Ni juntos, ni revueltos: las revueltas de Quito, Santiago y Bogotá

Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Alvaro Colom of Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español.

(CNN Español) — Cuando existe una crisis o cuando existe una duda fundamental, es siempre muy útil volver a recordar los principios, los valores y sobre todo nuestra razón de ser. Las últimas revueltas (manifestaciones, protestas y también vandalismo) que sucedieron en Quito, Santiago y Bogotá, nos deben volver a recordar nuestra razón de ser. La legítima protesta, la libertad de expresión y organización están garantizados por los derechos fundamentales del hombre y en todas las constituciones de cualquier Estado moderno, liberal o civilizado. Robar un banco o quemar el edificio de la Contraloría: No.

Sin duda, la situación económica de América Latina se ha deteriorado sustancialmente en gran parte por la caída de los altos precios de las materias primas (sobre todo petróleo, soya y productos de exportación) que teníamos en los años de la “revolución bolivariana”. Gracias a esa bonanza gran parte de los gobiernos de esa época derrocharon esos recursos con lo cual acumularon poder político y corrupción. Por lo tanto, la protesta es un legítimo derecho, pero la violencia no es un derecho: es un delito que debe ser alertado, prevenido, detenido, procesado y juzgado ante la autoridad competente (policía, autoridad investigativa y judicial). Así mismo, una cosa es pedir (expresarse) o desear que un gobierno cese en sus funciones, otra cosa muy parecida pero fundamentalmente distinta, es trabajar u operar para la destitución del gobierno establecido. Esa mezcla o confusión debe terminar; también los medios de comunicación deben tener esta distinción muy clara o contribuyen a esta confusión y, por lo tanto, evitan que el Estado pueda combatir la delincuencia (organizada o espontánea).

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La legítima protesta y la organización vivida en estas ciudades promovida por algunos de sus dirigentes, ha dado lugar a otra cosa que está y debe estar prohibida: el vandalismo. Ha existido una suerte de tolerancia, confusión y hasta utilización de esos actos de vandalismo para poner en jaque a los gobiernos de turno más presión ante sus demandas. En muchos, los casos, líderes de las protestas se han beneficiado políticamente de esas acciones vandálicas por lo que se produce una suerte de complicidad.

Considero que está en el interés de las fuerzas legítimas de la organización de estas protestas producir un verdadero divorcio (casi expulsión) de cualquier fuerza (irregular y/o delictiva) que se esté aprovechando de la situación creada por la legítima protesta. Quemar estaciones de metro es un acto de sabotaje contra los que los construyeron y los que los utilizan y, por lo tanto, al público representado por el Estado.

Basta de complicidades implícitas o explícitas. Sí a la legítima protesta; sí a la libertad de organización y expresión. Es una vergüenza o más aún una suerte de confesión que ahora las organizaciones sindicales en Colombia pidan, entre su nuevo pliego de peticiones, desmantelar los equipos policiales anti-motines. Hace una semana, por el contrario, vi un excelente video de El Comercio de Ecuador donde resaltaba la capacitación profesional con el apoyo internacional del equipo antimotines donde se buscaba entrenar a estas fuerzas del orden sobre todo en su trabajo de “contención” de las fuerzas del desorden. Su objetivo es la contención más que en el uso de la fuerza que solo debe ser el recurso de última instancia.

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Efectivamente, toda sociedad debe evitar el uso de la fuerza. Por eso, los demócratas, hacemos votos y protestamos en toda forma pacífica para el cese del abuso y usurpación del poder en Venezuela o, en su momento, en Bolivia. La guerra será siempre el recurso de última instancia: solo trae muerte y más violencia. Por eso, respaldo abiertamente los esfuerzos políticos y diplomáticos de la comunidad internacional para que, con la ayuda del pueblo venezolano, se restaure la democracia, la seguridad, el empleo y el progreso del pueblo venezolano. Su lucha es la de toda América, que con solidaridad ha acogido a la diáspora del pueblo venezolano. Pero como cada uno de ellos, estoy convencido que el verdadero cambio, vendrá y se debe dar en Venezuela para su vuelta a la democracia y al progreso.

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Cuando exista duda, volvamos a nuestros principios fundamentales (éticos, constitucionales y de los derechos humanos) y volveremos a tener claridad. Definitivamente, respaldamos el derecho a la protesta en Colombia o Venezuela. Rechazamos el uso de la fuerza, venga del Estado o de la calle. Hacemos votos y nos sumamos a las fuerzas que buscan, como en cualquier sociedad moderna, liberar las voces y la participación de las mayorías respetando el derecho de las minorías, porque solo unidos, bajo reglas y principios claros, podremos avanzar y conseguir el empleo, la salud, la educación y la seguridad que toda nación prospera busca.

En otras palabras, si las fuerzas de legítima protesta no han podido separarse de la violencia, permiten o dan la oportunidad a las fuerzas violentas delictivas a operar, éstas deben suspender su protesta hasta que esta división sea absolutamente clara. Los derechos fundamentales de los ciudadanos deben ser garantizados por las fuerzas del orden: el derecho a la movilidad, a la propiedad (pública y privada), el derecho a trabajar y el derecho a la seguridad y el derecho a una protesta pacífica y ordenada.