¿Qué sigue para Trump tras allanamiento de Mar-a-Lago por el FBI?
Alexandra Ferguson
(CNN) — El allanamiento del FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida el lunes supuso una extraordinaria escalada de una investigación sobre el manejo de ciertos documentos de su presidencia y plantea preguntas sobre si su exposición legal se extiende más allá de si tomó indebidamente registros del gobierno cuando dejó la Casa Blanca.
Todavía se desconoce qué buscaba exactamente el FBI y por qué. Pero para obtener una orden de registro, los investigadores tendrían que haber demostrado a un juez que había causa probable de un delito y que las pruebas de ese delito se encontraban en Mar-a-Lago, el complejo turístico de Trump en Palm Beach.
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Esto es lo que hay que saber sobre la importancia legal del allanamiento, que se produce en un momento en que Trump está preparando una posible candidatura presidencial para 2024, y lo que podría venir después.
¿Qué tendría que haber hecho el Departamento de Justicia para obtener la orden de allanamiento?
Para obtener la aprobación judicial para el registro, los investigadores habrían tenido que presentar a un juez una declaración jurada detallada que estableciera que existe una causa probable para creer que se ha cometido un delito y que existen pruebas de ese delito en los últimos días en la propiedad donde se busca realizar el registro.
La orden de allanamiento se habría presentado bajo sello, lo que significa que sus detalles no están disponibles públicamente por el momento (aunque podrían hacerse públicos en el futuro). En el juzgado federal de West Palm Beach solo figura una solicitud de orden de allanamiento sellada desde junio que todavía no estaba cerrada a fecha del viernes, según el registro público de casos del tribunal.
Pero antes de que los fiscales llegaran al punto de pedir a un juez magistrado que aprobara la orden, para seguir adelante con un registro que tenía tanta importancia histórica y política, los investigadores habrían tenido que obtener el visto bueno de los más altos niveles del Departamento de Justicia, dijeron expertos legales a CNN.
Exfuncionarios del Departamento de Justicia dijeron a CNN que era probable que, como mínimo, la fiscal general adjunta Lisa Monaco hubiera tenido que dar luz verde y que el secretario de Justicia, Merrick Garland y/o el director del FBI Chris Wray también podrían haber sido consultados.
“No solo los investigadores tendrían que sugerirlo, no solo un fiscal de línea tendría que estar de acuerdo con él, sino que múltiples niveles de gestión tendrían que haberlo aprobado, hasta el secretario de Justicia”, dijo Daren Firestone, un exabogado del DOJ, a CNN.
El Departamento de Justicia ha declinado hacer comentarios.
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¿Qué significa esto para la exposición legal de Trump?
Tomar el paso extraordinario de ejecutar una orden de allanamiento en la casa de un expresidente sugiere que los investigadores están buscando más de lo que los Archivos Nacionales habían recuperado previamente de Mar-a-Lago, según los expertos legales.
En enero, los Archivos Nacionales recuperaron 15 cajas de registros de Mar-a-Lago, incluyendo materiales que habían sido identificados como clasificados, pero la actividad en torno a esas cajas han estado en calma desde la primavera.
“Realmente no creo que el departamento hubiera dado un paso tan importante como buscar una orden de allanamiento para la residencia del presidente sobre información que ya tenían de vuelta”, dijo Andrew McCabe, ex subdirector del FBI y colaborador de CNN, en “Newsroom” de CNN. “Tenía que haber una sospecha, una preocupación y, de hecho, información específica que les llevara a creer que había materiales adicionales que no fueron entregados”.
Antes de la noticia del registro del lunes, una ley conocida como Ley de Registros Presidenciales había estado a la cabeza de las especulaciones públicas sobre el peligro legal de Trump, mientras se tomaban otras medidas de investigación relacionadas con el manejo de documentos de la Casa Blanca de Trump.
Esa ley, aprobada después del Watergate para dejar claro que ciertos registros de una presidencia pertenecen al público y no al antiguo titular del cargo, no es un estatuto penal y se ha considerado una ley relativamente sin poder.
Una orden de allanamiento y la presencia del FBI significan una investigación penal. Hay otros estatutos de retención de registros que conllevan sanciones penales, como la Ley de Espionaje, pero en este momento no está claro qué estatutos penales han sido implicados en la investigación del Departamento de Justicia.
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Es un delito destruir o eliminar registros federales, o manipular indebidamente documentos clasificados. Hay otras leyes federales que pretenden impedir la manipulación de información durante una investigación.
A principios de este año, el Departamento de Justicia emitió citaciones para materiales presidenciales que incluían documentos clasificados que los Archivos Nacionales habían recuperado previamente. El FBI también entrevistó a asesores de Trump en Mar-a-Lago en primavera como parte de la investigación, según una fuente familiarizada con el asunto.
Para que los investigadores intensifiquen su investigación con un allanamiento, “tendría que haber algo lo suficientemente grave como para merecer algo más que un tirón de orejas”, dijo Firestone, ahora socio de la firma Levy Firestone Muse, con sede en Washington.
También es notable que el Departamento de Justicia no haya recurrido a la vía del litigio civil contra el expresidente por la forma en que manejó los documentos en cuestión. Apenas la semana pasada, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra el exfuncionario de la Casa Blanca de Trump, Peter Navarro, alegando que había violado la Ley de Registros Presidenciales y buscando una orden judicial que lo obligara a entregar los correos electrónicos de una cuenta privada que utilizó mientras trabajaba en la Casa Blanca de Trump.
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¿Por qué ahora?
El allanamiento se llevó a cabo dos meses después de la reunión del 3 de junio entre los investigadores del Departamento de Justicia y los abogados de Trump en el complejo turístico, de la que no se había informado anteriormente. Durante la visita, de la que informó CNN el lunes, cuatro investigadores, incluido el jefe de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones, recorrieron un sótano donde se almacenaban cajas de material.
Cinco días después, los investigadores enviaron a los abogados de Trump una carta en la que les pedían que aseguraran aún más la habitación donde se almacenaban los documentos, lo que llevó a los asesores a añadir un candado a la habitación.
Que el FBI ejecutara una orden de allanamiento dos meses después insinúa que los funcionarios federales no estaban satisfechos con lo que vieron en la visita o que no confiaban en la cooperación voluntaria que estaban recibiendo del equipo de Trump, dijeron algunos expertos legales. Es posible que los funcionarios federales también necesitaran el visto bueno oficial para recuperar los registros clasificados.
“El hecho de que el FBI se enterara de que Trump todavía tenía documentos en [Mar-a-Lago] en junio, y sintiera la necesidad de volver dos meses después con una orden de registro, me indica que la agencia tiene pruebas de que Trump y su personal estaban reteniendo registros clasificados adicionales y no estaban tomando ninguna medida para devolverlos adecuadamente a los Archivos”, dijo Bradley Moss, un abogado de seguridad nacional, a CNN en un correo electrónico.
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También es posible que el Departamento de Justicia haya tardado meses en decidir si hacer la búsqueda y cómo debería hacerlo.
En el momento en que el FBI salió de Mar-a-Lago, el equipo de Trump posiblemente recibió un documento parecido a un recibo de lo que se llevó. Pero el Departamento de Justicia puede ser tan vago como quiera en esa documentación.
En términos más generales, el Departamento de Justicia puede mantener en secreto grandes partes de su investigación, como dejó claro el Departamento de Justicia en las presentaciones judiciales del lunes por la noche en torno a su búsqueda de John Eastman, el exabogado de Trump que encabezó los esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020.
En esa presentación, en la que el Departamento de Justicia argumentaba contra una solicitud de Eastman de que los investigadores del 6 de enero le devolvieran los dispositivos incautados a finales de junio en Nuevo México, los fiscales dijeron que no había obligación de que el Departamento compartiera con Eastman más detalles sobre el estado de su investigación.
“El Gobierno no duda de que al demandante le gustaría tener pleno conocimiento de la investigación del Gobierno y la capacidad de ‘involucrar a [los agentes federales] en un debate sobre la base de la orden”, dijo la presentación.
“Pero la ley solo, y correctamente, requiere que un juez magistrado neutral encuentre una causa probable para registrar e incautar cualquier dispositivo electrónico en su persona; no requiere que la persona registrada conozca la base de la orden”.
¿Qué pasará ahora?
Todavía no se sabe qué tan desprevenidos estaban los abogados de Trump sobre las acciones del FBI tomadas el lunes y lo que el equipo de Trump ha estado argumentando al Departamento de Justicia sobre el manejo de los documentos en las interacciones anteriores con los investigadores.
Trump podría dar un paso legal preventivo para desafiar en los tribunales la forma en que el FBI manejó la búsqueda, tal vez con el objetivo de conseguir que se desestime cualquier evidencia que los investigadores hayan obtenido o al menos para tratar de obtener más información sobre lo que se está investigando.
Pero sin esa medida judicial, los próximos pasos de la investigación bien podrían continuar en secreto.
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Otra ley que puede estar implicada en el allanamiento del FBI es la que prohíbe la ocultación, eliminación o mutilación intencionada de registros gubernamentales. Esa ley amenaza como castigo la inhabilitación “para ocupar cualquier cargo en [el Gobierno de] Estados Unidos”.
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Sin embargo, hay dudas sobre la constitucionalidad de esa ley y su aplicabilidad a una candidatura presidencial de Trump, si fuera condenado en virtud de ella.
Dado que la Constitución establece calificaciones específicas para el cargo presidencial, y establece un proceso de destitución separado para inhabilitar a los presidentes para ocupar el cargo en el futuro, algunos argumentan que el Congreso no tendría la autoridad para promulgar un estatuto de este tipo que se pueda aplicar para un candidato presidencial.
— Katelyn Polantz, Gabby Orr y Kaitlan Collins contribuyeron con este reportaje.
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