Por qué se desmoronaron los cargos de asesinato relacionados con terrorismo contra Luigi Mangione
Por Dakin Andone, Lauren del Valle y Kara Scannell, CNN
El caso por terrorismo de la Fiscalía de Manhattan contra Luigi Mangione se vino abajo este martes, cuando un juez de Nueva York concluyó que las pruebas no demostraban que hubiera cometido un acto terrorista al presuntamente matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare.
La decisión de desestimar los dos cargos más graves contra Mangione —homicidio premeditado en promoción de un acto de terrorismo y homicidio intencional sin premditación como delito de terrorismo— representó una victoria para el acusado de 27 años, cuyos abogados habían pedido que se retiraran los cargos. Sin embargo, aún enfrenta un cargo de homicidio intencional sin premeditación que podría derivar en una condena de 25 años a cadena perpetua si es hallado culpable, además de un proceso federal separado en el que podría aplicarse la pena de muerte.
“No se presentó ninguna prueba de un deseo de aterrorizar al público, inspirar miedo generalizado, emprender una campaña más amplia de violencia o conspirar con grupos terroristas organizados”, escribió el juez Gregory Carro en su fallo.
El asesinato de Brian Thompson fue “muy distinto”, señaló, de los ejemplos de terrorismo contemplados en el estatuto de Nueva York en el que se basaron los fiscales para imputar a Mangione con cargos de terrorismo, en parte porque su presunto acto tuvo como objetivo solo a una persona.
Además, aunque el estado subrayó los supuestos fines “ideológicos” de la muerte de Thompson, eso no fue suficiente, escribió Carro, para cumplir con la definición de terrorismo.
Para Joey Jackson, analista legal de CNN, la decisión del juez fue “nada sorprendente y muy valiente”.
“En mi opinión es una decisión bien fundamentada”, dijo Jackson. “El juez realmente la justifica en términos de los hechos y la ley, y creo que se necesitó mucho valor para que en un caso de alto perfil no hiciera lo fácil, que sería decir: ‘Bueno, está cerca, avancemos’. Eso no es lo que hizo este juez”.
Un vocero del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo a CNN que la oficina respetaba la decisión del tribunal “y procederá con los otros nueve cargos pendientes”, incluido el de homicidio intencional sin premeditación.
El fallo de Carro “cambia la dinámica” del caso contra Mangione, sostuvo Jackson. “Ahora es un caso común de homicidio”, dijo, aclarando que no pretendía restarle gravedad a la muerte de Thompson.
Lo que deben probar los fiscales ahora está “simplificado”, explicó. En lugar de demostrar terrorismo, deben probar los elementos de homicidio intencional sin premeditación: “¿Fue este un asesinato premeditado e intencional? Sí o no. Punto”.
El fallo de Carro se conoció justo cuando Mangione, vestido con un overol beige y con las muñecas y tobillos encadenados, ingresaba a la corte de Manhattan a la espera de la decisión sobre varias mociones de la defensa que buscaban detener o retrasar el proceso en Nueva York.
En ese punto, la defensa de Mangione recibió un resultado mixto.
Por separado, además de sus argumentos contra los cargos de terrorismo, los abogados habían intentado que se desestimara la acusación de homicidio en su totalidad alegando que enfrenta cargos federales por la misma muerte, un planteamiento que el juez rechazó como prematuro. También determinó que los fiscales de Manhattan no podrán usar pruebas obtenidas de la aseguradora Aetna, ya que la defensa alegó que los historiales médicos de Mangione fueron obtenidos de forma indebida.
Finalmente, Carro programó para el 1 de diciembre una audiencia para evaluar otro pedido de la defensa: suprimir pruebas incautadas en el momento del arresto y declaraciones hechas a las autoridades. Esa audiencia se realizará casi un año después del día en que, según los fiscales, Mangione disparó fatalmente contra Thompson cuando el ejecutivo se dirigía a un hotel en Midtown Manhattan donde UnitedHealthcare celebraba su conferencia anual de inversionistas.
Los días posteriores a la persecución del sospechoso captaron la atención nacional, mientras los investigadores revelaban supuestos escritos de Mangione y las palabras “delay”, “deny” y “depose” en las balas y casquillos hallados en la escena.
El tiroteo fue parte de una ola de ataques políticamente motivados en EE.UU., incluido el asesinato la semana pasada del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.
Seguidores de Mangione han asistido con frecuencia a sus audiencias judiciales, a menudo vestidos de verde y con pancartas. El martes no fue la excepción: varias decenas hicieron fila para entrar a la corte criminal de Manhattan, mientras un grupo de manifestantes se congregó afuera para mostrar apoyo, incluida una mujer vestida completamente de verde con una camiseta estampada con el rostro del personaje Luigi del videojuego “Super Mario Bros.”.
Al enterarse de que se retiraban los cargos de terrorismo, la multitud estalló en vítores. Los abogados de Mangione, Karen y Marc Agnifilo, agradecieron brevemente a los manifestantes tras la audiencia.
Desde su arresto en diciembre pasado, Mangione ha recaudado más de US$ 1,2 millones en una campaña en línea, con donaciones desde US$ 5. Tras la audiencia de este martes, siguieron llegando aportes, varios de US$ 100 o más.
Mangione fue imputado en diciembre por un jurado investigador de Manhattan con 11 cargos, entre ellos asesinato y homicidio intencional sin premeditación como delito de terrorismo, además de otros por armas y falsificación.
El cargo de asesinato alegaba que mató al ejecutivo “en promoción de un acto de terrorismo”, definido legalmente como la intención de intimidar o coaccionar a la población civil o a una unidad de gobierno.
La defensa de Mangione había pedido retirar los cargos en parte porque los delitos de terrorismo, según la legislación de Nueva York, se refieren a ataques contra varios civiles, no a un solo individuo. Carro estuvo de acuerdo.
Los fiscales habían intentado señalar dos precedentes: el tiroteo de 1994 contra un vehículo con estudiantes jasídicos en el puente de Brooklyn, y el ataque de 1997 desde el mirador del Empire State, ambos catalogados como actos terroristas aunque hubo solo una víctima fatal.
Pero esas comparaciones eran “inapropiadas”, escribió Carro. En esos casos hubo varios heridos y los atacantes habían dejado en claro motivaciones más amplias: en el Empire State el agresor buscaba vengar a los palestinos, mientras que el del puente de Brooklyn atacaba específicamente a judíos.
“El asesinato selectivo de un individuo —aunque atroz y despreciable— no es ‘comparable’”, escribió Carro.
Según Jackson, la decisión muestra que el juez revisó a fondo el estatuto antiterrorista de Nueva York para entender a qué buscaba responder. Señaló que la ley se aprobó días después de los ataques del 11 de septiembre, y citaba ese atentado, junto al de Oklahoma City en 1995, como ejemplos de terrorismo.
“El juez quería entender realmente de qué se trata esta ley en Nueva York”, explicó Jackson. “¿Busca abarcar un asesinato aislado? Tenemos leyes de homicidio que ya castigan eso. ¿Cuál es el propósito de tener un estatuto de terrorismo además? ¿Y está diseñado para este tipo de caso?”.
Carro concluyó que Mangione no buscaba influir ni coaccionar a una población civil, un requisito del estatuto estatal de terrorismo.
Escritos encontrados en su mochila “dejan claro que el señor Mangione no buscaba aterrorizar a ninguna comunidad”, sostuvieron sus abogados. Nunca difundió públicamente esos textos, que hablaban sobre el sistema de salud e incluían una carta al FBI, lo cual, según la defensa, demuestra que no pretendía causar intimidación generalizada.
También acusaron a las autoridades de filtrar esos escritos y de llamarlos “manifiesto”.
“Esto habría sido el presunto asesinato de un hombre frente a un hotel. En cambio, la policía filtró lo escrito en las balas; filtró los supuestos textos de Mangione; y los calificó de manifiesto, un término sinónimo de terrorismo. Nada de eso lo hizo Mangione. Fueron las autoridades quienes crearon el aire de terrorismo en torno a este caso y ahora quieren culparlo de la histeria que ellas mismas generaron”, escribió la defensa.
Los fiscales, por su parte, alegaron que el asesinato calculado de Thompson, un director ejecutivo de la mayor aseguradora del país con quien Mangione no tenía vínculo personal, buscaba “transmitir violentamente un mensaje social y político al público en general”. También señalaron el temor entre empleados de UnitedHealthcare tras el crimen.
Carro, sin embargo, falló que los empleados de una sola empresa no constituyen una “población civil” en los términos de la ley estatal. También destacó que los fiscales federales no acusaron a Mangione de terrorismo, aunque la legislación federal fue el “modelo” de la norma en Nueva York.
“Si bien el acusado claramente expresaba animadversión hacia UHC y la el sector de la salud en general, no se desprende que su objetivo fuera ‘intimidar y coaccionar a una población civil’”, escribió Carro. “Y no se presentó ninguna prueba de tal objetivo”.
Jackson señaló que cualquier asesinato genera un “efecto paralizante”. “Pero ¿significa eso automáticamente que se pretendía intimidar o influir en toda la población? El juez concluyó que no”, dijo.
“Esto no tiene que ver con coaccionar a toda una población. Tiene que ver con el desprecio de (Mangione) hacia ese sector en particular”, agregó, refiriéndose al de los seguros de salud.
El juez también determinó que los procesos estatales y federales contra Mangione aún no configuraban una violación a la cláusula constitucional de doble incriminación, como habían alegado sus abogados en un intento de desestimar los cargos estatales.
La defensa argumentó que era inédito e insostenible que Mangione tuviera que defenderse en ambos procesos simultáneamente. El recurso citaba casos anteriores de tiroteos masivos en los que fiscales estatales cedieron a los federales o evitaron añadir cargos locales.
Funcionarios estatales y federales dijeron que el proceso estatal irá primero, lo que los abogados se opusieron firmemente porque la pena máxima es “menos grave” que la sentencia de muerte federal que enfrenta.
La defensa acusó a la Fiscalía de Manhattan y a los fiscales federales de “coludirse para obstaculizar la capacidad del señor Mangione de defenderse de manera significativa”.
Carro no se dejó convencer. Citó un precedente de la Corte Suprema de EE.UU. que permite que un mismo acto criminal sea procesado por “dos soberanías” y señaló que el recurso era prematuro.
También rechazó la petición de la defensa de dejar avanzar primero el caso federal, que argumentaba que una condena en un juicio estatal altamente publicitado dificultaría encontrar un jurado imparcial más adelante.
Los fiscales señalaron la contradicción en la postura de la defensa, que alegaba preocupación por la publicidad mientras mantenía una página web actualizada sobre el caso y una campaña de donaciones en línea.
Carro calculó que el proceso estatal duraría unos dos meses y dijo que cualquier temor de que prejuzgara el juicio federal era “meramente especulativo”, ya que este podría tardar años en iniciarse.
Cuando Mangione vuelva a la corte en diciembre, el tribunal evaluará la petición de la defensa de excluir pruebas halladas en su mochila, incluidas el arma, el cargador y sus escritos, así como declaraciones hechas a la policía tras su arresto el 9 de diciembre en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, y antes de su extradición a Nueva York el 19 de diciembre.
Los fiscales de Manhattan defendieron sus actuaciones y dijeron estar dispuestos a que Carro celebre audiencias sobre si esas pruebas y declaraciones deben o no incluirse en el juicio.
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