Juez federal advierte que separar 20.000 votos por correo en California “causaría estragos”
Por Katelyn Polantz, Tierney Sneed y Tierney Sneed, CNN
Un juez federal se niega a permitir que el Departamento de Justicia intervenga en el recuento en curso de los votos por correo en California. El magistrado advirtió que la solicitud del Gobierno de Trump de separar 20.000 papeletas para verificar la ciudadanía de los votantes “causaría estragos y alteraría unas elecciones que ya están en marcha”.
El juez federal David O. Carter, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California, dijo que el intento del Gobierno de cuestionar si miles de votantes del estado son ciudadanos de otros países violaría el derecho de California a organizar sus propias elecciones y pondría en riesgo décadas de protecciones al derecho al voto y a los derechos civiles.
El Departamento de Justicia había basado su demanda de emergencia en lo que describió como una lista de votantes de California adquirida y cotejada con otros datos gubernamentales.
“No se debe privar de un derecho fundamental a las personas que han cumplido con los requisitos de las leyes de registro de votantes de California simplemente debido a acusaciones infundadas derivadas de un procedimiento plagado de incertidumbre y errores”, escribió Carter.
El juez, nombrado durante el Gobierno de Clinton, escribió que la solicitud del Gobierno “crearía un efecto disuasorio tanto en los trabajadores electorales como en los votantes, y desestimaría los votos de los ciudadanos estadounidenses”.
Es probable que el Departamento de Justicia apele la decisión. Un intento previo del Departamento de Justicia de eludir el tribunal de Carter para obtener una revisión de apelación del caso fracasó a principios de esta semana.
El caso de California ha sido considerado ampliamente por expertos en derecho electoral como una prueba de hasta dónde podría llegar el Departamento de Justicia para perturbar o impugnar el proceso de recuento de votos de un estado.
Carter, en su orden de 26 páginas emitida un día después de una larga audiencia, señaló que el Departamento de Justicia ya contaba con su propia herramienta legal para combatir el fraude electoral mediante el procesamiento federal de personas no ciudadanas acusadas de votar ilegalmente.
“Estados Unidos no explica por qué el hecho de que los demandados continúen contando votos perjudica cualquier procesamiento actual o futuro [por voto ilegal]”, escribió Carter. “La ley federal es aplicada por el gobierno federal. La participación estatal (o la falta de ella) en dicha aplicación no influye en cómo el gobierno federal decide asignar sus propios recursos o funcionarios”.
Durante meses, el gobierno había anticipado planes para elaborar listas —utilizando controvertidos programas federales de cotejo de datos— de personas que, a su juicio, podrían estar registradas ilegalmente para votar, y para entregar dichas listas a los funcionarios electorales bajo amenazas de procesamiento u otras acciones legales si no tomaban medidas adecuadas respecto a esa información.
Desde que presentó su demanda contra California, el Departamento de Justicia también ha entregado una lista similar a las autoridades electorales del estado de Washington y, a principios de este año, hizo afirmaciones de gran alcance sobre personas no ciudadanas registradas para votar en otros tres estados gobernados por demócratas.
La administración ha mantenido en secreto detalles clave sobre cómo analizó el padrón electoral de California y llegó a la conclusión de que miles de esas personas podrían no ser ciudadanas. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que 190.000 votantes registrados en California podrían ser extranjeros no elegibles. La agencia presentó su demanda tras entregar a los funcionarios electorales —mediante una memoria USB con una contraseña escrita a mano en una nota adhesiva— una lista de 20.000 coincidencias consideradas de “alta fiabilidad”, y dio al estado apenas 48 horas para actuar sobre esa información.
En su análisis preliminar de la lista, los funcionarios electorales locales han descubierto que una parte significativa de los nombres no figura en sus registros o se encuentra en estado suspendido, lo que significa que dichas personas no recibirían una boleta electoral por correo. También han observado indicios de que algunas de las personas que el Departamento de Justicia identifica como probablemente no ciudadanas nacieron, de hecho, en Estados Unidos, aunque los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional refutaron este punto en declaraciones presentadas ante el tribunal.
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