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Empleados federales están confundidos y enojados por la oferta de Trump para dejar sus empleos

Por Tami Luhby, Eric Bradner y Rene Marsh, CNN

La oferta del presidente Donald Trump a los empleados federales de dimitir ahora y cobrar hasta septiembre dejó atónitos a los trabajadores que la recibieron, enfadando a algunos, confundiendo a muchos y planteando dudas sobre si la oferta siquiera es legal.

Cuando un empleado del Departamento de Agricultura de EE.UU. con sede en Mississippi recibió la oferta de renuncia diferida el martes, la leyó, se rió porque simplemente “no tenía sentido” y luego la borró.

“Invertí toda mi vida en el gobierno federal”, dijo el empleado, que también pasó un tiempo en el ejército. “No voy a tirarlo todo por la borda”.

En todo Estados Unidos, varios trabajadores federales que hablaron con CNN dijeron que no estaban dispuestos a sacrificar beneficios -—incluidas las prestaciones sanitarias y de jubilación y la condonación de préstamos estudiantiles—, por no hablar de sus carreras. Pidieron que no se revelaran sus nombres por temor a represalias.

Los sindicatos de trabajadores federales no tardaron en arremeter contra la oferta de renuncia aplazada, subrayando que no se trataba de una liquidación y que el Gobierno podría no ser capaz de llevarla a cabo.

“Los empleados no deben tomarse el Programa tal como está”, dijo el miércoles a sus miembros la Federación Americana de Empleados del Gobierno, el mayor sindicato de trabajadores federales, en un comunicado con preguntas frecuentes sobre la oferta. Las comunicaciones de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) están “plagadas de incoherencias e incertidumbres. Tampoco está claro si la OPM tiene autoridad legal para apoyar el Programa o sus supuestos beneficios, y los criterios de elegibilidad son difusos”.

El sindicato advirtió que la oferta no contiene garantías de que los empleados cuyas dimisiones sean aceptadas “reciban los beneficios que el Programa pretende ofrecer”. Y señaló que el gobierno federal solo está financiado hasta mediados de marzo, por lo que la administración Trump no puede hacer promesas de pago más allá hasta que el Congreso apruebe un proyecto de ley de gastos.

Las reacciones negativas provocaron que el Gobierno de Trump enviara otro correo electrónico a los empleados el viernes, esta vez procedente de sus agencias individuales. En él se reforzaba, en texto subrayado, que la oferta es “válida, legal y será honrada por” los respectivos departamentos. Además, los que acepten la oferta “no estarán sujetos a una reducción de plantilla u otra separación prematura”, no tendrán que trabajar durante el periodo de aproximadamente ocho meses (salvo raras excepciones) y podrán aceptar un empleo no gubernamental durante ese tiempo.

El vicesecretario general de la Casa Blanca para políticas, Stephen Miller, dijo, sin aportar pruebas, que “un número significativo de trabajadores federales han aceptado la oferta” durante una charla con periodistas en la Casa Blanca el viernes.

Pero los trabajadores entrevistados por CNN no están dispuestos a abandonar el barco.

El empleado del Departamento de Agricultura de Mississippi, que dijo que aceptar la oferta está descartado, se mostró muy ofendido por el hecho de que el correo electrónico de la OPM hiciera referencia a que los empleados federales debían ser “leales”.

“Cuando levanté la mano derecha hace mucho tiempo, juré defender la Constitución”, dijo a CNN. “Así que no soy leal a nadie. Soy leal a mi país”.

El correo electrónico de la OPM, que contenía el asunto “Bifurcación en el camino”, tenía muchas similitudes con un correo electrónico que X, entonces llamada Twitter, envió a sus empleados días después de que Elon Musk se hiciera cargo de la compañía. Musk dirige ahora el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, uno de cuyos mandatos es reducir la plantilla federal.

La oferta se produjo en un momento en que Trump pretende remodelar la plantilla federal, lo que incluye reducir su tamaño, sustituir a los trabajadores de carrera por cargos políticos, eliminar algunas protecciones de la función pública, poner fin a los esfuerzos de diversidad y más.

Alrededor de 2,4 millones de personas trabajan para el gobierno federal, sin incluir a los trabajadores postales, que no son elegibles para el paquete. También quedan excluidos el personal militar y los que ocupan puestos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad nacional, entre otros.

Quienes reúnan los requisitos tendrán que decidirlo antes del 6 de febrero.

Un empleado del Departamento de Agricultura de EE.UU., próximo a jubilarse, dijo que no aceptará el incentivo de Trump y que tampoco esperan que lo haga nadie más en su oficina local de Illinois.

“Están tratando de cambiar todo de la noche a la mañana”, dijo el empleado. “Están tratando de reinventar el gobierno, y no creo que puedan hacerlo”.

“Me jubilo a los 60 años. Tengo mis 25 años. Tengo derechos adquiridos. No voy a ir a ninguna parte”, agregó.

La administración de Trump también está tratando de tomar medidas contra los empleados federales que trabajan desde casa o en funciones híbridas, en lugar de en sus oficinas a tiempo completo.

Pero gran parte de la fuerza de trabajo federal se encuentra fuera de la capital de la nación, y la oferta de Trump fue recibida con confusión y escepticismo en muchas de esas oficinas. Mientras que algunos trabajadores dijeron que no estaba claro en el correo electrónico original si tendrían que seguir trabajando hasta septiembre, un comunicado en el sitio de la OPM dijo que no se esperaría que los empleados trabajaran y se les animó a encontrar empleos en el sector privado.

“Le invitamos a quedarse en casa y relajarse o a viajar al destino de sus sueños. Lo que usted desee”, rezaba la sección de preguntas frecuentes.

A otros no les gustó la ominosa advertencia del correo electrónico de la OPM de que, si optan por quedarse, “no podemos darle plenas garantías sobre la certidumbre de su puesto o agencia”. También les irritó la sección que anima a los trabajadores a pasar de “empleos de menor productividad en el sector público a empleos de mayor productividad en el sector privado” para impulsar la prosperidad estadounidense.

Un empleado del Departamento de Trabajo dijo a CNN que inicialmente consideraron la oferta, pero dijo que “a medida que pasa el tiempo, crece más el escepticismo”, en parte debido a sus dudas de que la administración Trump cumpla con los ocho meses de pago que ofreció.

Un trabajador del Departamento de Asuntos de Veteranos dijo que la oferta de la administración Trump había sido contraproducente.

“Antes de hoy, no escuché nada excepto que la gente quería irse”, dijo el trabajador un día después de recibir la oferta. “Hoy la gente está decidida a quedarse”.

La oferta inicial de renuncia suscitó dudas entre algunos que dijeron que los correos electrónicos que habían recibido últimamente de la OPM no parecían legítimos. Algunos pensaron que los correos electrónicos de prueba iniciales que la OPM envió la semana pasada eran estafas de phishing, lo que les llevó a preguntar a sus gerentes qué hacer.

Algunos trabajadores federales dijeron que los cambios de Trump desarraigarán sus vidas y que la oferta disminuye el valor del trabajo que creen que ayuda a los estadounidenses.

Un trabajador del Servicio de Impuestos Internos dijo a CNN que la oferta los enfureció, aunque algunos de sus colegas han expresado interés en ella.

“¿Creen que somos tan estúpidos como para hacerlo?”, dijo el empleado, que tiene la intención de permanecer en el gobierno federal hasta su jubilación, para la que aún faltan años. “Van a tener que despedirme”.

El trabajador, que vive en el sur con su cónyuge y un hijo pequeño, dijo que les resulta gratificante ayudar a la gente.

“Realmente me encanta, sobre todo cuando estoy al teléfono con alguien solucionando sus problemas y [el contribuyente está] recibiendo dinero que ha estado intentando desesperadamente conseguir por su cuenta”, dijo el empleado del Servicio de Impuestos Internos.

Algunos trabajadores consideraron inquietante el correo electrónico de la OPM. Un empleado del Departamento de Interior -que dijo que su división ya tiene poco personal y ha tenido que emplear a contratistas, que cobran más- no pudo dormir el martes por la noche después de recibir el paquete de renuncia diferida.

“Es intimidación. Es acoso”, dijo el trabajador, que vive en Oklahoma. “Es cuestionar todo el trabajo duro y la importancia de lo que hacemos. Ser tratado así no es humano ni profesional”.

El correo electrónico de la OPM estaba escrito de una manera diseñada para coaccionar a los empleados federales a renunciar, dijo Doreen Greenwald, presidenta nacional del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU, por sus siglas en inglés), a CNN en una entrevista.

“Estaba escrito en un tono muy negativo, de forma amenazadora”, dijo. “No proporcionaba ninguna claridad sobre lo que se ofrecía”.

Después de que la OPM anunciara la oferta, el sindicato envió un aviso urgente a sus afiliados instándoles “enérgicamente” a no dimitir. El NTEU quería tranquilizar a los empleados diciéndoles que podían elegir, dijo Greenwald.

“No había respuestas en ese documento, así que tuvimos que dar esa información a nuestros afiliados para protegerlos”, declaró a CNN.

Además, un éxodo masivo de empleados federales “sería catastrófico para el gobierno federal y los servicios de los que dependen los estadounidenses cada día”, dijo Greenwald.

Otros sindicatos de empleados federales tenían mensajes similares para sus miembros, todos cuestionando la legalidad de la oferta.

“A diferencia de los programas estructurados que el gobierno federal ofreció en el pasado para reducir el número de empleados federales, esta maniobra pretende sembrar el pánico entre los funcionarios para que acepten lo que parece un buen trato, pero que probablemente sea una estafa”, dijo Randy Erwin, presidente nacional de la Federación Nacional de Empleados Federales, en un comunicado el miércoles.

“La oferta es una táctica de miedo diseñada para presionar a los trabajadores federales para que renuncien mientras prometen, bajo un acuerdo ilegal e inaplicable, pagarles hasta octubre”.

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