Venezuela se alista para aprobar una ley en contra de los venezolanos que “apoyen llamados a sanciones o cualquier daño extranjero”
Sofía Benavides
(CNN Español) — La Asamblea Nacional de Venezuela se prepara para aprobar la Ley Órganica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que “establece ‘penas gruesas’ a todas las personas venezolanas, nacidas aquí o con ciudadanía venezolana, que pidan, promuevan o apoyen llamados a sanciones criminales, a bloqueo del país, a invasiones militares o cualquier daño extranjero que se le quiere hacer a Venezuela”, anunció el lunes el presidente Nicolás Maduro en su programa semanal Maduro.
La aprobación de la iniciativa está prevista para este jueves, de acuerdo con un comunicado difundido por la Asamblea Nacional de Venezuela y según indica un anuncio publicado en la página del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El controversial proyecto contempla “la inhabilitación política de por vida a las personas que ‘ayuden y se alíen con agentes extranjeros para imponer medidas coercitivas unilaterales al pueblo'” venezolano.
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De igual manera, la ley promovida por el Gobierno subraya que sus alcances incluyen a “personas que nunca se hayan desempeñado como funcionarios públicos”, quienes podrían ser “inhabilitadas políticamente por más de 30 años si se alían con potencias extranjeras”.
El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez (C), el primer vicepresidente Pedro Infante (L), y la segunda vicepresidenta América Pérez votan durante una sesión para debatir la ley «Libertador Simón Bolívar» contra el «bloqueo» estadounidense en la Asamblea Nacional en Caracas el 26 de noviembre de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP) (Foto de FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images)
Algunos críticos han señalado que la ley viola el artículo 67 de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho a “asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección”.
El proyecto legislativo contempla la aplicación de la Ley de Extensión de Dominio para todos aquellos que, según el texto, “promuevan, participen, difundan o hagan apología” en contra del “pueblo venezolano”. De acuerdo con el diputado Carlos Mogollón (PSUV-Distrito Capital), esta acción es un “agravante” para el delito de “traición a la patria”.
La Ley de Extensión de Dominio en Venezuela “establece mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas”.
En otras palabras, permite al gobierno venezolano confiscar sus bienes, lo cual podría ser violatorio de la Constitución.
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La ley venezolana surge en respuesta a la aprobación este lunes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, también bautizada como “Ley Bolívar”, que, entre otros asuntos, busca poner fin a los contratos del Gobierno de Estados Unidos con Venezuela.
“Al aprobar la Ley Bolívar, la Cámara de Representantes está enviando el mensaje claro de que Estados Unidos nunca hará negocios con un tirano como Maduro”, indica un comunicado de la oficina de la congresista María Elvira Salazar. La ley ahora pasa al Senado.
La líder opositora venezolana María Corina Machado aplaudió esta iniciativa, lo que causó que la Fiscalía General de Venezuela le abriera un procedimiento por posible traición a la patria y el presidente Nicolás Maduro criticara abiertamente “Ley Bolívar”.
CNN contactó a Machado para pedir comentarios sobre la investigación anunciada por la Fiscalía.
El proyecto de ley prohíbe los intercambios bilaterales comerciales entre personas naturales, corporaciones, compañías, asociaciones de negocios, sociedades, fondos o cualquier otro organismo o grupo no gubernamental. También afecta a cualquier institución de gobierno y cualquier entidad relacionada.
De aprobarse en el Senado, la ley afectará a cualquier contrato hecho en los tres años siguientes a la puesta en marcha de la legislación. La ley no aplica a transacciones que tengan fines humanitarios que ayuden al pueblo venezolano, ayuda para desastres naturales, evacuaciones de zonas de no combate o que defiendan los intereses de Estados Unidos en la región.
Las transacciones a las que se refiere la ley son aquellas que se hagan directamente con el Gobierno de Venezuela, de acuerdo con el proyecto. “El término ‘Gobierno de Venezuela’ incluye al gobierno, agencia o institución del gobierno venezolano”, puntualiza el texto. Esto podría afectar las operaciones de petroleras estadounidenses, como Chevron, en territorio venezolano.
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