República Dominicana defiende su soberanía migratoria y crea comisión para revisar su marco legal ante presión internacional
Por Jessica Hasbun, CNN en Español
Tras las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres –quien expresó su “profunda preocupación” por las recientes deportaciones de haitianos desde República Dominicana, incluyendo 900 mujeres embarazadas o lactantes en el último mes–, legisladores dominicanos defendieron el derecho soberano del país a aplicar sus leyes migratorias.
Los congresistas exhortaron a Naciones Unidas y a otros organismos internacionales a actuar con mayor firmeza dentro de Haití, incluyendo mejoras urgentes al sistema hospitalario para atender a sus ciudadanos en su propio territorio.
En ese contexto, el presidente Luis Abinader emitió el martes el decreto 268-25, mediante el cual se crea una comisión consultiva temporal encargada de estudiar el marco jurídico migratorio de la República Dominicana. Coordinada por el jurista Milton Ray Guevara, la comisión está integrada por especialistas en Derecho público y privado, y deberá presentar recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre posibles ajustes legales.
Mientras tanto, este jueves, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión Permanente de Haití celebran el simposio “Encontrando soluciones urgentes para la crisis de seguridad en Haití”, en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington.
Está previsto que el evento sea inaugurado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por el presidente del Consejo de la República de Haití, Smith Augustin, con la participación de altos funcionarios haitianos y representantes del Gobierno de EE.UU.
En paralelo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, criticó el martes la falta de acción regional ante la crisis y urgió a la OEA a “dar un paso al frente” y liderar una misión internacional de paz. “Esa es precisamente la razón por la que existe la OEA”, dijo Rubio, quien también agradeció a Kenya por encabezar la actual misión multinacional, aunque advirtió que “esa misión por sí sola no resolverá el problema”.
La profunda crisis de inseguridad, violencia y colapso institucional que atraviesa Haití continúa generando una creciente presión regional. Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país ha estado sumido en un vacío de poder que ha facilitado el avance de las pandillas, las cuales controlan actualmente más del 80 % de la capital, según cifras oficiales. Solo en 2024, más de 5.600 personas murieron en incidentes de violencia, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. El deterioro sostenido de la situación pone a prueba la capacidad de respuesta del hemisferio.
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