En una gran derrota para Trump, la Corte Suprema bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema prohibió este martes al presidente Donald Trump desplegar la Guardia Nacional en Chicago para proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una derrota significativa y poco común para el Gobierno en el expediente de emergencia del tribunal conservador.
“En esta etapa preliminar, el Gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a las Fuerzas Armadas ejecutar las leyes en Illinois”, señaló la corte en su orden no firmada.
La decisión, que contó con votos en contra de los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, representa un revés importante y parece casi seguro que pondrá en riesgo despliegues similares de la Guardia Nacional en otras ciudades.
En un comunicado, una portavoz de la Casa Blanca afirmó que el fallo no detendrá los esfuerzos de Trump para hacer cumplir las leyes migratorias, proteger al personal federal y “salvaguardar al público estadounidense”.
“Activó la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales y evitar que manifestantes destruyeran edificios y propiedades federales”, dijo la portavoz Abigail Jackson a CNN. “Nada en el fallo de hoy resta valor a esa agenda central”.
“Esta es una desaprobación significativa de los intentos del presidente Trump de usar militares federales para reforzar la aplicación de la ley migratoria, especialmente en jurisdicciones gobernadas por demócratas”, señaló Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Es difícil ver cómo el Gobierno puede seguir usando esta autoridad poco conocida de 1908 para intentar desplegar militares federalizados de la Guardia Nacional”.
Vladeck calificó la decisión como “la derrota más significativa que la Corte Suprema le ha dado a Trump en todo el año”.
La ley federal permite que un presidente federalice la Guardia Nacional cuando ya no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con fuerzas regulares. Durante el caso surgió un debate sobre si ese término, “fuerzas regulares”, se refiere a las Fuerzas Armadas o a todos los agentes federales, como los de ICE.
En su orden, la corte indicó que el término “probablemente” se refiere a las Fuerzas Armadas. Además, señaló que la facultad de federalizar la Guardia Nacional bajo la ley que Trump intentó invocar “probablemente solo aplica cuando las Fuerzas Armadas pueden ejecutar legalmente las leyes”. Es decir, de acuerdo con la corte, no aplica para proteger a agentes que hacen cumplir las leyes migratorias.
“Por lo tanto, al menos en este contexto, el Gobierno no ha demostrado que la ley en cuestión permita al presidente federalizar la Guardia Nacional en ejercicio de la autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois”, indicó la corte.
La decisión deja a Trump con pocas opciones si quiere seguir desplegando soldados en ciudades, aunque no lo imposibilita. Es probable que aún pueda invocar la Ley de Insurrección para desplegar Fuerzas Armadas en Chicago y otras ciudades, aunque sería una medida políticamente delicada, ya que desafía la prohibición histórica de usar al Ejército en tareas de orden público.
El juez Brett Kavanaugh, conservador que apoyó la decisión de fondo de la corte, dijo que lo habría hecho en términos más limitados. Coincidió en que el término “fuerzas regulares” significa las Fuerzas Armadas de EE.UU.
“La interpretación legal de la corte, según la entiendo, podría tener implicaciones significativas para futuras crisis que ahora no podemos prever”, dijo Kavanaugh.
Sin embargo, advirtió que la decisión podría limitar la capacidad de respuesta en situaciones imprevistas, como si una multitud amenazara con irrumpir en un tribunal federal y las fuerzas armadas no pudieran llegar a tiempo.
“Hace casi 250 años, los redactores de la Constitución de nuestro país dividieron cuidadosamente la responsabilidad sobre la milicia, hoy la Guardia Nacional, entre el Gobierno federal y los estados, creyendo imposible que un presidente usara la milicia de un estado contra otro”, dijo Kwame Raoul, fiscal general de Illinois. “Las circunstancias extremadamente limitadas bajo las cuales el Gobierno federal puede convocar a la milicia en contra de la objeción de un estado no existen en Illinois, y me complace que las calles de Illinois permanezcan libres de miembros armados de la Guardia Nacional mientras nuestro litigio continúa”.
Alito, respaldado por Thomas, escribió que “discrepa firmemente” con la forma en que la corte abordó el caso.
“La corte no explica por qué la autoridad constitucional inherente del presidente para proteger a los funcionarios y bienes federales no es suficiente para justificar el uso de miembros de la Guardia Nacional en el área relevante para ese propósito”, escribió Alito. “No estoy preparado en este momento para expresar una opinión definitiva sobre estas cuestiones, pero tengo serias dudas sobre la corrección de las opiniones de la corte”.
Alito argumentó que sus colegas “no tienen base para rechazar la determinación del presidente de que no podía ejecutar las leyes federales de inmigración utilizando los recursos de las fuerzas del orden civiles a su disposición”.
“Independientemente de lo que se piense sobre la aplicación de las leyes migratorias por parte del Gobierno actual o sobre el trabajo de ICE, la protección de funcionarios federales ante posibles ataques letales no debería verse frustrada”, añadió.
La decisión de la corte, que llegó dos meses después de que el Gobierno de Trump presentara su apelación de emergencia, se produjo cuando las tensiones en una instalación de ICE al oeste de Chicago parecían haberse reducido. El Gobierno informó a un tribunal federal en otro caso, semanas atrás, que la “mayor coordinación” con la policía local había “reducido la necesidad de que los funcionarios federales” interactuaran con manifestantes en el edificio de Broadview, en los suburbios.
Funcionarios de defensa anunciaron en noviembre que estaban ajustando los despliegues previstos en Chicago, Los Ángeles y Portland. En ese momento, indicaron que solo unas 300 unidades de la Guardia Nacional de Illinois permanecerían listas para desplegarse. Órdenes de tribunales inferiores han bloqueado su capacidad para operar junto al Departamento de Seguridad Nacional.
La corte tardó inusualmente en resolver la disputa de emergencia, que el Gobierno de Trump presentó por primera vez a mediados de octubre. Dada la inusual cantidad de intercambios entre los jueces en la orden de este martes, parece probable que la mayoría conservadora de la corte debatió intensamente cómo resolver el caso.
Aunque la situación en Chicago se calmó, el Gobierno argumentó en documentos judiciales en noviembre que los despliegues seguían siendo necesarios. Mientras el caso estaba pendiente, el Departamento de Justicia informó a la Corte Suprema que “agresores violentos han disparado contra agentes del Departamento de Seguridad Nacional, lanzado ladrillos y concreto a agentes atrincherados y embestido sus vehículos con camiones”.
En ese sentido, la apelación de emergencia seguía siendo una prueba importante del poder presidencial para movilizar y desplegar la guardia en ciudades estadounidenses.
La decisión de la corte llegó semanas después de un tiroteo en Washington a fines de noviembre, que mató a una integrante de la Guardia Nacional y dejó a otro gravemente herido. El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, es un ciudadano afgano que trabajó previamente con Estados Unidos en Afganistán. Lakanwal ha sido acusado de varios delitos, incluidos homicidio premeditado y ataque con intención de matar.
Trump está usando la Guardia Nacional en Washington bajo una ley federal diferente que no estaba en cuestión ante la Corte Suprema.
Trump argumentó que una decisión de un tribunal inferior que bloqueó ese despliegue en Chicago “afecta indebidamente la autoridad presidencial y pone innecesariamente en peligro al personal y la propiedad federal”, insertando efectivamente a los tribunales en la cadena de mando.
La Corte Suprema fue llamada a pronunciarse sobre el tema mientras el Gobierno intentaba desplegar miembros de la guardia en varias ciudades, incluidas Portland, Memphis y Los Ángeles.
Un tribunal federal de distrito en Chicago bloqueó el despliegue en octubre.
La jueza federal April Perry, nombrada por el presidente Joe Biden, consideró que el Gobierno excedió su autoridad con el despliegue dadas las condiciones en el terreno. En una extensa opinión vinculada a su orden temporal, cuestionó la justificación del Gobierno para el envío de militares.
Perry señaló lo que describió como una “tendencia preocupante” del Gobierno a “equiparar protestas con disturbios”. El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago, confirmó en gran medida esa decisión, permitiendo que el Gobierno federalizara a los miembros de la guardia pero no los desplegara.
En el caso de Chicago, Trump federalizó a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois para “proteger a funcionarios y bienes federales”. Otros 400 miembros federalizados de la Guardia Nacional de Texas también estaban listos para ser desplegados en el estado. El Gobierno indicó que esos miembros de la guardia servirían “solo en funciones de protección” y no participarían en tareas de seguridad pública.
Bajo el nuevo acuerdo anunciado en noviembre, unos 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas en Chicago fueron enviados a casa y otros 200 permanecieron en espera en Fort Bliss. Aproximadamente 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois permanecerán en el área de Chicago.
Aunque el caso avanzaba rápidamente en los tribunales, los jueces ralentizaron el proceso a fines de octubre al ordenar presentaciones adicionales sobre una cuestión técnica pero importante acerca de lo que significa la ley cuando permite al presidente usar la guardia para reforzar “las fuerzas regulares para ejecutar las leyes de Estados Unidos”.
Illinois argumentó que ese lenguaje significaba que Trump podía llamar a la guardia para ayudar a las fuerzas armadas, no a agencias civiles como ICE. El Departamento de Justicia respondió que esa interpretación sería contradictoria, ya que a las Fuerzas Armadas generalmente se les prohíbe ejecutar la ley federal. El estado y el Gobierno pasaron semanas presentando escritos y contraescritos sobre esa cuestión.
Para defender sus despliegues, el Departamento de Justicia se basó en gran medida en una decisión de la Corte Suprema de 1827: Martin v. Mott. El caso trataba sobre Jacob Mott, miembro de la milicia de Nueva York que desobedeció la orden del presidente James Madison de movilizarse durante la Guerra de 1812. La Corte Suprema rechazó el argumento de Mott de que Madison había evaluado mal el peligro y escribió que “la autoridad para decidir si ha surgido la emergencia pertenece exclusivamente al presidente”.
Los estados que impugnan al Gobierno han rechazado la sugerencia de que las protestas contra agentes de ICE sean comparables a una invasión extranjera.
Esta historia fue actualizada para incluir información adicional.
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