¿Hemos visto ya los últimos archivos de Epstein? Legisladores y víctimas exigen que se publiquen más
Por Annie Grayer, Paula Reid, Katelyn Polantz y Tierney Sneed, CNN
Una ley de transparencia aprobada por el Congreso ha obligado a publicar más archivos de Epstein que nunca, pero algunos legisladores y víctimas están explorando formas de presionar al Departamento de Justicia para que revele aún más información del voluminoso material que se mantiene oculto.
Unos 2,5 millones de documentos de los archivos de investigación del Departamento de Justicia sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein no se han hecho públicos, y muchas de las 3,5 millones de páginas que sí se han publicado están fuertemente tachadas, lo que suscita interrogantes sobre qué información se está ocultando al público.
En el Capitolio, los legisladores están estudiando una nueva ley y aún desean interrogar bajo juramento a la secretaria de Justicia Pam Bondi sobre su gestión de los archivos de Epstein, lo que podría revelar información oculta.
Bondi se reunió voluntariamente con miembros de la Comisión a puerta cerrada el miércoles, pero la reunión se tornó tensa cuando los demócratas abandonaron la sala visiblemente frustrados, alegando que Bondi se negaba a cumplir con la citación judicial.
La presión para que Bondi testifique surge en medio de la frustración y la insatisfacción con la forma en que la administración ha cumplido con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, y con las limitaciones de la propia ley.
Los representantes Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California —el dúo que lideró el impulso bipartidista para aprobar la legislación en el Congreso a finales del año pasado— están sopesando si unirse a las víctimas de los abusos de Epstein para demandar y obtener acceso a más archivos.
Massie y Khanna reconocieron a CNN en una entrevista reciente que el hecho de no incluir un mecanismo de aplicación en el texto ha creado algunas limitaciones a la ley.
“Si hubiera salido que la secretaria de Justicia va a infringir la ley y que habría que llevarla ante un tribunal para que se juzgara una ley claramente redactada, lo habría hecho”, declaró Massie cuando se le preguntó por qué no incluyeron una sección en el proyecto de ley que describiera lo que se denomina una “causa de acción”, es decir, una guía legal sobre cómo alguien o el propio Congreso podrían acudir a los tribunales para poner a prueba el cumplimiento del Departamento de Justicia con la ley de transparencia.
Pero siguen argumentando que la presión pública ha sido su mejor herramienta.
El Departamento de Justicia ha accedido repetidamente a corregir errores de censura, incluida la divulgación indebida de los nombres de las víctimas, al tiempo que insiste en que los funcionarios no ocultan nada.
Actualmente no existe ningún mecanismo legal que permita a un juez obligar al departamento a eliminar las partes censuradas o a publicar más documentos.
Un alto funcionario del Departamento de Justicia declaró recientemente a los periodistas que esperan dar por concluida la investigación sobre Epstein y que no se prevén cargos adicionales a menos que surja nueva información.
“Nos han criticado duramente los abogados, el Congreso y el público por cometer errores”, indicó el funcionario, argumentando que algunas de las críticas han sido injustas dado a que los abogados trabajaron largas jornadas bajo presión, y algunos revisaron más de 1.000 documentos por semana.
“Siempre hay muchísimos errores en la revisión de documentos”, añadió el funcionario, y señaló que el departamento implementó nuevos procedimientos tan pronto como se dieron cuenta de que había problemas con la publicación.
Según la ley, el Departamento de Justicia estaba autorizado a retener o censurar ciertos documentos, como información clasificada y representaciones de abuso sexual infantil.
El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, declaró ante el Congreso que el departamento fue más allá, ocultando también algunas deliberaciones internas, comunicaciones entre abogados y clientes y actas de juicios del jurado investigador.
Según Blanche, el departamento también retuvo archivos de Epstein que estaban escritos en idiomas extranjeros, y algunos registros no pudieron subirse a la base de datos pública debido a problemas técnicos.
La citación judicial de Bondi es el último quebradero de cabeza para el Departamento de Justicia y un ejemplo de cómo el Congreso puede seguir ejerciendo presión incluso sin nuevas leyes ni litigios.
A principios de este mes, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, votó de forma bipartidista a favor de citar a Bondi como parte de su investigación sobre Epstein, quien falleció en prisión en 2019.
La presión sobre Bondi se centra especialmente en la gestión del departamento respecto a la publicación de los archivos, un aspecto secundario de la investigación de la Cámara sobre Epstein.
Como parte de esa investigación en curso, los legisladores y sus equipos han hablado con figuras destacadas que aparecen en los archivos, como el expresidente Bill Clinton, y con otros que formaban parte del círculo íntimo de Epstein, incluida su cómplice Ghislaine Maxwell.
Bondi recibió la citación a principios de esta semana, pero se espera que consulte con la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia antes de responder oficialmente.
Mientras tanto, Bondi y Blanche informaron a los legisladores de la Comisión de Supervisión a puerta cerrada el miércoles para responder preguntas sobre el proceso de censura del departamento y su manejo de la investigación de Epstein.
“Lo dejé bien claro: cumpliré la ley”, declaró Bondi después de la reunión.
Aunque el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, indicó que “personalmente” no veía ninguna razón para que Bondi compareciera para prestar testimonio, declaró a CNN que planea seguir adelante con la citación, dado que cinco republicanos de su comisión la apoyaron.
Mientras tanto, un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes está estudiando una legislación que intentaría responsabilizar al Departamento de Justicia y al FBI por cualquier censura indebida y que obligaría a la publicación de los documentos restantes.
Si el Congreso redactara un nuevo proyecto de ley, tanto Khanna como Massie afirmaron que se asegurarían de que incluyera las disposiciones sobre la aplicación de la ley que se omitieron en la legislación actual, a pesar de que sostienen que la norma actual es aplicable y ha obligado a la divulgación de más documentos de los que nadie creía posibles en el momento de su promulgación el año pasado.
“Hemos logrado la liberación de más de la mitad”, declaró Khanna. “¿Podría la ley haber sido un 20 % mejor? Claro, pero la mayor parte de esto es simplemente un incumplimiento flagrante de la norma tal como está”, afirmó.
Los miembros del Congreso pueden consultar una versión de los archivos sin censurar o, al menos, con menos partes tachadas.
El Departamento de Justicia les ha recordado a los legisladores este derecho, incluso en una carta reciente, con la esperanza de que la controversia sobre el contenido censurado de los archivos desaparezca, como lo expresó un alto funcionario.
En cambio, tras examinar esos documentos en ordenadores dentro de un edificio del Departamento de Justicia, los legisladores han expresado quejas de que la agencia federal no está cumpliendo la ley de transparencia.
Afirmaron que el Departamento de Justicia cometió un error al ocultar las identidades de los presuntos cómplices de Epstein y al retener tres memorandos del FBI con entrevistas a una mujer que alegó que el presidente Donald Trump abusó de ella cuando tenía entre 13 y 15 años.
El departamento respondió eliminando las partes censuradas y publicando los memorandos.
Trump ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidades en relación con Epstein, y el hecho de que un nombre aparezca en los archivos del caso Epstein no es prueba de que se haya cometido alguna irregularidad.
Los legisladores afirman que esperan que la indignación pública por la gestión de la investigación de Epstein y la publicación de los archivos mantenga la presión sobre el Departamento de Justicia.
“La presión pública está dando resultado ahora mismo”, declaró Massie.
“Nunca antes en la historia moderna de Estados Unidos ha existido una ley que haya expuesto tanto a la élite global”, señaló Khanna. “Ha sido una ventana al círculo de Epstein. Gente rica y poderosa que actuaba como si estuviera por encima de la ley”.
Que el Congreso esté buscando desesperadamente nuevas herramientas para forzar la publicación de documentos adicionales sobre Epstein es, en cierto modo, consecuencia de sus propias acciones.
“El hecho de no haber incluido un mecanismo de aplicación en la ley de transparencia sobre Epstein fue uno de los mayores errores del Congreso en mi vida”, declaró Bradley Moss, un abogado especializado en seguridad nacional con amplia experiencia en litigios sobre asuntos de transparencia gubernamental.
“En efecto, la ley era poco más que una norma que decía ‘por favor, hagan lo correcto’, ordenando al Departamento de Justicia que publicara registros adicionales sin crear realmente un medio legal directo para garantizar que el Departamento de Justicia hiciera precisamente eso”, aseguró Moss.
Según declaró Khanna a CNN, cuando los legisladores estaban redactando la ley, se debatió con sus asesores legales la posibilidad de añadir ese texto específico, pero finalmente decidieron que cualquier incumplimiento de la ley podría considerarse obstrucción a la justicia por parte de los funcionarios del Departamento de Justicia, y que el Congreso podría solicitar procesamientos en futuras administraciones.
“En retrospectiva, probablemente habría añadido algo explícito sobre una acción legal privada también”, apuntó Khanna.
Los borradores anteriores del proyecto de ley también habrían obligado a otras agencias, como la CIA, a divulgar cualquier documento relacionado con Epstein.
Sin embargo, esa cláusula se eliminó para lograr el consenso necesario que garantizara su aprobación final y la firma de Trump, ya que el presidente y su equipo habían estado presionando a los republicanos para que no respaldaran la iniciativa.
“Cuando se aprueba un proyecto de ley como este, no se puede volver atrás y decir: ‘Oh, deberíamos haber añadido esto’, porque si se hubiera añadido aquello, probablemente no habría salido adelante”, trasladó Massie.
Aunque la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes citó al Departamento de Justicia para que entregara los archivos de Epstein en agosto de 2025, no fue hasta que se aprobó la ley de Massie y Khanna en noviembre de 2025 que el Departamento de Justicia comenzó a entregar los documentos más importantes.
Khanna y Massie intentaron recientemente, sin éxito, convencer a un tribunal federal de Nueva York para que designara a un abogado externo que supervisara la publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia.
Escribieron al juez Paul Engelmayer, quien ha estado supervisando el esfuerzo por proteger las identidades de las víctimas en el caso penal contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, diciéndole que “tenemos preocupaciones urgentes y graves sobre el incumplimiento por parte del Departamento de Justicia de la Ley [de Transparencia]”.
El Departamento de Justicia argumentó que los miembros de la Cámara de Representantes no tenían derecho a acudir a los tribunales para intentar hacer cumplir la ley.
“Al carecer de legitimación procesal y de causa de acción, los Representantes no pueden solicitar la reparación que piden y, con el debido respeto, el Tribunal carece de autoridad para emitirla”, escribió el fiscal estadounidense Jay Clayton ante el tribunal.
Engelmayer coincidió en gran medida, dictaminando que el caso penal de Maxwell no era el foro adecuado para que los tribunales federales supervisaran el cumplimiento de la ley por parte del Departamento de Justicia.
“Los representantes también tienen, por supuesto, la libertad de ejercer la supervisión del Departamento de Justicia a través de las herramientas disponibles para el Congreso”, señaló Engelmayer a finales del mes pasado.
Aunque los legisladores fracasaron en este intento, afirmaron que Engelmayer les brindó a ellos y a los sobrevivientes la oportunidad de demandar a título personal.
“Este problema no desaparecerá hasta que publiquen los archivos”, sentenció Khanna.
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