Noboa consigue éxitos políticos mientras la agitación social en Ecuador aumenta. ¿Divide y reinarás?

Análisis por Ana María Cañizares, CNN en Español

En Ecuador los ánimos están calientes tras la eliminación por parte del Gobierno del subsidio al diésel y el descontento popular se ha hecho sentir en varios puntos, especialmente en provincias de la Sierra del país. El movimiento indígena y los sectores sindicales han convocado a diferentes protestas en contra de la medida a la que consideran antipopular por su posible impacto en el costo de la vida.

Pero en medio de la tensión social en las calles y los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en las carreteras, el presidente Daniel Noboa se anotó un éxito político a su favor luego de que la Corte Constitucional emitió el 24 de septiembre un dictamen favorable al Gobierno para que se convoque a una consulta popular que permita —entre otros aspectos— la instalación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución y levantar la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional.

La resolución fue posible luego de varios llamados de atención de la Corte Constitucional al Gobierno para que su equipo legal subsane y corrija constantes errores e inconsistencias en las propuestas de referéndum. A eso se suma que el presidente Noboa intentó evadir el filtro de la Corte Constitucional y tuvo que detener su decreto de convocatoria a consulta popular tras las críticas de diversos sectores políticos y judiciales que advirtieron sobre una eventual ruptura del orden democrático.

“Sí es cuestionable que quiso saltarse la revisión de la Corte Constitucional. La Corte demostró que no estaba para obstruir sino para servir de árbitro de la democracia y proteger derechos”, dijo el abogado especialista en derecho constitucional Daniel Gallegos a CNN.

Noboa ha puesto bajo presión no solo a la Corte Constitucional, sino también al Consejo Nacional Electoral, para que el país acuda a las urnas el próximo 16 de noviembre, que es la fecha tentativa que ha fijado Noboa, sin que sea una decisión exclusiva del mandatario. Un tiempo récord para la organización y planificación de una elección a nivel nacional tan decisiva. El Consejo Electoral ha presionado el acelerador y aprobó de forma inmediata el inicio del proceso de convocatoria a elecciones.

Mientras los manifestantes bloquean algunas carreteras de la provincia de Imbabura, la más afectada por las movilizaciones, el presidente Daniel Noboa ha decidido ir detrás de los puntos de agitación social y liderar eventos de entrega de ayudas económicas y productivas para los indígenas, comuneros y campesinos. Una estrategia “magistral” para combatir a quienes pretenden “desestabilizar al país”, según el oficialismo.

En días pasados y bajo un fuerte resguardo militar y policial, Noboa se atrincheró en la Gobernación de Cotopaxi, provincia donde iniciaron las protestas en la sierra del país y trasladó la sede del Ejecutivo a Latacunga, la capital de Cotopaxi. Días después viajó a Otavalo en la provincia de Imbabura para entregar bonos y créditos a los productores imbabureños. El mandatario ha intentado así contener las protestas y dividir al movimiento indígena y otros sectores sociales que se han dispersado por el territorio.

A medida que el presidente se moviliza en un convoy militar, en autos blindados y helicópteros militares, el país se alista para ir nuevamente a las urnas en poco menos de dos meses. La premura con la que todo está pasando preocupa a varios expertos mientras el presidente Noboa ha sido enfático en decir que primero prefiere morir antes que dar marcha atrás a su medida de eliminación del subsidio al diésel.

“El presidente está tratando de llevar al Estado a un ritmo en el que las instituciones públicas no van a responder de manera adecuada y tengo la preocupación de que esto lleve a errores e incomprensiones”, sostiene el catédratico de la Universidad Católica de Quito y jurista Daniel Gallegos.

A eso se suma el constitucionalista, André Benavides, que considera que la elaboración de una nueva Constitución puede ser una alternativa si el fin es aterrizado y claro. “Un proceso constituyente puede ser importante siempre y cuando se lo lleve con objetivos políticos claros, principalmente, entre instituciones. Pero si se convoca por capricho político, por necesidad de refrendar el apoyo popular, es otra cuestión”, advierte.

Y aunque hay críticos que consideran que Noboa está promoviendo tintes autoritarios en su mandato o que su estilo se acerca al del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en una entrevista con Ecuavisa, canal afiliado de CNN, Daniel Noboa, ha indicado este viernes que descarta impulsar en la Constituyente la reelección presidencial indefinida.

“Estaré dos periodos máximos, en el caso de que necesite estar. No creo en la reelección indefinida, creo en el cambio, creo en el recambio también”, adelantó Noboa. Con su declaración asegura que responde a quienes creen que su intención es perpetuarse en el poder.

Si la consulta popular y referéndum gana, los ciudadanos deberán volver a las urnas para elegir a los 80 asambleístas constituyentes que redactarán el nuevo texto constitucional y si logra el voto favorable de los legisladores, los ciudadanos tendrán que nuevamente decidir en otra elección nacional si aprueban esa propuesta de Constitución. Así el presidente Daniel Noboa deberá jugar con los tiempos políticos y con su popularidad durante este periodo que se prevé que sea de más de un año.

La cambiante y vertiginosa coyuntura política y social de Ecuador jugará un rol fundamental en el capital político de Noboa y la medición de fuerzas, según el jurista Daniel Gallegos.

“Hay mucho riesgo de que esa Asamblea Constituyente termine dando un resultado que termine siendo una Constitución que deje desprotegida a la gente. Uno empieza a pensar qué saldrá de una Asamblea hecha al apuro”, agrega.

Por su parte, el abogado constitucionalista André Benavides, sostiene que, aunque la nueva Constitución ofrezca soluciones a diferentes problemas del país, no puede verse como el último recurso que se le pueda ofrecer a la gente.

“El tema de la seguridad, por ejemplo, no necesariamente depende de un texto constitucional. El problema no es la norma, el problema es la aplicación y la corrupción que existe en el sistema de administración de justicia”, enfatiza.

Para Noboa, el cambio en el país “no puede consolidarse mientras las reglas actuales impidan luchar contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen”. Por eso insiste en que la salida es la Constituyente ante lo que califica como un “secuestro institucional” en el país.

Gallegos sostien que el planteamiento de Noboa limita las posibilidades del país para salir de sus múltiples crisis: “muchas veces estos discursos que nos tienen siempre a la expectativa de que va a pasar algo tras una elección y tener a las personas en un momento electoral, lo único que hacen es desviar la atención de los temas importantes. La constitución no resuelve todos los males del país, esto pasa por gestión y el cumplimiento responsable de las atribuciones del presidente”, afirma.

Noboa propone en el referéndum, levantar la prohibición constitucional que existe en Ecuador para el establecimiento de bases o instalaciones militares extranjeras. Considera que esto podría promover el apoyo de otros países parea la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Sin embargo, de ganar el sí en esta pregunta, el establecimiento de bases o instalaciones militares extranjeras no se puede producir de un momento a otro pues primero debe existir el interés de algún país. Durante la visita a Ecuador a inicios de septiembre del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el funcionario expresó que su país lo podría analizar siempre que exista una invitación formal por parte de Ecuador y se consigan las aprobaciones internas en Estados Unidos para ese fin.

“Ecuador es un país soberano, si nos invitan, lo vamos a considerar (…) Es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar, a ver si tiene sentido”, expresó.

Gallegos y Benavides sostienen que en Ecuador también se deben aplicar procesos internos para este fin que requieren la firma de convenios y acuerdos de alto nivel entre los países interesados.

“No es que mágicamente vamos a tener inmediatamente una base de Estados Unidos o de cualquier otro país en alguno lugar de Ecuador, lo que vamos a tener es la posibilidad de que se negocie a nivel internacional un acuerdo de cooperación militar con los países que quieran venir y colaborar y es todo un trámite no solo legal, de instalación, de infraestructura, de movilización de personal. No es una cosa que va a existir de la noche a la mañana”, precisó el abogado y experto constitucional Daniel Gallegos.

Benavides considera que cualquier intención para reducir los problemas de seguridad y narcotráfico es loable, pero que no va a ser la solución a la raíz de los problemas. “Tampoco si se aprueba la pregunta inmediatamente vendrán las bases, todavía hay mucho camino por recorrer. Tiene que haber un acuerdo de cooperación, un instrumento en el que el Ecuador establezca los alcances junto a otro país. No es tan sencillo como suena”, agregó.

Ambos juristas sostienen que las reformas constitucionales no necesariamente van a poner fin a la guerra contra el narco y los grupos delincuenciales en Ecuador. El Gobierno por su parte confía en que su propuesta será una poderosa herramienta para enfrentar el crimen y replantear el sistema institucional del país al que considera actualmente como un obstáculo para la continuidad de su plan de Gobierno.

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