Los líderes y residentes de Portland están resistiendo al ICE. Ahora Trump está enviando tropas
Por Andy Rose, CNN
Un día después de la segunda investidura del presidente Donald Trump, el alcalde de Portland, Oregon, sabía que una “ciudad santuario” como la suya enfrentaría cuatro años difíciles
“Debemos unirnos para vivir los valores compartidos de nuestra ciudad: libertad frente al miedo y refugio ante el exceso federal en los días venideros, sin importar lo que enfrente nuestra ciudad”, dijo el alcalde Keith Wilson en una carta al concejo municipal el 21 de enero.
En los últimos ocho meses, la ciudad ha reafirmado ese compromiso al unirse a una demanda contra la administración Trump y emitir una notificación de violación de zonificación para una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha estado en el centro de protestas casi constantes durante todo el verano.
La mayoría de las protestas frente a la instalación del ICE, a unos 3 km al sur del centro, han sido pacíficas, pero ocasionalmente han terminado con el uso de gas lacrimógeno y el cierre de la instalación durante varios días en el verano.
El sábado, el presidente Donald Trump cumplió su promesa de convertir la ciudad en objetivo de su próximo despliegue de la Guardia Nacional, diciendo en una publicación en redes sociales que ordenaba al secretario de Defensa, Pete Hegseth, “proporcionar todas las tropas necesarias” a Portland, una ciudad que describió como “devastada por la guerra”, para proteger las instalaciones del ICE que, según él, están “bajo asedio” por Antifa y “otros terroristas domésticos”.
Trump ha dicho, sin pruebas, que “terroristas pagados” están causando estragos en Portland.
La semana pasada, Trump volvió a centrar la atención en Antifa —el grupo poco organizado de izquierdistas y anarquistas conocido por su anonimato y manifestaciones enmascaradas y destructivas— designándolo como una “gran organización terrorista”. La Casa Blanca destacó incidentes en Portland, hogar de una de las organizaciones más antiguas de Estados Unidos con el nombre Antifa, en sus declaraciones sobre la designación.
Esto es lo que sabemos sobre lo que le espera a la ciudad famosa por sus protestas ruidosas y su política progresista, mientras su enfrentamiento con las autoridades federales de inmigración se vuelve más tenso.
A pesar del enojo del presidente, Portland ha reafirmado su estatus de ciudad santuario, haciéndolo lo primero que se ve en su sitio web oficial. Ahora el concejo municipal avanza hacia una ordenanza que lo haría legalmente vinculante, prohibiendo que cualquier organismo gubernamental de Portland ayude en la aplicación de la ley migratoria federal, excepto para proporcionar información que ya esté disponible al público en general.
La decisión podría ser costosa para Portland. La administración anunció que retendría una variedad de subvenciones federales —incluyendo fondos de FEMA, subvenciones para carreteras y mejoras aeroportuarias— de las ciudades que clasificó como “jurisdicciones santuario”, incluidas algunas que no usan ese término. Para Portland, eso pone en riesgo US$ 350 millones.
Portland se unió a otros 15 gobiernos locales en una demanda federal contra la administración Trump a principios de este año, y un juez bloqueó al Gobierno para que no congelara esos fondos. Pero la administración está apelando, negando que estén recortando fondos federales “de manera indiscriminada o generalizada”.
Junto con las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión, las ciudades santuario han sido los objetivos directos más grandes del segundo mandato de Trump, con tres decretos diferentes que las mencionan específicamente y exigen al Departamento de Seguridad Nacional que haga una lista de ellas.
En respuesta, Louisville, Kentucky, eliminó su política de negarse a retener en su cárcel local a sospechosos de inmigración para el ICE, con el alcalde reconociendo que “millones de dólares en subvenciones federales estaban en juego”.
Desde Portland, el mensaje ha sido muy diferente.
“Como una ciudad santuario orgullosa en un estado santuario, estamos comprometidos a proteger los derechos y la dignidad de todos los que viven aquí, trabajando juntos para fortalecer nuestra comunidad”, dijo el alcalde Wilson.
La ciudad de Portland se autodenominó ciudad santuario por primera vez hace casi una década con una resolución no vinculante que decía que la Oficina de Policía de Portland “no cooperará con el ICE excepto cuando lo exija expresamente la ley federal”. Esta semana, el concejo municipal discutió ir más allá y hacer permanente el estatus de ciudad santuario.
“Creo que cuando enfrentamos un nivel tan extremo de extralimitación federal… entonces sí tenemos la responsabilidad de actuar con valentía de maneras en que antes no habíamos tenido que actuar”, dijo la concejal Angelita Morillo durante una reunión de comité el martes. “Estos son tiempos sin precedentes, y tenemos que hacer cosas sin precedentes”.
Ninguno de los miembros del público que testificó en la reunión se pronunció en contra de la propuesta, que aún no tiene una votación final programada.
La historia de las protestas contra la instalación del ICE en Macadam Avenue se cuenta de manera más contundente a través de las fotos tomadas allí en los últimos dos años.
A medida que pasan los meses, se observa cómo un edificio común de ladrillo y estuco color beige en una zona industrial es gradualmente rodeado por capas crecientes de cercas, sus ventanas del nivel inferior de repente bloqueadas con madera contrachapada, y un muro de contención de concreto cubierto de grafitis contra ICE.
La manifestante Deidra Watts dijo a Associated Press a principios de este mes que considera que las acciones del ICE contra los inmigrantes son crueles y requieren una respuesta contundente.
“Ante eso, tiene que haber personas que se levanten y dejen claro que eso no se va a permitir, que no es algo con lo que la gente esté de acuerdo”, dijo Watts.
En el verano, manifestantes que bloquearon la instalación de procesamiento provocaron su cierre durante varios días, informó la filial de CNN KATU, algo que la administración Trump atribuyó a “anarquistas y alborotadores”.
Pero el edificio se ha convertido en un imán para una amplia variedad de manifestantes, informó el Oregon Capital Chronicle, con manifestantes diurnos que en su mayoría provienen de organizaciones religiosas, sosteniendo carteles en silencio y monitoreando el movimiento de migrantes dentro y fuera del edificio, hasta que el relevo lo toman manifestantes más ruidosos por la noche.
Mientras los manifestantes han intentado cerrar el edificio físicamente, el Gobierno de la ciudad intenta hacerlo por otros medios.
En lo que va del año, fiscales federales han acusado a 27 personas de delitos federales por actividades fuera de la instalación, dijo Jessica Biggers, vocera de la Fiscalía de Estados Unidos para el distrito de Oregon. La mayoría de los cargos son por agredir a un agente federal del orden o por no obedecer una orden legal, indicó la fiscalía en comunicados de prensa.
Portland envió la semana pasada una notificación a los propietarios privados del edificio, diciendo que el ICE cometió violaciones al código al tapiar ventanas y mantener a algunos detenidos en la instalación de retención por más de 12 horas.
“Registros federales muestran que el ICE violó sus condiciones de uso de suelo aprobadas 25 veces en 10 meses”, indica la notificación.
El edificio utilizado por el ICE es propiedad de una sociedad familiar cuyos beneficiarios no figuran públicamente. Un abogado de esa sociedad no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la notificación de violación de zonificación.
Morillo, la concejal, reconoce que es cuestionable si la ciudad podría obligar al cierre de la instalación del ICE, incluso si no se resuelven las violaciones legales. Y su propuesta de agregar tarifas adicionales a los edificios utilizados para detención federal generó preocupaciones en otra miembro del concejo.
“Si empezamos a seleccionar a quién y cómo el Gobierno federal puede alquilar lugares, eso me preocupa”, dijo la concejal Loretta Smith.
La administración Trump dice que cerrar la instalación de procesamiento, donde los migrantes indocumentados deben registrarse periódicamente con las autoridades migratorias, en realidad dificultaría las cosas para los inmigrantes.
“Si la ciudad permite una mayor separación de familias al obligar al ICE a operar en otro lugar, eso es responsabilidad de ellos”, dijo el ICE en un comunicado a KATU, filial de CNN. “No prestar ayuda al ICE en nombre de la ‘ciudad santuario’ también significa dar refugio a criminales, lo que ha demostrado ser un gran riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional”.
Si bien los líderes de la ciudad han apoyado en gran medida el derecho a protestar frente a la instalación del ICE, también han dejado claro que no quieren una repetición de las manifestaciones más notorias de la ciudad en 2020.
El asesinato de George Floyd en mayo de ese año desató protestas —frecuentemente violentas— en las principales ciudades del país, pero las manifestaciones en Portland continuaron durante más de 100 noches consecutivas.
Durante ese verano, se desarrolló una rutina sombría en la que marchas pacíficas derivaban en actos de vandalismo y amenazas contra los agentes de policía. La Oficina de Policía de Portland declaraba disturbio y ordenaba a los manifestantes dispersarse, respondiendo finalmente con fuerza física. Hubo más de 6.000 usos de la fuerza por parte de la Policía durante ese período, según registros de la ciudad.
En lo que resultó ser un anticipo de la retórica que se intensificaría en su segundo mandato, Trump calificó a Portland en julio de 2020 como un “enjambre de terroristas” y desplegó a la Guardia Nacional para proteger edificios federales en el centro.
A nivel local, la respuesta fue más compleja, con la Policía frecuentemente criticada por su uso de la fuerza y de gas lacrimógeno. Finalmente, el entonces alcalde Ted Wheeler —quien también era comisionado de Policía— prohibió el uso de gas CS por parte de la Policía, pero un estudio posterior encontró que se había desplegado tanto gas en una sola noche de junio, en 18 cuadras del centro antes de la prohibición, que se convirtió en un peligro para la salud pública.
En 2022, el Departamento de Justicia de la administración Biden criticó a la Oficina de Policía de Portland, diciendo que no hizo lo suficiente para revisar sus procedimientos y determinar si el uso de la fuerza estaba justificado.
Finalmente, la mayoría de las personas arrestadas —incluidos algunos acusados de disturbios— fueron liberadas sin cargos después de que la Fiscalía del condado de Multnomah anunciara en agosto de 2020 que no procesaría casos contra manifestantes que no usaran la fuerza, robaran o dañaran propiedad.
“Si aplicamos todo el peso del sistema de justicia penal sobre personas que protestan pacíficamente y exigen ser escuchadas, causaremos un daño irreparable tanto a ellas individualmente como a nuestra sociedad”, dijo en ese momento el exfiscal Mike Schmidt.
Aunque cientos de personas arrestadas quedaron en libertad sin cargos durante ese año turbulento, los fiscales ahora señalan esas protestas pasadas como advertencia para quienes esperan enviar un mensaje sobre el ICE.
“No nos engañemos”, dijo el fiscal del condado de Multnomah, Nathan Vasquez, en junio. “En el pasado, las voces de decenas de miles de manifestantes pacíficos fueron ahogadas. Su mensaje fue secuestrado por un pequeño grupo de individuos con un mensaje de vandalismo, destrucción y violencia”.
Y las autoridades locales han dejado claro que, independientemente de cualquier preocupación sobre nuevos estallidos en el tenso enfrentamiento entre el ICE y los manifestantes, no quieren la ayuda de la administración Trump.
“Como otros alcaldes de todo el país, no he pedido —y no necesito— intervención federal”, dijo Wilson.
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Con información de Kit Maher, de CNN.
