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Homicidio de Charlie Kirk: juez pospone hasta el viernes un fallo sobre desacato; la pena de muerte podría estar en juego

Por Andi Babineau, CNN

Un juez de Utah que preside el caso contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk aplazó la decisión sobre si determinar que los fiscales violaron una orden judicial relativa a la difusión de información previa al juicio y, de ser así, si descartar la pena de muerte como medida correctiva.

En lugar de resolver la cuestión de la infracción durante la audiencia de este lunes —destinada a tratar mociones previas al juicio en el caso contra Tyler Robinson—, el juez Tony Graf programó una audiencia para la mañana del viernes con el fin de abordar este asunto.

Asimismo, durante la audiencia de este lunes, Graf dictaminó que se permitirá a los fiscales presentar pruebas de referencia (testimonios de oídas) durante la audiencia preliminar de Robinson, cuyo inicio está previsto para el próximo mes.

En una audiencia celebrada a principios de junio, los abogados de Robinson argumentaron que los comentarios realizados a varios medios de comunicación por Christopher Ballard —uno de los fiscales y portavoz de la Fiscalía del Condado de Utah— violaron la orden del juez (emitida en septiembre y modificada en diciembre), la cual prohibía a las partes hacer comentarios públicos sobre el caso, salvo en circunstancias específicas.

Este mes, los abogados de Robinson solicitaron a Graf que descartara la pena de muerte como posible sentencia si determinaba que los fiscales habían violado la orden y los declaraba en desacato al tribunal.

Robinson enfrenta cargos que incluyen homicidio agravado, uso delictivo de arma de fuego, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos en relación con la muerte a tiros, ocurrida en septiembre, de Kirk, una destacada figura conservadora conocida por sus posturas incendiarias. Robinson aún no se ha declarado culpable o inocente.

La principal medida sugerida por la defensa de Robinson, en caso de que se declarara a los fiscales en desacato, era que se eliminara la pena de muerte como posible castigo si Robinson resultaba condenado.

Otras posibles sanciones por desacato incluyen la asistencia a un programa de formación continua o la remisión del caso al colegio de abogados estatal, señaló la defensa.

Tras la audiencia del 12 de junio, en la que los abogados defensores argumentaron a favor de una declaración de desacato, los fiscales presentaron una objeción a la solicitud, calificándola de “groseramente desproporcionada respecto a la supuesta mala conducta”.

“Aunque el Tribunal considere que la Fiscalía podría haber hecho una declaración más acertada, ciertamente no se trata de un error que justifique la medida drástica —y nunca antes impuesta— de reducir el cargo de homicidio agravado a un delito grave de primer grado”, afirma el documento.

La defensa de Robinson respondió con su propio escrito de oposición, calificando la objeción de “no solicitada” y señalando que el tribunal no había pedido ni autorizado “ningún escrito posterior a la audiencia”.

La defensa presentó la moción por desacato en respuesta a las entrevistas que Ballard concedió a varios medios de comunicación a finales de marzo y principios de abril, en las que habló sobre un informe balístico no concluyente mencionado en un escrito presentado por la defensa en marzo. Ballard declaró que sus comentarios versaban sobre las circunstancias que pueden conducir a un resultado no concluyente en la prueba, y no sobre pruebas específicas; asimismo, señaló que en cada entrevista indicó que Robinson goza de la presunción de inocencia.

Afirmó que, a su juicio, sus comentarios no infringieron la orden judicial.

El abogado de Robinson, Richard Novak, sostuvo que los comentarios fueron “extremadamente imprudentes”.

“No considero creíble el testimonio bajo juramento del Sr. Ballard de que su única intención era hablar con los medios en términos generales sobre el análisis de fragmentos de bala”, declaró Novak el 12 de junio.

La muerte a tiros de Kirk en el campus de una universidad de Utah, ocurrida el pasado mes de septiembre, desencadenó una avalancha de información errónea. Los abogados de Robinson han expresado reiteradamente su preocupación de que la cobertura mediática de este caso de gran repercusión pública pueda perjudicar el derecho de su cliente a un juicio justo.

“El objetivo de estas entrevistas era responder a las consultas específicas de los medios que surgían a raíz de la información errónea” contenida en el escrito judicial, explicó Ballard.

El documento de la defensa al que Ballard se refirió en las entrevistas —una moción para aplazar la audiencia preliminar presentada el 27 de marzo— indicaba que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) “no pudo vincular la bala recuperada durante la autopsia con el rifle presuntamente relacionado con el Sr. Robinson”.

La Fiscalía argumentó que la afirmación de la defensa en dicho documento omitía un aspecto importante de las conclusiones del informe: la ATF tampoco pudo descartar que la bala procediera de ese rifle. Ballard afirmó que eso era precisamente lo que intentaba aclarar ante los medios.

Durante sus testimonios, tanto Ballard como el fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, hicieron referencia en repetidas ocasiones a una norma profesional citada en la orden judicial, la cual permite a los abogados comentar información pública cuando consideran que existe la posibilidad de una publicidad perjudicial previa al juicio.

El lunes, Graf dictaminó que permitirá a la Fiscalía presentar pruebas de referencia durante la audiencia preliminar de Robinson, que comienza el 6 de julio.

“En Utah, el propósito principal de la audiencia preliminar se limita a determinar si existe causa probable”, dijo Graf. “Aunque la audiencia preliminar es una etapa crucial del proceso penal, no constituye un juicio y no conlleva la determinación de culpabilidad o inocencia”.

El abogado defensor Michael Burt había argumentado que la declaración grabada en video de un testigo clave no debía ser admisible, dado que dicho testigo no podría ser sometido a un contrainterrogatorio. En documentos judiciales, el testigo fue identificado posteriormente como el compañero de vivienda de Robinson en el momento del tiroteo.

A principios de este mes, Ballard sostuvo que la defensa no tiene derecho a contrainterrogar a los testigos en este caso —como sí ocurre en otros tipos de audiencias—, ya ​​que la audiencia preliminar tiene el propósito limitado de establecer causa probable para llevar los cargos a juicio.

“Si este tribunal accediera a la petición del acusado, estaría incursionando en un terreno donde ningún otro tribunal ha llegado antes”, afirmó Ballard. “Este sería el primer tribunal en determinar que el derecho a la confrontación, consagrado en la Sexta Enmienda, es aplicable en una audiencia preliminar”.

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