¿Para qué se usaron millones de datos personales en Buenos Aires?

olivertapia

(CNN Español) — El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tendría que haber reunido datos personales únicamente de 40.000 prófugos, según un expediente al que CNN accedió. Sin embargo, realizó 9.900.282 extracciones de registros biométricos de millones de ciudadanos.

El último día de la campaña electoral presidencial de 2019, los datos personales de la entonces candidata a vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fueron extraídos por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió dos días antes de las elecciones primarias de 2021 con los del presidente Alberto Fernández, y algo similar se repitió con los registros biométricos de la dirigente Patricia Bullrich, miembro de la misma coalición que gobierna la capital argentina, según muestra el expediente. Estas figuras de relevancia pública forman parte de la lista de millones de personas cuyos registros biométricos obtuvo el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En esa lista también están otros políticos de diferentes fuerzas, empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales y periodistas. Pese a distintas explicaciones oficiales, aún no está claro por qué ni para qué el Ministerio accedió a dicha información.

“Madres de Plaza de Mayo, periodistas, la señora vicepresidenta, de todas esas personas ninguna está en el reconocimiento facial de prófugos”, sostuvo en una entrevista con CNN el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

El Sistema de Reconocimiento Facial es una herramienta que utilizan distintas fuerzas de seguridad en Argentina. Esta tecnología necesita tener cargadas en una base de datos fotos faciales para poder identificar a esas personas a través de cámaras de seguridad. Estas buscan coincidencias con los rostros de quienes circulan delante de ellas. En caso positivo, emiten una alerta.

La Ciudad de Buenos Aires implementó este mecanismo para buscar prófugos. Funcionó en 300 cámaras de seguridad de la capital argentina entre abril de 2019 y abril de 2020. El gobierno local explicó que dejó de usarlo un mes después del inicio de la pandemia de covid-19 porque las mascarillas reducían la efectividad del sistema para reconocer rostros.

Hasta entonces, el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos obtenía los datos personales necesarios para detectar delincuentes a través de la información que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) le suministraba al Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

En un escrito judicial, Renaper explicó que la transferencia de datos personales incluye nombre, apellido, sexo, número de DNI y fotos del rostro.

Las fotos faciales son el insumo principal de estas cámaras. Necesitan tenerlas cargadas en su base de datos para poder detectar coincidencias con las personas que observan en la calle y los presuntos prófugos.

Con ese único propósito, un convenio firmado en 2019 con el Renaper le permitió al Ministerio de Seguridad capitalino obtener los registros biométricos necesarios para que las cámaras funcionaran. Pese a la suspensión del sistema, este convenio siguió vigente y, tal como muestra el expediente, el flujo de datos personales continuó hasta marzo de 2022.

En este punto, D’Alessandro reconoció el acceso a millones de datos personales pero negó que estos hayan sido cargados al sistema de reconocimiento facial.

“Lo que mezcla es el sistema de reconocimiento facial que busca prófugos con las consultas al Renaper y lo que hace la consulta al Renaper, que las hacen todas las fuerzas de seguridad, es validar identidad”, explicó. De este modo, justificó “esas millones de consultas”.

Entonces, aquí empiezan las dudas sobre por qué y para qué el Ministerio obtuvo esta cantidad de registros biométricos.

Renaper entregó un escrito a la Justicia en el que sostiene que “existe una única conexión lógica” con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y adjuntó el convenio firmado entre ambos. Allí se establece que “los datos aportados serán procesados por el sistema ‘Face ID’”, mediante el cual a través de una cámara fija se reconocen los rostros de las personas registradas.

En contraposición, el ministro explicó en otro escrito judicial que el convenio tiene un “amplio ámbito funcional”.

Sin embargo, una resolución firmada en 2019 por Diego Santilli, ministro de Seguridad en ese momento, especifica que dichos datos serán “tendientes a verificar la identidad de prófugos”.

Los puntos de difícil explicación surgen cuando se analizan las 9.900.282 migraciones de registros biométricos.

Esa larga lista incluye a algunas figuras de relevancia pública de diversos ámbitos.

Según el expediente, los datos personales de Cristina Fernández de Kirchner se solicitaron 225 veces; 9 veces los de su hija, Florencia Kirchner; 12 los de su hijo, Máximo Kirchner; 76 los del presidente, Alberto Fernández; 18 los de Patricia Bullrich; 1 los del juez de la Corte, Daniel Rosenkrantz; 2 los del accionista del multimedio más grande de Argentina, el Grupo Clarín, Héctor Magnetto; 2 los de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y 5 los de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros.

“Todas esas personas que él dice que fueron chequeadas con el Renaper no están en el reconocimiento facial”, argumentó D’Alessandro.

Pese a la posición del Ministerio de Seguridad porteño, para un juez este exceso resultó “alarmante” y resolvió que el sistema de reconocimiento facial no volviera a funcionar después de la pandemia. El gobierno de la Ciudad repudió la decisión e inició acciones legales para reestablecerlo.

“Es tan rídiculo como preocupante. Él publica un listado de 64 personas de las cuales una sola está subida al reconocimiento facial que es el policía Arshak que está desaparecido y por orden judicial lo estamos buscando con todas las herramientas”, sostuvo el ministro.

D’Alessandro critica al juez de la causa, Roberto Andrés Gallardo. El magistrado también fue cuestionado por las autoridades de la ciudad de Buenos Aires en causas judiciales anteriores que estuvieron a su cargo.

De hecho, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, catalogó a la suspensión del sistema de reconocimiento facial como “un fallo funcional al kirchnerismo”. En reiteradas oportunidades las autoridades locales pusieron en duda su imparcialidad, algo que ha rechazado el juez.

D’Alessandro brindó motivos que explicarían la razón de las 9.900.282 extracciones de datos personales.

En un escrito judicial esgrimió que para los “sinnúmeros” de controles de cuarentena se necesitaba chequear identidad.

Esto mismo mencionó en la entrevista con CNN: “Cuando pedías un permiso para circular en época de covid, se validaba identidad con Renaper”.

Dicha afirmación no termina de explicar por qué, tal como muestra el expediente, se registran solicitudes de datos personales en los años 2019, cuando no se necesitaba permiso para circular, y 2022, un año sin cuarentena.

En una conferencia de prensa el ministro dio otro motivo: “Todos los que estamos acá hicimos alguna una vez un trámite en la Ciudad. El sistema de Tribuna Segura, certificar un domicilio, fe de vida, una denuncia, todo eso valida identidad”.

Lo mismo expuso en su escrito judicial al esgrimir que las fuerzas de seguridad necesitan constatar identidad para “tareas administrativas”.

Pero ¿a qué hora se realizan esos trámites?

El expediente muestra que a las 00:18 de la madrugada del 24 de octubre de 2019, el último día de campaña de las elecciones presidenciales, se pidieron los datos personales de Fernández de Kirchner. A las 11:28 de la noche del 10 de septiembre de 2021, dos días antes de las elecciones primarias, se registró una solicitud de registros biométricos de Alberto Fernández; y de Bullrich, a las 2:16 de la madrugada del 22 de octubre de 2020.

CNN obtuvo parte de esta información días después de la entrevista con D’Alessandro y contactó al ministerio nuevamente. En esta oportunidad, sus voceros respondieron que darán las explicaciones necesarias ante la Justicia.

La falta de control es otro rasgo que se desprende de este caso.

La ley que reglamentó el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, motivo por el cual el Ministerio de Seguridad firmó el convenio con el Renaper, estableció que la Legislatura de la Ciudad debía crear una comisión especializada para su control. Esta nunca se creó.

D’Alessandro responsabilizó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por este incumplimiento. A su vez, insistió que los datos personales de esas 9.900.282 extracciones no fueron utilizados en el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. El circuito de los datos personales para el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos también padece la falta de control.

¿Cómo es su secuencia?

1. El Ministerio de Justicia de la Nación agrupa las identidades de los prófugos en la base de datos de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc).

2. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad revisa la base Conarc y solicita al Renaper los registros biométricos (fotos) de las personas que allí figuran.

3. El Renaper transfiere la información.

Los datos de Renaper contienen los rostros que las cámaras necesitan para detectar coincidencias, localizar a personas buscadas y emitir alertas. Pese a esto, resulta importante aclarar que Renaper no revisa si los datos personales que brinda coinciden con los de la base Conarc.

“La falta de control es enorme”, criticó un miembro del Observatorio del Derecho Informático Argentino, Rodrigo Iglesias, quien denunció al gobierno porteño.

Esta organización fue la que inició la investigación judicial sobre la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos.

El Gobierno de la ciudad anunció que iniciará acciones legales para restablecer el funcionamiento de este mecanismo. Su jefe de gabinete, Felipe Miguel, argumentó que el sistema de reconocimiento facial es una herramienta “muy importante para la seguridad”.

En ese sentido, las cifras oficiales indican que en la capital argentina contribuyó a detener 1.694 prófugos mientras estuvo activo. La contracara de este dato está en los errores de este mecanismo. Confundió personas inocentes con delincuentes y esto desencadenó el inicio de la causa judicial en contra del gobierno de la Ciudad.

Se desconoce cuántas personas fueron detenidas equivocadamente. 15% es el margen de error del Sistema de Reconocimiento Facial que aparece en el pliego de contratación firmado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, según el expediente, de todas las alarmas que las cámaras emitieron, solo un 53,8% coincidió con un prófugo.

“Uno de cada dos ciudadanos tenían riesgo de estar demorados en una comisaría y no es nada grato estar demorado en una comisaría cuando uno no es prófugo de la Justicia”, afirmó Iglesias.

“No es que el sistema falló. Las veces que el sistema falló en realidad es por buscar lo que la Justicia cargó mal”, señaló el ministro de Seguridad de la Ciudad.

“Presentamos la recusación del juez Gallardo para apartarlo de la causa por su flagrante parcialidad”, aseguró el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

Incluso, el ministro de Seguridad porteño lo denunció penalmente por supuestas irregularidades en el procedimiento judicial, algo que el magistrado rechaza.

“No es que solamente suspende una herramienta que es para cuidar a los vecinos de la ciudad, sino que también lo que está transmitiendo es que desde la Ciudad se utiliza esto para hacer inteligencia y esto es falso”, concluyó el ministro.

Las autoridades buscaban a 40.000 prófugos, pero obtuvieron datos personales de millones de ciudadanos a través de 9.900.282 extracciones. ¿Quiénes completan esa gran lista? Cualquiera podría estar en ella. No se sabe con exactitud, así como tampoco las razones.

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