo ninguno, un récord que solo se rompió cuando un agricultor disparó y mató a seis miembros de su familia, y luego a sí mismo en 2018. (Un tiroteo masivo se define aquí como cinco o más personas muertas a tiros, sin incluir al autor).
Tras la reforma de la ley de armas, el riesgo de morir por disparos en Australia se redujo en más de un 50% y se mantuvo así. A nivel mundial, Australia registró una de las mayores tasas de cambio anual en su número de muertes relacionadas con armas de fuego. La tasa de homicidios por arma de fuego del país es ahora 33 veces menor que la de Estados Unidos.
REINO UNIDO
Dunblane, 1996
Un grupo de familiares cerca de la escuela primaria de Dunblane, Escocia, donde un atacante mató a 16 niños y un profesor en 1996.
Basada en un sistema de clases en el que los ricos iban a cazar y los pobres cazaban furtivamente, la legislación sobre armas de fuego en Gran Bretaña siempre ha controlado de forma muy estricta los rifles, revólveres y pistolas. Además, a muchos británicos simplemente no les gustan las armas.
En 1987, un hombre armado con un rifle de tiro rápido mató a 16 personas, entre ellas un policía desarmado y su propia madre, en Hungerford (Inglaterra). Un clamor nacional hizo que el Reino Unido prohibiera los rifles semiautomáticos y algunas escopetas.
Casi una década más tarde, en 1996, después de que un atacante con licencia para disparar matara a 16 alumnos de una escuela primaria y a un profesor en Dunblane (Escocia), la renovada presión pública, junto con un cambio de gobierno, hizo que el Reino Unido prohibiera aún más todas las armas de mano.
En la recompra de armas que siguió, los propietarios recibieron 90,2 millones de libras (US$ 146 millones) en compensación por las armas de fuego, piezas y municiones devueltas. (Las restricciones impuestas en Inglaterra, Gales y Escocia no se aplicaron a Irlanda del Norte).
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En 2003, tras una “cumbre de las armas” convocada para contrarrestar el aumento de la delincuencia armada alimentada en gran medida por las armas de mano de contrabando procedentes de Europa, otra amnistía nacional recogió 43.908 armas más.
Entre 1996 y 2009, el Reino Unido destruyó un total de 226.000 armas de fuego de un arsenal nacional ya proporcionalmente más pequeño per cápita que la mayoría de las naciones occidentales.
En los 26 años posteriores a la masacre de la escuela de Dunblane se produjeron otros dos tiroteos masivos, uno en Cumbria en 2010 y otro cerca de Plymouth en 2021.
La tasa de muertes relacionadas con las armas de fuego en el Reino Unido siempre ha sido baja. Desde las prohibiciones de armas de 1996-1997, la tendencia ha ido en constante descenso.
NUEVA ZELANDIA
Christchurch, 2019
La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, abraza a un fiel en la mezquita de Kilbirnie el 17 de marzo de 2019 en Wellington, días después del tiroteo masivo en Christchurch.
En 1990, en el pequeño asentamiento de Aramoana, en la Isla Sur, un hombre armado con un rifle semiautomático mató a 13 personas, entre ellas cuatro niños y un policía. A pesar de la presión pública para que se prohibieran las armas de fuego rápidas, el consolidado grupo de presión de las armas del país impidió todas las restricciones, salvo las parciales y fallidas, a un pequeño número de armas de fuego semiautomáticas.
Otros tres tiroteos masivos en 1992, 1994 y 1997 reforzaron el apoyo a una prohibición más amplia, pero, en un país con más armas per cápita que el Reino Unido o Australia, el grupo de presión de las armas de fuego seguía dictando la política policial y gubernamental.
Luego, en marzo de 2019, un visitante australiano al que se le negaron las armas de fuego rápido en su propio país aprovechó la falta de regulación de Nueva Zelandia para obtener una licencia de armas de fuego y convertir un rifle de nivel básico en un “rifle de asalto”.
Entonces disparó mortalmente a 51 personas e hirió a otras 40 en dos mezquitas de Christchurch. Menos de un mes después —impulsado por la indignación nacional y la rapidez de la acción gubernamental— el Parlamento votó 119-1 para prohibir, y luego recomprar, las armas de fuego rápido y los cargadores de alta capacidad.
La legislación se promulgó al día siguiente y en la recompra que siguió se pagó a los propietarios el precio de mercado. En un periodo de cinco meses, se recogieron para su destrucción un total de 57.716 armas de fuego y 205.209 cargadores y piezas, con un coste de casi 104 millones de dólares neozelandeses (US$ 68 millones).
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El registro nacional de armas de fuego —abandonado en 1983— se está rehaciendo para registrar todas las armas en manos de sus propietarios durante un periodo de cinco o más años.
En otras partes del mundo, entre 2003 y 2018, Argentina, Bélgica, Alemania, Suecia y Noruega, todos ellos países que sufrieron tiroteos masivos, destruyeron más de 800.000 armas de fuego. Sin embargo, estos esfuerzos se ven empequeñecidos por el arsenal mundial, que se estima en 1.000 millones de armas, el 85% de las cuales están en manos de civiles.
En Estados Unidos, el cambio que reclaman tantos ciudadanos es, seguramente, inevitable. Con su admirable historial de intervenciones en materia de salud pública que han salvado millones de vidas, la sociedad con más recursos del mundo debe acabar por defenderse de los grupos de interés y de los políticos que, con su inacción, alimentan los ataques armados contra las familias de la nación.
Aunque los estadounidenses son libres de introducir o derogar una enmienda constitucional, al igual que hicieron para ampliar el sufragio a todos los ciudadanos, para poner fin a la esclavitud, y para introducir y derogar la Prohibición, las masacres con armas de fuego parecen ir en aumento hasta que un número suficiente de votantes exija lo obvio: un cambio.
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