Conclusiones de la audiencia sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump
Por Devan Cole, CNN
El Departamento de Justicia presionó este lunes a un tribunal federal de apelaciones para que levantara el bloqueo temporal de un juez contra el uso por parte del presidente Donald Trump de una amplia autoridad de tiempos de guerra para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana.
La audiencia de casi una hora ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington fue el último frente de lo que se ha convertido en una amarga disputa entre el Gobierno y los objetivos de una proclamación que Trump firmó a principios de este mes, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsarlos rápidamente de Estados Unidos.
Se desconoce cómo decidirá el panel de tres jueces que considera la solicitud del gobierno de Trump de suspender un par de órdenes judiciales de tribunales inferiores, ni con qué rapidez se emitirá ese fallo.
Dos miembros del panel, uno liberal y otro conservador, plantearon a los abogados de ambas partes una serie de preguntas sobre diversos temas del caso, incluido si las personas sujetas a la proclamación de Trump carecían de derechos al debido proceso que les permitieran defenderse de las acusaciones de que pertenencían a la pandilla venezolana Tren de Aragua, y cuál es el lugar apropiado para presentar dichas quejas.
Sin embargo, una miembro del panel, la jueza Karen Henderson, designada por el expresidente George H. W. Bush, no formuló preguntas durante el procedimiento.
A continuación, las conclusiones clave de la audiencia en la corte de apelaciones:
La jueza Patricia Millett, designada por el entonces presidente Barack Obama, fue la integrante más activa del panel el lunes, y comenzó su ronda de preguntas antes incluso de que Drew Ensign, fiscal del Departamento de Justicia, pudiera terminar sus argumentos iniciales. Durante la audiencia, Millett expresó su preocupación por cómo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump privó a las personas en la mira del presidente de todo derecho al debido proceso para impugnar la acusación del gobierno de pertenecer a la pandilla.
En un momento dado, Millett llegó a afirmar que los nazis expulsados de Estados Unidos hace décadas bajo la autoridad de tiempos de guerra tenían más derechos que los extranjeros que impugnaban el novedoso uso de la ley por parte de Trump.
“Había aviones llenos de gente; no había procedimientos establecidos para notificarles”, dijo Millett, refiriéndose a dos vuelos de deportación que el Gobierno permitió continuar a principios de este mes, después de que Trump invocó la ley.
“Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí”, dijo. “Y tenían juntas de audiencias antes de que expulsaran a la gente. Y, sin embargo, aquí no hay nada sobre juntas de audiencias. No hay regulaciones, y los funcionarios de la agencia que aplicaban esto no adoptaron nada. No se notificó a la gente; no se les dijo adónde iban”, añadió.
Más tarde, cuando Millett lo presionó sobre si el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) estaba de acuerdo en que los acusados de ser pandilleros tenían “derecho a ser notificados de su remoción” debido a su clasificación como presuntos pandilleros, Ensign dijo que no lo consideraba necesario.
“Su señoría, no estamos de acuerdo con el punto de notificación”, le dijo a Millett.
“Estamos de acuerdo en que si se presentan recursos de habeas corpus, se pueden plantear tales impugnaciones”, aclaró.
El juez Justin Walker, designado por Trump durante su primer mandato, pareció coincidir en que quienes impugnaban el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente merecían la oportunidad de impugnar su deportación bajo dicha ley, pero parecía menos convencido de que la impugnación general de la proclamación de Trump pudiera ser presentada y revisada por el tribunal federal en Washington bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
En cambio, Walker indicó repetidamente que creía que las personas seleccionadas para la deportación bajo esa ley deberían poder canalizar sus impugnaciones de deportación a través de recursos de habeas corpus presentados en los tribunales de distrito donde se encuentran detenidas. Este argumento también está siendo impulsado por la administración de Trump.
En un momento dado, el juez afirmó que los alegatos de algunos migrantes de no ser miembros del Tren de Aragua pueden presentarse, pero en el tribunal “correcto”, y “el tribunal correcto está en Texas, no aquí”.
No obstante, Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que representa a los demandantes, afirmó que esa no sería una solución viable, debido a que si se levantan las órdenes del juez federal de distrito James Boasberg, sus clientes serían embarcados en aviones y expulsados de Estados Unidos sin tiempo para presentar tales alegatos.
Tampoco está claro, afirmó Gelernt, dónde se encuentran todos los que estarían sujetos a dichas órdenes.
Al intentar persuadir al tribunal de apelaciones para que mantuviera el bloqueo, Gelernt también argumentó que ello permitiría que el litigio continuara su curso ante el tribunal de distrito, lo que permitiría un desarrollo más completo del expediente de hechos para cuando el caso regresara al tribunal intermedio.
“Esta es una medida sin precedentes: usar la Ley de Enemigos Extranjeros por cuarta vez en la historia de nuestro país sin una guerra declarada”, afirmó Gelernt en un momento dado, añadiendo que Boasberg está por mantener el statu quo hasta que se pueda encontrar todos los hechos.
“Y creo que lo que vamos a demostrar en el tribunal de distrito es que muchas, si no la mayoría de las personas expulsadas no tenían ninguna conexión con la pandilla”, declaró Gelernt.
Gelernt añadió que el caso aún se encontraba en una fase inicial y que era probable que surgieran más hechos en los próximos días que, según él, en última instancia reforzarían su caso. Si el tribunal de apelaciones permitiera a la administración proceder con las deportaciones, todo ese trabajo podría quedar en nada.
También argumentó, en términos más generales, que las órdenes bajo cuestión este lunes no eran apelables en primer lugar. Las órdenes de restricción temporales generalmente son inapelables, a diferencia de las medidas cautelares, que se apelan regularmente ante los tribunales federales de circuito.
Este lunes por la mañana, Boasberg informó a Gelernt y a sus colegas que si querían convertir sus órdenes en medidas cautelares, debían informarle de su decisión antes del miércoles.
“Creo que vamos a tramitar una medida cautelar muy rápidamente”, declaró al tribunal de apelaciones. “Volveremos aquí, sin duda”, dijo.
Independientemente del fallo del tribunal de apelaciones, es probable que la parte perdedora apele la decisión ante la Corte Suprema.
En un momento dado, Walker le preguntó a Gelernt si debían suspender su decisión final para que la parte perdedora tuviera la oportunidad de solicitar la intervención del alto tribunal antes de que entrara en vigor. En otras palabras, ¿debería el tribunal de apelaciones tener en cuenta el papel de la Corte Suprema en todo esto?
“Si eso sucediera y usted fallara a favor del gobierno, espero que sus señorías nos dieran tiempo para solicitar una suspensión ante la Corte Suprema, sin permitir que todos fueran trasladados en avión a El Salvador mientras tanto”, respondió Gelernt.
Las órdenes de Boasberg expiran el sábado.
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