La Corte Suprema acuerda escuchar el caso de un rastafari que pretende demandar a una prisión por cortarle las rastas
Por John Fritze y Devan Cole, CNN
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes estudiar el caso de un rastafari que quiere demandar a los funcionarios de una prisión de Louisiana que le cortaron las rastas mientras estaba encarcelado.
Este es el caso más reciente relacionado con los derechos religiosos que atrae la atención del alto tribunal, y podría tener implicaciones significativas al permitir a los presos demandar a funcionarios del Gobierno por daños y perjuicios cuando sus derechos religiosos se vean afectados por una ley federal promulgada hace 25 años.
Damon Landor, un devoto rastafari que empezó a cumplir una condena de cinco meses de prisión en 2020 por posesión de drogas, había hecho años antes el voto religioso de no cortarse el cabello.
Su situación se complicó cuando llegó a una nueva prisión semanas antes de su puesta en libertad. Entonces entregó a los funcionarios una copia de la sentencia de un tribunal de apelación de 2017 que permitía a los presos llevar rastas. Los guardias la tiraron a la basura. Luego lo esposaron a una silla y le afeitaron la cabeza a la fuerza.
Tras su puesta en libertad, Landor demandó a los funcionarios y guardias de la prisión de Louisiana por daños y perjuicios en virtud de una ley de hace décadas que protege los intereses religiosos de los reclusos. Pero los tribunales inferiores desestimaron su caso, dictaminando que la ley no permite a los particulares reclamar daños y perjuicios contra los funcionarios de prisiones por supuestas violaciones de la misma aunque, en opinión de un tribunal, había sido víctima de un “grave agravio legal”.
El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., conservador y con sede en Nueva Orleans, dijo en una decisión unánime el año pasado que condenaba “enfáticamente” “el trato que Landor soportó”, pero un precedente anterior del tribunal de apelaciones resolvió el caso en su contra. El pleno del 5º Circuito estuvo dividido sobre si debía o no juzgar el caso.
El presidente Bill Clinton firmó en 2000 la ley bipartidista que protege los intereses religiosos de los presos estatales, pero no está claro si esa ley permite a las personas que fueron perjudicadas demandar por daños monetarios. La Corte Suprema dictaminó en 2020 que una ley similar con un lenguaje casi idéntico permite a las personas cuyos derechos religiosos se han visto gravados reclamar daños y perjuicios contra funcionarios del Gobierno que actúen a título individual.
“Sin un recurso por daños y perjuicios”, dijeron los abogados de Landor a los jueces en documentos judiciales, los reclusos “a menudo se quedarán sin una protección significativa para su ejercicio religioso”.
En otras palabras, una vez que le afeitaron la cabeza a Landor, la única forma que tiene de obtener algún remedio legal es a través de una indemnización por daños y perjuicios.
“La norma de no indemnización por daños y perjuicios garantizó que los funcionarios demandados no tuvieran que responder por violar los derechos religiosos de un preso cuya puesta en libertad estaba prevista para dentro de solo tres semanas e impidió que obtuviera reparación alguna por los abusos sufridos”, afirmaron sus abogados.
Los abogados de los funcionarios del estado de Louisiana instaron al tribunal a no admitir el caso argumentando, entre otras cosas, que Landor podía presentar sus demandas en virtud de la legislación estatal. También dijeron a los jueces que permitir que la demanda siguiera adelante podría obstaculizar la capacidad del estado para contratar personal en sus prisiones.
Ponerse del lado de Landor, dijeron al tribunal, “casi con toda seguridad agravaría el problema al reducir los niveles de personal y disuadir a los solicitantes de empleo”.
“Esto, a su vez, conduciría inevitablemente a peores condiciones penitenciarias y quizá a una menor protección de la libertad religiosa, en momentos en que las cárceles con poco personal intentan sobrevivir al aumento de la población reclusa”, añadieron. “Nadie gana en esa situación”.
La administración de Trump, por su parte, había pedido a los jueces que se ocuparan del asunto. El procurador general D. John Sauer dijo al tribunal en mayo que el gobierno federal tiene un interés “en garantizar que las prisiones u otras instituciones que reciben fondos federales no obstaculicen sustancialmente el ejercicio religioso, y la responsabilidad por daños está estrechamente relacionada con ese interés”.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
