Familiares de opositores nicaragüenses detenidos piden proceso de unidad ciudadana por la liberación de sus parientes
Melissa Velásquez Loaiza
(CNN Español) — En Nicaragua, familiares de opositores detenidos instaron este martes a conformar un proceso de unificación ciudadana con las autoridades del país y la Iglesia católica, encaminado a lograr la libertad de sus parientes.
“Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas de la nación, así como a nuestra Iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes, a escucharnos, para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”, expresa el comunicado leído en una conferencia de prensa virtual por Martha Lucía Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exministro de Turismo y hermano de la exprecandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro.
“Hacemos nuestro llamado a esta tarea constructiva por amor profundo a nuestros presos, pero que no quepa la menor duda que nos mueve también un serio compromiso con la Patria, para la cual deseamos más esperanza y menos angustia en todas sus esferas: espiritual, económica, cívica, social y política”, dice el comunicado.
Familiares de opositores detenidos en Nicaragua expresan preocupación por deterioro físico
CNN ha contactado al gobierno de Nicaragua y a la Iglesia católica para conocer su postura, pero de momento no han respondido.
En tanto, monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, expresó que un sacerdote no puede tomar a título personal esta invitación y que los familiares de los detenidos deben enviar una comunicación formal a la Conferencia Episcopal o al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.
Reiteran el deterioro de los adultos mayores encarcelados
Por separado, los familiares de más de 40 opositores detenidos entre mayo y noviembre de 2021 que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, denunciaron este lunes a través de un comunicado que ha empeorado el deterioro físico y psicológico de sus parientes, según dicen, por las condiciones carcelarias y recurrentes interrogatorios a los que son sometidos.
En el comunicado, que fue publicado en redes sociales tras visitarlos entre el 21 y el 23 de enero, denuncian que esto se debe “a una alimentación no balanceada, a la falta de acceso regular a la luz solar y, sobre todo, al aislamiento e incomunicación”. Además, agregan que las “celdas permanecen custodiadas por policías, que a través de amenazas les impiden comunicarse”.
En el documento se expresa especial preocupación por la situación crítica de la salud de al menos cuatro adultos mayores con graves padecimientos: el jurista José Pallais; el exdiplomático Mauricio Díaz; la activista Violeta Granera y el exsacerdote y exembajador ante la OEA Edgar Parrales, quien según el comunicado carece de intestino grueso y necesita una alimentación y medicación adecuada.
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“Se siguen proporcionando medicamentos sin tener una atención médica especializada. En la mayoría de los casos, no se ha admitido seguimiento médico externo o de especialistas, ni siquiera en caso de condiciones de salud preexistentes. Ya han desarrollado otras afecciones y sus vidas están en riesgo permanente”, afirman los familiares de los detenidos.
Los juicios continúan paralizados. Según los denunciantes, los jueces alegan carga laboral u órdenes superiores y persiste la falta de tutela jurídica para los detenidos ya que, según ellos, no se les ha permitido conversar con sus abogados.
Los denunciantes también afirman que el excanciller Víctor Hugo Tinoco, el sociólogo Irwin Larios y a la exguerrillera y exministra de Salud Dora María Téllez fueron privados de su pensión por parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, situación que, según expresan, les impone “mayor peso económico a sus familias, que en algunos casos están teniendo que hacerles frente a tratamientos médicos de alto costo”.
CNN trató de obtener través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía una reacción de la Policía Nacional, del Poder Judicial y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ante estos señalamientos, a pero aún espera una respuesta.
El presidente Daniel Ortega no reconoce la existencia de presos políticos. Afirma que los más de 40 líderes de la oposición detenidos entre mayo y noviembre, entre ellos siete exprecandidatos presidenciales acusados por actos contra la soberanía -de los que se declaran inocentes-, son parte de una red que canalizaba fondos para ejecutar acciones de desestabilización en el país.
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