La evidencia que usa el Gobierno de Trump para deportar a migrantes: tatuajes, volantes y fotos borradas
Por Eric Levenson
Tatuajes. Volantes pro-Hamas. Fotos eliminadas.
Estas son solo algunas de las pruebas que el Gobierno de Trump ha citado en sus esfuerzos legales para detener y deportar a migrantes de Estados Unidos en acciones de alto perfil en las últimas semanas.
La evidencia ha sido citada en los esfuerzos para enviar a más de 200 venezolanos a prisión en El Salvador por presunta pertenencia a una pandilla, para detener a un activista propalestino y titular de una tarjeta verde sin acusarlo de ningún delito y para deportar a un médico con una visa al Líbano.
Las personas en los tribunales de inmigración ya enfrentan un estándar más bajo de debido proceso en los procedimientos, pero las medidas del Gobierno de Trump reflejan un marcado deterioro de las libertades civiles de los migrantes aún más, dijeron los abogados de inmigración.
“En este caso, bajo el Gobierno Trump, lo que estamos viendo es, sí, acusaciones que utilizan pruebas endebles, sin ninguna oportunidad significativa de refutar dichas pruebas en ningún tipo de procedimiento ante ningún tipo de responsable de la toma de decisiones”, dijo Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro a favor de la inmigración. “Eso es realmente lo que lo hace diferente”.
El rápido ritmo de detenciones y deportaciones aplicado por el Gobierno también ha desorientado a los abogados.
“Todos los días nos enfrentamos a una decisión diferente y simplemente no sabemos cómo interpretarla”, dijo la semana pasada a CNN Verónica Cárdenas, exasesora jurídica adjunta del Departamento de Seguridad Nacional. “Los abogados de inmigración estamos sufriendo la falta de un debido proceso que elude a los tribunales de inmigración, por lo que ha sido un momento muy difícil”.
El Gobierno de Trump ha respondido a los críticos que plantearon preocupaciones sobre los derechos legales de los inmigrantes.
¿Debido proceso? ¿Cuál fue el debido proceso de Laken Riley?, dijo el zar fronterizo Tom Homan en el programa “This Week” de ABC, refiriéndose a la estudiante de enfermería que fue asesinado por un inmigrante indocumentado de Venezuela. “¿Qué eran todas estas jóvenes que fueron asesinadas y violadas por miembros del Tren de Aragua? ¿Cuál fue su debido proceso?”
A continuación, analizamos más de cerca algunas de las pruebas citadas en los casos y lo que los abogados y familiares de los migrantes han dicho sobre su relevancia.
El Gobierno de Trump deportó a más de 230 venezolanos a principios de este mes, enviándolos a prisión en El Salvador por presunta pertenencia a pandillas. Pero algunos dijeron que fueron erróneamente señalados debido a sus tatuajes.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas identificó el año pasado una variedad de tatuajes relacionados con el Tren de Aragua, muchos de ellos relativamente comunes: estrellas en el hombro, coronas reales, armas de fuego, trenes, dados, rosas, tigres y jaguares. Un collage de fotografías de los tatuajes incluso incluye el logo de Nike “Jumpman” y el número 23 de la camiseta de Michael Jordan como identificador de pertenencia a una pandilla.
José Daniel Simancas Rodríguez, quien pasó 15 días detenido en la Bahía de Guantánamo antes de ser deportado a Venezuela, dijo a CNN que las autoridades estadounidenses sospechaban de él por sus tatuajes y porque era oriundo del lugar de origen de la pandilla en Maracay. Él niega estar en la pandilla.
Una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles contra el Gobierno de Trump relacionada con sus esfuerzos de deportación cuenta la historia de “J.G.G.”, un inmigrante venezolano y tatuador que ha solicitado asilo. J.G.G. tiene varios tatuajes en su pierna, y esa tinta es la que lo convirtió en el blanco de esfuerzos de deportación, según la demanda.
La ACLU dijo que J.G.G. tiene dos tatuajes: una rosa y una calavera en su pierna, así como un ojo con un reloj, y ninguno de ellos está asociado con el Tren de Aragua.
“Durante una entrevista con ICE, fue detenido porque el oficial sospechó erróneamente que J.G.G. era miembro del Tren de Aragua debido a sus tatuajes”, afirma la demanda.
Lindsay Toczylowski, cofundadora y presidenta del Immigrant Defenders Law Center, representa a un solicitante de asilo venezolano que, según dicen, fue deportado abruptamente a El Salvador.
“Él vino aquí buscando protección, buscando asilo, y debido a sus tatuajes, que son el tipo de tatuajes que verías en cualquier persona en una cafetería en (Los Ángeles), debido a esos tatuajes, él está en una prisión laboral en El Salvador conocida por abusos a los derechos humanos”, dijo Toczylowski.
Las deportaciones se deben a la invocación por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, una oscura ley del siglo XVIII que solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante grandes conflictos militares.
Las detenciones y deportaciones que ocurren bajo la medida no pasan por el sistema de tribunales de inmigración, que ofrece a los inmigrantes la oportunidad de buscar alivio y presentar su caso para permanecer en el país.
Estados Unidos designó recientemente al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y funcionarios han afirmado que el país está siendo “invadido” por la pandilla. CNN informó anteriormente que más de la mitad de los 261 inmigrantes enviados a El Salvador fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El Gobierno no ha identificado públicamente a los deportados a El Salvador, ni ha presentado evidencia de que los venezolanos deportados pertenecen al Tren de Aragua. CNN no ha podido confirmar si alguno de los inmigrantes deportados identificados en esta historia tiene alguna afiliación a la pandilla.
“No vamos a revelar detalles operativos sobre una operación antiterrorista”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la semana pasada. Agregó que los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza tenían “gran evidencia”.
“Tenían plena confianza en que las personas enviadas a casa en estos vuelos eran las correctas y en la autoridad ejecutiva del presidente para hacerlo”, dijo Leavitt.
El Gobierno ha argumentado ante el tribunal que los migrantes enviados a El Salvador fueron “cuidadosamente examinados” a través de técnicas de investigación y una revisión de información para garantizar que eran miembros del Tren de Aragua, según una declaración judicial presentada la semana pasada por un funcionario de la agencia.
Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, argumentó que la agencia “no se basó únicamente en publicaciones en redes sociales, fotografías del extranjero mostrando gestos con las manos relacionados con pandillas o tatuajes”.
ICE también analizó condenas penales previas, testimonios y entrevistas con miembros conocidos del Tren de Aragua, según el expediente.
Los miembros de TdA representan una amenaza extraordinaria para el público estadounidense. Participan en actividades ilícitas para infundir miedo y supremacía en los barrios y entre la población en general, afirma el expediente.
Mahmoud Khalil, un destacado activista palestino, fue arrestado por oficiales de inmigración hace casi tres semanas afuera de su apartamento en el campus de la Universidad de Columbia. Residente legal permanente en Estados Unidos y titular de una tarjeta verde, jugó un papel central en las protestas contra la guerra entre Israel y Hamas en el campus de la Ivy League el año pasado.
El secretario de Estado Marco Rubio ordenó la detención de Khalil, basándose en una oscura sección de la ley estadounidense que le da amplia autoridad para revocar el estatus migratorio de una persona si sus “actividades en Estados Unidos tendrían consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior” del país.
Leavitt, el secretario de prensa de la Casa Blanca, acusó a Khalil de organizar protestas que “distribuían propaganda a favor de Hamas, volantes con el logotipo de Hamas”, una afirmación que sus abogados han negado. Durante la sesión informativa, dijo que tenía una copia del volante, pero no lo presentó.
Khalil no ha sido acusado de ningún delito desde que fue detenido.
Khalil se describió a sí mismo como un “preso político” en una carta dictada a sus abogados desde el interior del centro de detención de ICE. “Mi arresto fue una consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión mientras defendía una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza”, dijo Khalil.
En una presentación judicial el domingo, el Gobierno de Trump dijo que su deportación está justificada porque Khalil no reveló su trabajo anterior en la oficina de Siria de la Embajada Británica en Beirut ni su membresía en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente en su solicitud para convertirse en residente permanente de Estados Unidos.
Khalil “trató de obtener un beneficio migratorio mediante fraude o tergiversación deliberada de un hecho material”, escribió el gobierno estadounidense.
Khalil fue pasante no remunerado de UNRWA en 2023, pero nunca formó parte del personal, dijo a CNN la portavoz Juliette Touma.
Sus abogados defensores argumentan que la nueva justificación para deportarlo es débil y no “cura la evidente mancha de represalia”.
“Es un reconocimiento de que los cargos iniciales son insostenibles”, dijo el abogado Baher Azmy a CNN. “Entonces, están optando por una teoría que deben creer que es más defendible legalmente”.
La Dra. Rasha Alawieh, de 34 años, fue deportada la semana pasada desde Boston a su Líbano natal después de que agentes federales encontraran fotos del exlíder de Hezbollah Hassan Nasrallah y del líder supremo de Irán en su teléfono celular, según un expediente judicial del Gobierno de Trump.
No estaba claro de inmediato por qué los oficiales federales estaban examinando su teléfono.
“Al explicar por qué borró estas múltiples fotos uno o dos días antes de su llegada al aeropuerto de Logan, la Dra. Alawieh declaró que no quería dar a las autoridades la impresión de que apoyaba política o militarmente a Hezbollah y al ayatolá”, se lee en el expediente judicial, según WCVB, afiliada de CNN.
Alawieh, quien asistió al funeral de Nasrallah en el Líbano, lo describió como un líder religioso muy respetado y les dijo que sigue sus técnicas religiosas y espirituales pero no su política, dijo a CNN una fuente familiarizada con el caso.
“Alawieh admitió esto abiertamente ante los oficiales de CBP, así como su apoyo a Nasrallah”, dijo un portavoz del DHS en un comunicado. Alawieh también reconoció ante los oficiales de inmigración que Hezbollah es una organización terrorista, dijo a CNN una fuente familiarizada con el caso.
La abogada de Alawieh, Stephanie Marzouk, quien le dijo al tribunal que todos los demás abogados de Alawieh se habían retirado del caso, habló brevemente con los periodistas la semana pasada afuera de un tribunal federal en Boston.
“Nuestra clienta está en el Líbano y no vamos a dejar de luchar para que regrese a Estados Unidos para que pueda ver a sus pacientes, y también vamos a asegurarnos de que el gobierno respete el estado de derecho”, dijo.
Las bases para deportar a estas personas no comenzaron con Trump. El DHS tiene una larga historia de utilizar acusaciones “endebles o sin fundamento” para deportar a personas en el sistema de inmigración, dijo Gupta, director de políticas del Consejo Americano de Inmigración.
“Este es el paso final más atroz en lo que han sido muchos años de descentralización del debido proceso en el sistema de inmigración”, dijo.
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Con información de Michael Williams, Priscilla Alvarez, Michael Rios, Norma Galeana, Ivonne Valdés, Gloria Pazmino, Sabrina Souza, Alejandra Jaramillo y Andy Rose.
