Juan Orlando Hernández, a CNN sobre su indulto: “Trump lo hace porque se da cuenta de que se cometió una injusticia”
Por María Santana y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
Cinco meses después de recuperar su libertad gracias a un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández no se aparta de la narrativa que ha sostenido desde las acusaciones que lo llevaron a una prisión federal en Virginia Occidental, Estados Unidos: que fue víctima de una persecución política y de un sistema judicial utilizado como arma por sus adversarios.
En una extensa entrevista con CNN, Hernández defendió nuevamente su inocencia, justificó el indulto presidencial que anuló su condena y abordó temas que iban desde el escándalo conocido como Hondurasgate hasta el caso del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York por cargos de narcotráfico que él rechaza.
Pero quizá los momentos más reveladores llegaron cuando fue confrontado sobre la violencia, la corrupción y el sufrimiento que muchos hondureños asocian con los años de su gobierno.
Hernández aseguró que logró convencer a Trump de que ambos habían sido víctimas de persecución política.
“Yo le decía: Usted ha vivido una persecución, quieran o no reconocerlo. Ahí hay hechos concretos”, afirmó Hernández al referirse a la carta que le escribió al mandatario estadounidense. “Mi caso era un caso tan evidente del uso de la justicia como arma política”, agregó.
El expresidente, extraditado a Estados Unidos en 2022 y posteriormente condenado a 45 años por cargos de narcotráfico ante una corte federal de Nueva York, sostiene que el jurado no tuvo acceso a información que, según él, demostraba su colaboración con agencias estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.
“Trump lo hace porque se da cuenta (de) que se comete una injusticia”, dijo. “El sistema se encargó de corregir a tiempo la injusticia que cometieron conmigo”.
Hernández negó haber tenido contacto directo con Trump desde que recuperó la libertad, aunque expresó públicamente su agradecimiento por la decisión. Señaló que espera escribirle una carta más adelante para agradecerle el indulto, una vez concluya algunos asuntos que, dice, tiene pendientes.
El anuncio del indulto llegó días antes de las elecciones presidenciales de Honduras, en las que Trump respaldó abiertamente a Nasry “Tito” Asfura, quien finalmente resultó vencedor. Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente de EE.UU. ha renovado su atención a América Latina, lo que incluye intervenciones explícitas en campañas electorales en países como Argentina y Honduras.
Desde la migración y el narcotráfico hasta la competencia geopolítica con China y la crisis en Venezuela, América Latina es una pieza cada vez más relevante de la política exterior y de la seguridad nacional de Washington.
Trump defendió su medida de clemencia, calificando el proceso contra Hernández de “cacería de brujas” durante el gobierno de Biden y argumentando que muchos en Honduras se lo habían pedido.
Un jurado federal estadounidense condenó al exmandatario hondureño en un caso que los fiscales presentaron como una conspiración para convertir a Honduras en un corredor clave para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
El indulto generó polémica en ambos países. Más de 50 organizaciones latinoamericanas, así como legisladores republicanos y demócratas, cuestionaron la decisión de perdonar a alguien sentenciado por narcotráfico, especialmente cuando el Gobierno de Trump ha impulsado la lucha contra el tráfico de drogas en la región, aumentando la actividad militar y realizando polémicos ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe.
Hernández evitó pronunciarse sobre la estrategia estadounidense al referirse a los ataques. “No quiero interferir en las políticas de otro país”, respondió, y aprovechó para hablar de sus propias estrategias de seguridad y de las medidas que adoptó durante su gobierno en Honduras.
Aunque reconoció la gravedad de la amenaza que representan los carteles para la región, Hernández sostuvo que cualquier decisión de intervenir en otro país debe balancear el respeto a la soberanía nacional con las obligaciones de seguridad de cada Estado.
“Ahí tengo que respetar la soberanía de cada país en el sentido de que si se sienten amenazados. Si mi país se sintiera amenazado y yo fuera el presidente, mi obligación es actuar”, afirmó.
Otra de las polémicas que rodearon el indulto fue que Roger Stone, uno de los operadores políticos más cercanos a Trump, intercedió por Hernández y fue quien envió la carta al presidente. Stone ya había recibido un indulto de Trump en 2020, luego de ser hallado culpable de mentirle al Congreso, de intimidar a testigos y de desacato, entre otros cargos.
Hernández aseguró que no conocía personalmente a Stone antes de que éste comenzara a interesarse en su caso.
“Yo no sabía nada de él más que los artículos que él publicaba. Mi esposa me los mandaba vía correo electrónico de la cárcel”, afirmó.
Hernández aseguró que unos periodistas conectados con el propio Stone, que seguían de cerca su caso y realizaron entrevistas en Honduras, le hicieron llegar datos de su situación.
“Él (Stone) me dijo: Estudié por varias semanas su caso y sentí que era una prueba clara de cómo se usa la justicia como arma política”, dijo.
Stone ha sostenido en varias entrevistas que actuó por convicción tras estudiar el expediente de Hernández y ha negado haber recibido compensación económica por su participación.
La entrevista a Hernández también abordó el caso del expresidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Maduro, quien fue llevado a su primera audiencia judicial en Nueva York el 5 de enero, se declara inocente.
Al ser consultado sobre si Maduro podría recurrir a algunos de los mismos argumentos que él ha utilizado para defenderse —como la existencia de motivaciones políticas, testigos colaboradores con incentivos para declarar o irregularidades en el proceso—, Hernández no quiso hacer comparaciones directas.
Sin embargo, defendió el principio de que toda persona acusada merece el debido proceso. “Todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se le vence el juicio”, afirmó.
Hernández también cuestionó el alcance de la justicia estadounidense más allá de sus fronteras al sostener que los procesos contra líderes extranjeros deben basarse en pruebas sólidas y no únicamente en acusaciones o testimonios.
“Nunca se puede acusar a alguien con ese nivel de perfil si no se tiene la evidencia contundente.”
El indulto total e incondicional que Trump le concedió a Hernández no solo anuló la condena que cumplía en Nueva York por narcotráfico, sino que también dejó atrás una larga lista de otros cargos presentados por el Departamento de Justicia, entre ellos conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego, que retratan varios años de presunta actividad criminal.
En la acusación también se destaca que el exmandatario “supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento”.
El político hondureño gobernó su país entre 2014 y 2022 y los fiscales federales lo consideraban el eje de una conspiración que movió 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Mientras el proceso judicial avanzaba en Nueva York, familiares de víctimas de la violencia y del crimen organizado en Honduras realizaron vigilias frente al tribunal. Algunos sostenían fotografías de sus hijos, hermanos y padres asesinados durante su mandato.
Hernández evitó responder si sentía algún remordimiento por el dolor de miles de hondureños causado por la violencia durante su gobierno, pero atribuyó esas críticas a una campaña política en su contra. Durante todo el mandato de Hernández, la tasa de homicidios en Honduras fue superior a la media de América Latina; en 2022, su último año en el cargo, fue de 35 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la región fue de 20, según el Banco Mundial.
“Las campañas de desinformación que montó el régimen de Venezuela y el grupo del Partido Libre en Honduras y después conectadas con un grupo de la izquierda radical aquí de Estados Unidos, del Partido Demócrata, fue satanizar todo lo que habíamos hecho”, dijo. En contraste, los aludidos rechazan haber hecho señalamientos infundados contra el exmandatario.
A lo largo del intercambio, Hernández no se dirigió a las familias que asocian esos años con pérdida y sufrimiento. En cambio, defendió los resultados de sus políticas de seguridad y las acciones de su gobierno contra el narcotráfico, y sostuvo que dichas medidas contribuyeron a reducir la criminalidad.
Cuando se le preguntó cuál consideraba que había sido su mayor error como presidente en el combate al narcotráfico y la violencia, su respuesta volvió a centrarse en los elementos que, según él, habrían fortalecido su defensa judicial.
“Creo que mi error fue no tener, al mismo tiempo que estábamos planificando con agentes de Estados Unidos, documentado haberlo dejado por escrito”.
Hernández ahora enfrenta en su país un escándalo conocido como Hondurasgate: una filtración de audios grabados entre enero y abril de 2026, publicada por Diario Red y Hondurasgate.ch que lo vincularía con una supuesta red destinada a desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina, incluyendo operaciones en países como Colombia y México. Hasta ahora, este escándalo no ha derivado en la apertura de investigaciones formales.
Hernández rechazó categóricamente la autenticidad de los audios y sostuvo que forman parte de una nueva campaña en su contra. Los audios, publicados por algunos medios en Honduras, muestran supuestas grabaciones de Hernández y de algunos actores políticos, coludidos para desestabilizar varios gobiernos de la región.
CNN no ha verificado estos audios de manera independiente. El expresidente citó un informe técnico encargado por su equipo y realizado por Miguel Ángel de la Torre Guijarro, director general de Graudio Forensics SL, una empresa española especializada en servicios periciales de acústica forense.
El informe, que CNN pudo revisar, concluye que hay indicios de edición o manipulación del audio, incluso con posible uso de IA, pero aclara que no puede confirmar si es auténtico o falso porque no tuvo acceso a los archivos originales. CNN solicitó comentarios a Diario Red y espera respuesta.
Hernández sostuvo que esa limitación refuerza sus dudas sobre la autenticidad de las grabaciones. “Si hubieran sido ciertos, ellos hubieran tenido los audios originales y los hubieran expuesto”, afirmó. Asegura que está dispuesto a cooperar con una investigación técnica independiente sobre los audios.
Consultado sobre quién estaría detrás de la filtración, Hernández volvió a señalar a actores políticos nacionales e internacionales que, según él, han intentado desacreditarlo desde antes de su arresto.
A pesar de los procesos judiciales que aún enfrenta en su país, por lavado de activos y fraude, cargos que él rechaza, Hernández aseguró que su intención es regresar a Honduras, donde la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado solicitó el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros del exmandatario.
“Voy a regresar a Honduras siempre, porque quiero enfrentar ese montaje político que dejó el partido anterior”, aseguró el exmandatario en referencia a Libre, el principal opositor al Partido Nacional, la agrupación política a la que pertenecía. Hernández considera que Libre ha hecho señalamientos sin sustento en su contra, mientras que el partido defiende sus críticas al exmandatario.
Descartó, eso sí, volver a la política. Hernández dijo que su prioridad ahora es recuperar el tiempo perdido con su familia tras años de separación, si bien afirma que seguirá participando en los asuntos públicos y expresándose como ciudadano hondureño cuando lo considere necesario.
Aún no tiene fecha para regresar a Honduras. Explicó que su decisión dependerá, en gran medida, de las condiciones de seguridad y de las recomendaciones que reciba sobre los riesgos que podría enfrentar al volver al país, más que de los procesos judiciales pendientes.
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