Tres países africanos dicen que no aceptarán a Kilmar Ábrego García, en medio del debate sobre su destino en dos tribunales
Por Devan Cole, Angelica Franganillo Diaz y Holmes Lybrand, CNN
Funcionarios de tres países africanos declararon que no permitirán que Estados Unidos deporte a Kilmar Ábrego García a sus países, lo que podría frustrar los planes del Gobierno de Trump de mantenerlo bajo custodia.
Los rechazos —dos de los cuales fueron revelados por un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un tribunal de Maryland el viernes— podrían llevar a una jueza federal a ordenar al Gobierno que libere a Ábrego García de la custodia migratoria por ahora, si decide que su deportación no es inminente.
Los países —Uganda, Eswatini y Ghana— declararon en varias ocasiones en las últimas semanas que no permitirán que Ábrego García, el hombre de Maryland deportado ilegalmente a El Salvador a mediados de marzo, y posteriormente, devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, sea embarcado en un avión y enviado a sus territorios.
En virtud de una orden judicial de 2019, las autoridades estadounidenses tienen prohibido enviar a Ábrego García a El Salvador, su país natal, del que huyó años antes en medio de amenazas de violencia de pandillas.
La jueza federal de distrito Paula Xinis no se pronunció el viernes sobre la solicitud de Ábrego García de ser liberado del centro de detención donde se encuentra recluido en Pensilvania. Sin embargo, durante la larga audiencia, en ocasiones pareció no estar convencida de que el Gobierno hubiera demostrado una razón convincente para mantenerlo detenido.
La audiencia fue el último episodio del intento de Ábrego García de lograr que los tribunales intervengan en su caso de inmigración para garantizar que el Gobierno de Trump no atropelle su derecho al debido proceso meses después de haber sido deportado injustamente.
El viernes, a varios estados de distancia, otro grupo de abogados de Ábrego García compareció ante un juez federal en Nashville para determinar hasta qué punto pueden indagar en las entrañas del Gobierno de Trump mientras buscan que se desestimen sus cargos penales basándose en su afirmación de que está siendo procesado injustamente.
Su equipo informó al juez federal de distrito Waverly Crenshaw que le solicitarán en los próximos días que obligue a los fiscales federales a entregar las comunicaciones de altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general adjunto Todd Blanche, como parte del proceso de investigación ordenado por el tribunal, lo que contribuirá a reforzar su intento de desestimar el caso.
Los fiscales afirman que la decisión de acusar formalmente a Abrego García recayó en el fiscal federal interino de Tennessee, Robert McGuire, y que McGuire no fue influenciado por funcionarios del Gobierno de Trump.
“Las comunicaciones entre altos funcionarios del Gobierno sobre este caso, que no influyeron en el fiscal federal interino porque no le llegaron o no fueron comunicadas (es decir, no están vinculadas a quien realmente tomó la decisión), no serán reveladas”, escribió el Gobierno en documentos judiciales esta semana.
En Greenbelt, Maryland, el funcionario de ICE, John Schultz, dedicó horas a testificar sobre las medidas que el Gobierno de Trump ha tomado o tomará próximamente para volver a deportar a Ábrego García.
Pero aunque Xinis pareció considerar su testimonio en gran medida inútil, las revelaciones de Schultz sobre lo que funcionarios de Uganda y Eswatini le han dicho a la administración de Trump demuestran que el Gobierno ha tenido serias dificultades para encontrar un tercer país que acepte a Ábrego García.
Tras ser liberado de la prisión preventiva en Tennessee este verano, los funcionarios de inmigración le notificaron a Ábrego García sus intenciones de deportarlo a Uganda. Rápidamente declaró que temía ser enviado allí por miedo a ser torturado o perseguido, y posteriormente los funcionarios le informaron que planeaban enviarlo a Eswatini.
“¿Cómo cambió la situación de Uganda a Eswatini?”, preguntó en un momento dado Sascha Rand, uno de los abogados de Ábrego García.
“Tengo entendido que Uganda finalmente dijo ‘no’”, respondió Schultz. En otro momento de su testimonio, Schultz declaró que le informaron que funcionarios estadounidenses preguntaron primero a Eswatini si estarían dispuestos a aceptar a Ábrego García esta semana y que, hasta la mañana del viernes, el país había declarado que no permitiría su deportación.
Sin embargo, añadió Schultz, las conversaciones con Eswatini siguen en curso.
En ocasiones, Xinis, designada por el expresidente Barack Obama, se mostró molesta por la incapacidad de Schultz para responder a algunas preguntas básicas sobre las medidas que está tomando el Gobierno para expulsar a Ábrego García por segunda vez de Estados Unidos. Comparó su testimonio con otros de principios de este año.
“Tenemos el mismo problema hoy”, dijo Xinis. “Tres strikes y estás fuera”.
Este verano, después de que Ábrego García se opusiera a ser enviado a Uganda, designó a Costa Rica como el país al que preferiría ser deportado. El país centroamericano ha dicho que lo aceptaría y que le otorgaría algún tipo de estatus legal.
Esa decisión ocupó un lugar destacado en la audiencia del viernes, y Xinis cuestionó repetidamente por qué los funcionarios no se habían comprometido a enviarlo allí.
El jueves, los funcionarios manifestaron su intención de enviar a Ábrego García a Ghana, pero rápidamente desmintieron ese plan ese mismo día. Horas antes del inicio de la audiencia del viernes, un funcionario de la nación africana declaró en redes sociales que tampoco aceptaría el plan estadounidense de enviarlo allí.
Esos tres rechazos, según declaró a Xinis un abogado de Abrego García, dejaron claro que no había ninguna buena razón para que el Gobierno continuara deteniendo a su cliente.
“Este juego que están jugando, de nombrar un país tras otro, haciéndoles decir ‘No, gracias’… creo que demuestra que el verdadero objetivo del gobierno, un objetivo inapropiado, es simplemente mantenerlo encarcelado”, declaró el abogado Andrew Rossman.
En Nashville, los abogados de Ábrego García informaron a Crenshaw que es posible que los agentes federales no le leyeran correctamente a su cliente sus derechos Miranda tras su arresto en marzo, cuando fue detenido y enviado días después en un avión a El Salvador.
Dijeron que planean presentar varias mociones, incluyendo una sobre posible coerción por parte de los agentes, para suprimir las declaraciones que Ábrego García hizo durante su detención.
También informaron a Crenshaw que planean presentar mociones para eliminar del escrito de acusación formal lenguaje que, según ellos, no está relacionado con los cargos de tráfico de personas, incluyendo afirmaciones de que su cliente pertenece a la notoria pandilla MS-13.
“Agentes de Seguridad Nacional detuvieron a nuestro cliente” y le realizaron una “entrevista bajo custodia”, declaró la abogada defensora Jenna Dabbs al juez el viernes. Lo hicieron, dijo Dabbs, sin causa probable y podrían haber coaccionado a Ábrego García sin advertirle nunca de su derecho a guardar silencio o a ser representado por un abogado antes de entrevistarlo.
Las acusaciones de que Ábrego García es miembro de la MS-13 han sido difundidas por funcionarios de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, incluyendo al presidente Donald Trump, quien en una ocasión mostró una imagen de los tatuajes de Ábrego García en las manos, argumentando que representaban las letras y los números “MS-13”.
En un importante fallo la semana pasada, Crenshaw afirmó que Ábrego García había “presentado pruebas suficientes de que el Gobierno tenía interés en tomar represalias en su contra” tras impugnar con éxito su deportación ilegal a principios de este año.
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Holmes Lybrand, de CNN, informó desde Nashville; Devan Cole y Angélica Franganillo Díaz informaron desde Greenbelt, Maryland.
