La ofensiva de Mullin contra ciudades santuario enfrenta críticas internas y externas
Por Michael Williams, Alayna Treene y Alexandra Skores, CNN
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se ha obsesionado con la idea para castigar a ciudades y estados que no cooperen con la aplicación federal de las leyes de inmigración: recortar el personal de aduanas en sus aeropuertos y, posiblemente, detener por completo el procesamiento de viajeros internacionales.
Pero el ambicioso plan ya encontró obstáculos: ha dejado tambaleando a la industria de los viajes y a funcionarios locales por su potencial disruptivo, ha sido rechazado públicamente por otro secretario del gabinete y aún no ha recibido luz verde de la Casa Blanca.
Si los “demócratas de izquierda radical” no permiten que las autoridades federales apliquen las leyes de inmigración en sus comunidades, declaró Mullin a Fox News a principios de esta semana, “entonces tampoco deberíamos procesar vuelos internacionales a sus ciudades”.
“¿No quieren que hagamos cumplir la inmigración pero quieren que procesemos inmigración en sus instalaciones? Nada de eso tiene sentido para mí”, dijo el secretario.
Las aerolíneas, por su parte, no se han pronunciado sobre el plan ni sobre la proximidad de su implementación. De aprobarse, tendría enormes repercusiones para el comercio y el turismo en Estados Unidos, incluso si el Gobierno decidiera esperar hasta después de los próximos partidos del Mundial. Las interrupciones en cadena podrían afectar a aeropuertos estadounidenses, tanto grandes como pequeños, en estados republicanos y demócratas.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, criticó el plan de Mullin durante una reciente audiencia en el Congreso: “No deberíamos cerrar los viajes aéreos en un estado que no está de acuerdo con nuestra ideología política”, dijo la semana pasada.
Y aunque Mullin sigue mencionando la idea en entrevistas con los medios, no hay planes inminentes para una medida así, informaron a CNN dos funcionarios del Gobierno de Trump familiarizados con el asunto.
Internamente, el impulso se ve más como un deseo personal de Mullin que como algo que provenga del Ala Oeste. Uno de los funcionarios dijo que Mullin ha estado “obsesionado” con la idea desde que juró como secretario de Seguridad Nacional en marzo, en sustitución de su predecesora, Kristi Noem, y la ha planteado sin que se lo pidieran durante reuniones en la Casa Blanca.
“Al presidente le encanta contar con un equipo que constantemente proponga nuevas ideas, pero en última instancia, las decisiones políticas recaerán sobre él”, declaró un funcionario de la Casa Blanca.
Si bien Mullin ha sido ampliamente considerado como una fuerza estabilizadora al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras un año caótico bajo el mando de Noem, y se ha acumulado la simpatía del presidente, su plan para el aeropuerto podría tener consecuencias significativas y de gran alcance.
Algunos funcionarios del Gobierno de Trump han reconocido en privado el caos que el plan podría causar en los viajes internacionales, y la industria ha señalado lo mismo públicamente.
“Reducir el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en los principales aeropuertos tendría un efecto devastador en las industrias aérea y turística, causando una importante interrupción operativa para las aerolíneas, los viajeros y el flujo de carga internacional”, declaró Airlines for America, una asociación comercial que representa a varias de las principales aerolíneas estadounidenses.
La Asociación de Viajes de Estados Unidos (US Travel Association), una organización nacional que defiende todos los aspectos de la industria turística del país, informó que sus representantes se reunieron recientemente con Mullin.
El secretario “confirmó sus comentarios previos de que el Gobierno está considerando la retirada” de agentes de aduanas en algunos de los principales aeropuertos internacionales, indicó la asociación en un comunicado.
“US Travel considera que tal medida tendría consecuencias devastadoras para la industria turística y las comunidades que dependen del turismo internacional”, agregó el comunicado.
Si bien Mullin ha presentado la idea como una forma de castigar a las jurisdicciones santuario, podría tener repercusiones mucho más amplias si se lleva a la práctica. El hecho de que los viajeros internacionales lleguen a Estados Unidos a través de aeropuertos como JFK o SFO no significa que Nueva York o San Francisco sean sus destinos finales.
Las rutas aéreas se establecen con mucha antelación, y simplemente cambiar esas rutas para aterrizar en una jurisdicción que no sea santuario no sería tarea fácil, dado que muchos aeropuertos concurridos carecen de capacidad adicional.
No existe una única definición de una “ciudad santuario”. Por lo general, el término se entiende como jurisdicciones que establecen políticas o leyes que limitan la cooperación local con el Gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración. El DHS publicó el año pasado una lista de las jurisdicciones que considera santuario.
Esa lista parece haberse ampliado desde el comienzo del año. Mullin ha criticado con frecuencia a la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien a principios de este mes firmó una orden ejecutiva que limita la cooperación de los funcionarios estatales con los agentes federales de inmigración. El Aeropuerto Internacional de Dulles y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington, dos de los tres aeropuertos principales que prestan servicio a Washington, se encuentran en Virginia.
También figuran en la lista del Departamento de Justicia la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Seattle y Filadelfia. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que su estado “responderá” si el gobierno federal actúa de una “manera imprudente, caótica y cruel”.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
