Esta política inmigratoria viola la confidencialidad sagrada entre paciente y médico

Nota del editor: David M. Perry es periodista e historiador. Él es asesor académico sénior en el Departamento de Historia de la Universidad de Minnesota. Sígalo en Twitter. Las opiniones expresadas aquí son propias del autor.

(CNN) — Cuando la violencia fuerza a la gente a huir de sus hogares y a cruzar fronteras, legal o ilegalmente, en busca de asilo u otras formas de refugio en un lugar pacífico, llevan sus traumas consigo. Eso es verdad sin duda para muchos de los inmigrantes centroamericanos que han intentado emigrar a Estados Unidos en años recientes. Muchos de ellos han presenciado o sufrido horrores como la violación, tortura y asesinato.

Además, muchos de ellos —incluyendo niños y adolescentes— han sido forzados a participar en actos de violencia antes de huir. Cuando llegan a Estados Unidos son puestos bajo custodia, gracias a la relativamente nueva política aprobada por Scott Lloyd, el exdirector de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR en inglés) de Trump. Como parte de un acuerdo ordenado por la corte en 1997 que establece estándares mínimos en la detención de menores, a aquellos niños y adolescentes se les dice que necesitan buscar terapia; están obligados a reunirse con terapeutas.

Según la explicación ofrecida al Congreso por Steven Wagner, que en ese entonces supervisaba a la ORR, a los niños les dicen que es esencial ser honestos sobre ellos mismos con sus terapeutas. Pero bajo el gobierno de Trump, según un informe reciente de The Washington Post, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE en inglés) toman las notas de los terapeutas y las usan como arma contra los migrantes adolescentes. Según Wagner, los terapeutas deben presentar un informe no más de cuatro horas después de sus sesiones que serán entregadas a ICE en menos de un día. A los adolescentes les afirman que lo que digan puede afectar su estatus, pero también les dicen que es “esencial” ser honestos en estas reuniones obligatorias, según The Washington Post.

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Esta supuesta práctica podrá ser legal, pero no es una postura ética en la cual poner a migrantes adolescentes que desesperadamente necesitan apoyo terapéutico. De hecho, es una violación atroz de la base central de confidencialidad que hace posible la terapia efectiva y es otro horror insertado en el sistema inmigratorio por funcionarios de Trump que abusa de los más vulnerables.

Algún día, cuando tengamos la suerte de estar en una era pos-Trump, tendremos que confrontar lo que funcionarios gubernamentales hicieron a los más vulnerables en nombre del pueblo estadounidense. No podremos avanzar a menos que juzguemos el pasado y hagamos que los responsables rindan cuentas por la miseria que causan.

No está claro en este momento cuánto hay que culpar a los terapeutas, aunque la Asociación Estadounidense de Psicología ha pedido un freno inmediato a la práctica de compartir las notas de terapeutas con ICE. Sin duda, las revelaciones requieren dos pasos inmediatos para cualquier terapeuta. Primero, no prometan confidencialidad a la gente que corre peligro de persecución estatal. Segundo, si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos no les da otra opción más que compartir sus notas, no tomen notas.

Las revelaciones sobre el mal uso de notas de terapia surgieron en una historia de The Washington Post de Hannah Dreier que fue publicada a principios de este mes. The Washington Post informó que algunos de los terapeutas en refugios están enterados de la política y dicen que trabajan activamente para proteger la privacidad de los niños, teniendo dos juegos de notas clínicas u omitiendo cosas por completo. En un refugio en Nueva York, algunos terapeutas conservan trabajo artístico perturbador por el riesgo de que sea malentendido como violento en los archivos oficiales. El diario también señaló que es altamente probable que algunos terapeutas de refugios estén prometiendo cierto nivel de confidencialidad con los niños que la política no les permitirá cumplir.

La nota de Dreier contó la historia de Kevin, un adolescente que halló un terapeuta en quien podía confiar mientras estaba detenido en un refugio de ORR en Texas. Le contó al diario que su terapeuta le dijo: “Esta es tu oportunidad de contarnos tu historia” y le aseguró que su conversación se mantendría en privado a menos que describiera un daño a sí mismo o a otros. A raíz de que le contó al terapeuta de que fue forzado a participar de actividades pandilleras, ORR lo transfirió del refugio a un centro de detención de mayor seguridad.

Kevin se sintió traicionado, pero aún necesitaba terapia. En detención, eventualmente conoció a otro terapeuta y de a poco aprendió a confiar en él, divulgando más y más de su historia.

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CNN contactó a ICE, que dijo en un comunicado que la agencia “prioriza las amenazas de seguridad pública al llevar a cabo el cumplimiento de las normas de inmigración y al realizar determinaciones de custodia” y explicó que el “Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ha cumplido de cerca los protocolos legales en este caso”. Un vocero también dijo que ICE no halló ningún dato incorrecto sobre el informe de The Washington Post y derivó cualquier pregunta sobre la política misma de la ORR a la ORR. El vicedirector actual para programas infantiles en la ORR le dijo al Post – haciendo enfásis en su interés en el bienestar comunitario – “alojamos a niños en pos del bienestar infantil, pero estos niños no deberían estar bajo nuestro cuidado para siempre; deberían salir.” Ella también dijo que la ORR cumple el rol de tutor legal para los niños que están bajo su custodia; como padres de hecho, ella dijo que tienen el derecho de ver los registros de los niños y de compartirlos según juzguen necesario. Eventualmente, un juez le otorgó asilo a Kevin, pero ICE apeló la decisión basado en las notas de ese primer terapeuta. Kevin aún está encarcelado.

La gente que huye de la violencia en América Central ha padecido un trauma que me resulta inimaginable. Tina Vázquez, que ha reportado sobre inmigración para varios medios desde hace años, me dijo que la “terapia – o el acceso a cuidado de salud mental – surge consistentemente con mucha gente detenida o que estuvo detenida y con quienes he estado en contacto”. Ella dice que “muchos inmigrantes, en especial mujeres y gente LGBTQ, también padecen violencia de género de tipo sexual en camino a EE.UU.”.

“En detención, mucha gente sufre abuso o, por lo menos, sufren depresión y ansiedad. Muchos solicitantes de asilo sufren trastorno por estrés postraumático. Su tiempo en el sistema inmigratorio solo exacerba las cuestiones de salud mental que sufren”. Necesitan cuidado de salud mental y la idea de que estas instancias en que niños como Kevin obtienen finalmente acceso al “cuidado que necesitan”, para que luego sea “utilizada como un arma en su contra. Es una violación increíble de su confianza, de sus derechos y su dignidad”.

La terapia es una herramienta importante de recuperación luego del trauma, algo que sé de primera mano. Veo a un terapeuta cuando puedo tolerarlo emocionalmente, aunque a veces (como ahora), tengo que tomar un descanso porque las sesiones son agotadoras. Trabajo después de décadas de depresión y de pensar en el suicidio, del dolor de perder a mi madre, de mis temores por el empeoramiento de la salud de mi padre, y del desarrollo de técnicas para participar del mundo de manera consciente. La idea de que las cosas sobre las que hablo en terapia, los momentos en que indago mis peores pensamientos y experiencias, pudieran ser usados como evidencia de mi mal carácter va en contra de toda la idea de la terapia como espacio para la honestidad, introspección y trabajo.

¿Por qué un terapeuta tomaría notas que pondrían en peligro el futuro de su cliente? Agustina Vidal, directora del programa de salud mental y grupo defensor The Icarus Project, y ella misma una inmigrante de Argentina, dice que no podemos simplemente culpar a ICE e ignorar a los mismos terapeutas. Ella ha sabido a partir de sus propias experiencias con inmigración a no confiar en que la información médica sea mantenida confidencial del gobierno. Ella dice que los terapeutas en todas las circunstancias “deberían operar bajo la presunción de que sus registros pueden ser citados judicialmente y deberían tener prácticas de diagnóstico y de registro que aseguren que, si la confidencialidad es quebrada, sus registros no causarán daño a sus clientes”. Cualquier corte puede citar registros de terapia, pero Vidal dice que “es distinto para los inmigrantes porque el diagnóstico de salud mental afecta el estatus inmigratorio. El círculo vicioso es que las cuestiones emocionales no tratadas también aumentan el riesgo de deportación”.

Vidal cree que, si bien los terapeutas se comportaban sin duda acorde a la ley, sí cargan con cierto de grado de culpabilidad. Desde su punto de vista “violaron el código de ética (de la Asociación Estadounidense de Terapia) al no proveer un consentimiento informado, al no explicarles los riesgos y los límites de la confidencialidad a los clientes. Dado que los clientes, en este caso eran niños migrantes bajo custodia, “al ver la base legal y ética requerida de todos los terapeutas, es difícil ver cómo el terapeuta falló en percibir y comunicar los riesgos”.

Cuando leo sobre estos terapeutas, espero que no les den la misma impunidad otorgada a otros que han violado fundamentalmente el juramento del médico de “no hacer daño”. En el ejemplo más extremo –los médicos implicados en el uso por parte de la CIA de la tortura durante el gobierno de Bush– según mi conocimiento, ningún médico ni terapeuta perdió su matrícula (hubo demandas y declaraciones generales de condena, pero su complicidad no impidió de ninguna manera su capacidad de llamarse profesionales). Sin importar la severidad del resultado final de la violación, tiene que haber una línea en donde termina la práctica y comienza la complicidad.

Tenemos que saber quién decidió recolectar estas notas de terapia y asegurarnos de que nunca vuelvan a supervisar a los niños detenidos. Tenemos que saber si alguien intentó proteger a los niños y de hecho si terapeutas individuales tomaron todos los pasos éticos posibles para proteger a sus clientes, y sí, quizás algunos de ellos deberían rendir cuentas en su profesión. No lo sabremos hasta que tengamos todos los hechos. Hará falta una investigación presidencial y un liderazgo valiente para abrirse paso más allá de toda la gente que dirá que “cumplían órdenes” a fin de encontrar esos hechos.

Mientras tanto, si usted es terapeuta y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos viene y le pide sus notas confidenciales, usted diga que no. Luego quémelos, renuncie, o cargue con la complicidad por el resto de su vida.