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¿Qué es el Tren Maya de México, por qué es un proyecto polémico y qué conflictos hay con él?

Pixabay

urielblanco

(CNN Español) — Junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas (obras ya inauguradas, aunque sin funcionar en su máximo potencial), el Tren Maya es uno de los proyectos insignia del Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador.

La obra (ubicada en los estados del Golfo de México, en el sureste del país) pretende ser un detonador económico y cultural para la región a través del comercio, el turismo y el desarrollo sustentable.

Sin embargo, desde el inicio de su construcción en diciembre de 2018, el Tren Maya ha sido objeto de recursos legales que han frenado los trabajos y, por tanto, su avance.

Pese a ello, el Gobierno de López Obrador se ha valido de otros medios para reiniciar las labores, como la reciente declaratoria de seguridad nacional para la construcción del Tren Maya, lo que intenta esquivar los varios amparos tramitados contra la obra.

Para que conozcas más sobre esta obra, te presentamos los detalles más importantes.

¿Qué es el Tren Maya?

Se trata de un medio de transporte que, desde antes de iniciar su mandato en 2018, AMLO propuso como una de las principales obras de infraestructura a construir durante su gobierno.

“(El Tren Maya) es un nuevo servicio de transporte férreo que interconecta las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán.

“Es un proyecto que fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potencializará la industria turística de la misma. Generará derrama económica e incrementará la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover carga y pasajeros de una manera eficiente”, según la propuesta de campaña del entonces Gobierno entrante.

A través de 21 estaciones y 14 paraderos, el Tren Maya conectará a cinco estados de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En su totalidad, recorrerá aproximadamente 1.554 kilómetros, de acuerdo con la página web oficial del proyecto.

La obra de más de 1.500 km, que el Gobierno prevé inaugurar en diciembre de 2023, se dividirá en ocho tramos (el número cinco se divide en dos):

Tramo 1: Palenque – Escárcega (228 km aproximadamente) Tramo 2: Escárcega – Calkiní (235 km aprox.) Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 km aprox.) Tramo 4: Izamal – Cancún (257 km aprox.) Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen (49.8 km aprox.) Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum (60.3 km aprox.) Tramo 6: Tulum – Bacalar (254 km aprox.) Tramo 7: Bacalar – Escárcega (287 km aprox.)

¿Por qué es un proyecto polémico?

Desde su inicio en 2018, el Tren Maya ha recibido críticas por parte de grupos y personas ambientalistas, e incluso de personalidades del espectáculo, que además se han manifestado en contra de la obra y en algunos casos han tramitado amparos para detener la obra hasta que se asegure que su construcción no perjudicará al medio ambiente.

La principal polémica con el tren, por ende, es la relacionada con el impacto ambiental; por ejemplo, las cuestiones vinculadas a la destrucción de selva, la afectación de cenotes o la modificación de ecosistemas por los cambios de ruta del proyecto.

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Rodrigo Medellín Legorreta, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y quien forma parte del grupo “Sélvame del Tren”, indicó en abril de este año que otra de las quejas contra la obra es que, como especialista,  nunca ha visto un plan ejecutivo que señale en concreto cuáles serán las implicaciones del proyecto.

“Yo no estoy en contra del tren por sí mismo. Estoy en contra de cómo se está haciendo el tren porque nunca he visto ningún plan ejecutivo que determine por dónde va a pasar, cómo se va a hacer, qué implicaciones tiene”, comentó Medellín Legorreta en entrevista en el programa “Aristegui”, de CNN.

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¿Qué conflictos hay con él?

Dentro de la polémica ambiental, una de las principales quejas ha estado centrada en el tramo 5 del Tren Maya.

Desde marzo de este año, el colectivo “Sélvame del Tren” alzó la voz para que el Gobierno modificara la ruta de dicho tramo, argumentando que no contaba con una manifestación de impacto ambiental (MIA) y que la construcción ya se estaba afectando los ecosistemas.

Los reclamos del grupo continuaron e incluso habían logrado conseguir una reunión con el gobierno de López Obrador para el lunes 25 de abril, pero fue cancelada por la inasistencia de uno de sus integrantes (el actor Eugenio Derbez).

Días después, el 3 de mayo, el presidente López Obrador siguió su tendencia de defender el Tren Maya pese a la falta de la MIA, acusando que los recursos legales contra el proyecto de diversas organizaciones y personas han sido tramitados por “pseudoambientalistas” y que son ellos quienes quieren destruir el ambiente.

A finales de abril, Rodrigo Medellín, integrante de Sélvame del Tren, respondió: “Lo que nosotros queremos es establecer una mesa de diálogo. El presidente nos ha llamado ‘pseudoambientalistas’, que el presidente nos diga quiénes son los ambientalistas, y entonces que él llame a una mesa de diálogo, en donde los que él llama pseudoambientalistas nos sentemos con los que él llama ambientalistas, y ahí es en donde va a salir el diálogo que realmente necesitamos para sacar un proyecto que puede tener vicios de ser sustentable para México”.

El mandatario mexicano indicó que la batalla legal contra los amparos se resolvería de la misma forma que en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, con el acuerdo que declaró como asunto de seguridad nacional la construcción de las obras insignias del Gobierno. Cabe recordar que este acuerdo se publicó en noviembre de 2021 para, según López Obrador, acelerar las obras de infraestructura de su gestión.

“Dicen: ‘Es que no hay permiso’, la famosa MIA, lo que es el impacto ambiental. Parte del acuerdo (sobre el asunto de seguridad nacional de 2021) fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas, porque nadie quiere, nadie, destruir el medio ambiente, a lo mejor ellos sí (los pseudoambientalistas); pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia. Y ese acuerdo estaba validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal”, comentó López Obrador el 3 de mayo.

El presidente de México añadió que los amparos únicamente se enfocan en el tramo “donde está el dinero” (es decir, las zonas ampliamente turísticas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen), lo cual afectaría a empresarios. Asimismo, indicó que la destrucción ambiental de la que se quejan los “pseudoambientalistas” la están haciendo “empresas muy poderosas”.

Semanas después, a finales de mayo, tras un amparo, un juez ordenó la suspensión definitiva del tramo 5 del Tren Maya por no contar con una evaluación del daño ambiental antes de iniciar los trabajos. El presidente de México volvió a llamar “pseudoambientalistas” a sus opositores y la oficina de Gobierno encargada de esta obra dijo que la suspensión solo será efectiva hasta que el documento de impacto ambiental se concluya.

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En junio, López Obrador dijo que la suspensión se derivaba de un “asunto de politiquería” y el Gobierno señaló que el tramo 5 era viable ambientalmente. Y el 19 julio el presidente volvió a recurrir al recurso de declarar asunto de seguridad la construcción de una obra, aunque ahora de forma específica el Tren Maya.

A partir de esto, se blindó la obra y los trabajos se reanudaron a pesar de los varios amparos que se han tramitado, entre ellos el que dio lugar a la suspensión definitiva arriba mencionada y otro del Consejo Nacional de Litigio Estratégico que resultó en una suspensión provisional.

Gustavo de Hoyos, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, dijo en el programa “Aristegui” de CNN que la organización no está en contra del Tren Maya en su totalidad y que en general lo que se busca con los recursos legales es la sustentabilidad ambiental y la preservación del Estado de derecho.

Respecto al tema de la MIA y la suspensión definitiva, el Gobierno ya la mandó al juez, quien el lunes 25 de julio la aceptó para el caso, según reportó el medio local Aristegui Noticias. Sin embargo, la suspensión judicial se mantendrá hasta que todo el amparo sea resuelto (es decir, hasta que acabe el caos).

Con información de Carmen Aristegui, Gabriela Frías y Natalia Cano

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