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Trump pide a la Corte Suprema que le permita eliminar el TPS otorgado a miles de sirios

Por John Fritze, CNN

El Gobierno del presidente Donald Trump instó el jueves a la Corte Suprema a permitirle poner fin a las protecciones temporales para miles de sirios que han estado viviendo en Estados Unidos desde la brutal represión contra los manifestantes en el país de Medio Oriente hace quince años.

El Gobierno presentó una apelación de emergencia ante el alto tribunal, la primera de 2026, solicitando a los jueces no solo que le permitan poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los sirios, sino también que decidan cuestiones más amplias sobre la facultad del presidente para tomar decisiones similares en otros casos.

El TPS permite a las personas que llegaron de ciertos países en momentos de agitación social vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos de forma legal. Como parte de una campaña más amplia para frenar la inmigración, Trump ha buscado poner fin al estatus para múltiples grupos.

La Corte Suprema ha otorgado a la administración amplia deferencia para cancelar las designaciones en el pasado, incluyendo un caso que involucraba a venezolanos con TPS, que el tribunal falló en mayo. Y reiteró esa postura en un segundo fallo de emergencia en octubre.

El procurador general D. John Sauer, quien ha argumentado que los tribunales no tienen la facultad de revisar las decisiones sobre el TPS, instó a la Corte Suprema a abordar el asunto en cuanto al fondo. Argumentó que de lo contrario los tribunales inferiores “seguirían impidiendo la terminación de la protección temporal que la secretaria (de Seguridad Nacional) ha considerado contraria al interés nacional, atando esas decisiones a un litigio prolongado sin un final a la vista”.

Varios tribunales están considerando decisiones similares de la administración para poner fin al TPS.

La administración Obama otorgó el TPS a ciertos sirios en 2012, tras la represión de los manifestantes por parte del expresidente Bashar al-Assad. Esta designación se extendió repetidamente en medio de la guerra civil que estalló en el país. Sin embargo, funcionarios de Trump señalaron que el régimen de Assad cayó en 2024 y anunciaron que pondría fin a la designación del TPS en noviembre pasado.

Un tribunal federal de distrito suspendió temporalmente esa decisión el año pasado, al determinar que la medida del Departamento de Seguridad Nacional probablemente violaba una ley federal que dicta cómo las agencias deben considerar y tomar decisiones. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., con sede en Nueva York, mantuvo vigente la decisión del tribunal inferior.

La demanda fue presentada por siete ciudadanos sirios que “corren un peligro casi seguro si se ven obligados a regresar a Siria”, declararon sus abogados ante un tribunal inferior.

Aproximadamente 7.000 sirios podrían verse afectados por la decisión, según los registros judiciales presentados en una etapa anterior del caso.

“No existe una base razonable para esta decisión”, declararon los abogados de los sirios ante un tribunal federal de distrito el año pasado. “En cambio, forma parte de la decisión política preordenada de la administración Trump, motivada por la animosidad, de poner fin a este programa autorizado por el Congreso mediante la cancelación generalizada de las designaciones del TPS”.

Los beneficiarios del TPS son investigados y no son elegibles si han sido condenados por algún delito grave o más de un delito menor en EE.UU. El secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad discrecional de designar un país para el TPS. Sin embargo, los críticos, incluido Trump, afirman que las designaciones nunca tuvieron la intención de ser permanentes.

“Esta solicitud marca la tercera vez que el gobierno se ve obligado a solicitar una suspensión a este tribunal después de que tribunales inferiores bloquearan sin fundamento las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre el TPS justo antes de su entrada en vigor”, declaró la administración ante la Corte Suprema en su apelación el jueves.

Tras una avalancha de apelaciones de emergencia en la Corte Suprema el año pasado, estas han disminuido considerablemente en los últimos meses. La última solicitud de emergencia de la administración Trump se presentó y resolvió en diciembre. En ese caso, el tribunal falló en contra de la administración Trump, manteniendo vigente una demanda federal interpuesta por jueces de inmigración que intentan impugnar una política que limita su capacidad para hablar en público.

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