Los venezolanos enfrentan un dilema: ¿Gobierno autoritario o ataques de EE.UU.?

Por Stefano Pozzebon, CNN en Español

Desde hace poco más de dos meses la rutina cotidiana de Samuel Carreño, de 49 años y residente de Petare, Venezuela, ha estado convulsionada de abajo para arriba.

La tercera semana de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la primera orden al Pentágono para enviar buques militares al mar Caribe meridional en lo que dijo era una misión contra el tráfico de droga, desencadenando una escalada de tensiones geopolíticas que han mantenido en jaque hasta hoy a toda la región.

Para Carreño y muchos como él, la perspectiva de una intervención militar estadounidense para sacar a Nicolás Maduro del poder es lejana, distante. “Yo prefiero estar en mi casa, no me gusta la violencia y jamás me gustaría que hubiera guerra ni nada, me quedo en lo mío”, cuenta, describiéndose como una persona apolítica que votó para Hugo Chávez en 1998 pero no participó en elecciones desde entonces.

Pero no son las tensiones internacionales las que ocupan a la vida cotidiana de Carreño, sino algo mucho más urgente: esa misma semana en agosto su madre Tita, de 75 años, tuvo un accidente en la casa y se fracturó el fémur izquierdo, obligando a Carreño a dejar de trabajar y cuidar a su familiar como mejor puede.

Como millones de venezolanos, Carreño es un trabajador informal que vive del día a día — “matando tigres”, según la jerga local. Si bien la economía familiar ha mejorado comparada con los años más difíciles de la crisis de abastecimiento entre 2016 y 2019, tal como analizó CNN, una emergencia médica sigue siendo imposible de costear para él y su familia.

“Para la operación nos pedían US$ 3.000, y nos tocó pedir ayuda,” le contó Carreño a CNN, detallando que fue su hermano que pudo, a través de un contacto personal, hacer que operaran a Tita a un costo más accesible 30 días después de sufrir la fractura.

“El cuidado médico en Venezuela es pidiendo, nosotros hicimos una recopilación con la familia, tocando puertas. Si uno se queda con los brazos cruzados aquí no consigue nada”, cuenta Carreño.

Desde entonces, Carreño dice que no ha podido salir a la calle por tener que atender a su mamá, que sigue en cama. Para permitir que ella se bañe, cada día calienta agua en baldes —los racionamientos hídricos implican que su familia recibe agua solamente tres días a la semana— en una cocina de gas porque el hogar, donde viven cinco personas, no tiene calentador de agua.

La sensación que se respira en Caracas en estos días, a pesar de titulares más y más ruidosos sobre un posible ataque por tierra de EE.UU. en Venezuela, es la misma: hay aprensión, pero la ordalía cotidiana que es vivir en Venezuela en 2025 es más urgente.

En la mayoría de los casos, no se registran compras nerviosas como las que caracterizaron momentos de tensión política en años pasados, como las olas de protestas antigubernamentales de 2017 o de 2019. El tránsito vehicular sigue fluyendo y, hasta el lunes, decretado festivo por la celebración de la canonización de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles, muchos negocios permanecieron abiertos.

“El tema de las compras es muy limitado por una deficiencia presupuestaria: uno compra lo que puede y raramente puede abarrotar”, sentencia el economista Jesús Palacios, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Venezuela.

Según las mediciones de la Federación Venezolana de Maestros, la canasta básica alimentaria en el país se coloca en más de US$ 500, muy por encima del promedio de los ingresos que es alrededor de US$ 250 por mes, según calcula Palacios.

El sueldo mínimo en el país se mantiene en 130 bolívares por mes, o menos de setenta centavos de dólares según la tasa oficial del Banco Central, aunque el Gobierno Venezolano complementa sueldos y pensiones públicas con un “bono de guerra económica” cuyo valor fluctúa entre US$ 80 y US$ 100 por mes, según la tasa cambiaria.

Las mismas cifras del Banco Central confirman que en los dos meses que los buques estadounidenses han estado en el Mar Caribe —contextualmente los mismos en los que la señora Tita ha permanecido en cama – el bolívar venezolano se ha depreciado un 50% frente al dólar, consecuencia también de la búsqueda de divisas en momentos de tensión.

Si bien la depreciación del bolívar y el consiguiente aumento de precios en una economía que se mantiene sumamente importadora no han alcanzado los niveles de la hiperinflación de 2018 y 2019, según el Fondo Monetario Internacional Venezuela sigue teniendo la tasa inflacionaria más alta del mundo, 270 % para 2025 y con estimación de subir hasta más de 680 % el año entrante.

“La presión cambiaria y el espectro de un regreso de la inflación significan que la gente compra lo que puede, y el consumo excepcional, como podrían ser las compras extraordinarias, se mantiene muy afectado,” resume Palacios.

Al igual que Carreño, es difícil medir los sentimientos de muchos venezolanos frente al despliegue militar estadounidense.

Según la encuestadora Hinterlaces, afín al gobierno Maduro, una inmensa mayoría de los venezolanos rechazan una intervención militar extranjera.

Otros son más cautos: la semana pasada el diario New York Times tuvo acceso confidencial a tres encuestas independientes, una de las cuales reporteaba que el 30 % de los encuestados apoyaba el uso de la violencia por parte de un ejército extranjero para lograr un cambio político, lo que estima el lado “intervencionista” como una minoría, pero más significativa.

El periódico escribió que “la represión y la profunda polarización han obligado a los encuestadores venezolanos independientes a dejar de publicar encuestas”.

Una señal hacia la creciente censura en el país fue dada el martes por el mismo Maduro, quien llamó a la creación de una aplicación móvil para que los ciudadanos se reporten entre ellos. “El sistema defensivo territorial nacional debe proceder a crear una aplicación en el sistema VenApp para que el pueblo, de manera segura, esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz, la tranquilidad”, dijo Maduro durante un acto público. VenApp es un sistema electrónico lanzado por el Gobierno de Venezuela en 2022 para que los ciudadanos reporten fallas en servicios públicos o gestionen trámites, entre otros.

Compartir opiniones en Venezuela puede costar muy caro.

El 8 de octubre, el ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la detención en la Isla Margarita del fotógrafo Carlos Lesma, culpable, según dijo el funcionario, de haber escrito “bienvenidos a los gringos” en sus redes sociales, en referencia a la posibilidad de un despliegue militar en territorio venezolano.

Como Lesma, más de 750 venezolanos siguen estando presos por razones políticas según la organización Foro Penal en su corte de esta semana. El Gobierno de Venezuela ha negado en reiteradas oportunidades que estas detenciones sean arbitrarias.

A estos, se suman 97 presos de nacionalidad extranjera, incluyendo a casos de alto perfil como el gendarme argentino Nahuel Gallo y a decenas de ciudadanos colombianos.

Uno de los más llamativos es el caso de Jonathan Torres, ciudadano venezolano que había emigrado en el año 2015 siendo menor de edad para radicarse en Estados Unidos con su familia y que el año pasado regresó a Venezuela por vía terrestre.

Según una solicitud de medidas cautelares interpuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus abogados, la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a Torres en la alcabala de Peracal, en el Estado Táchira, el 27 de Octubre de 2024, y se quedó incomunicado por meses.

Su madre, Rhoda Torres, cuenta a CNN que no tuvo noticias de él hasta febrero de este año, cuando el enviado estadounidense Richard Grenell obtuvo la excarcelación de David Estrella, un ciudadano estadounidense detenido por el Gobierno de Maduro para canjear como parte de negociaciones de alto nivel con la Casa Blanca.

Fue Estrella quien, una vez llegado a Estados Unidos, pudo comunicarse con la señora Rhoda para informarle que su hijo había sido llevado a la Cárcel Rodeo I, al este de la capital venezolana, porque las fuerzas de seguridad habían sospechado que tenía pasaporte estadounidense.

“Ellos lo querían canjear, como a todos los otros gringos. Cuando se dieron cuenta que no era de Estados Unidos y que metieron la pata, igualito lo mantuvieron ahí porque le sirve de canje,” según cuenta la señora Rhoda a CNN.

Como a muchos otros detenidos a los que organismos de derechos humanos consideran presos políticos, a Torres se le impusieron defensores públicos, pero los abogados privados contratados por su mamá para hacer seguimiento en las instancias internacionales confirmaron a CNN que el joven, de 35 años, ha sido presentado a tribunales con las acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.

CNN se comunicó con la Fiscalía venezolana para solicitar informaciones sobre el caso de Torres y no ha recibido respuesta.

Según uno de los abogados de Torres, que ha pedido resguardar su identidad, el patrón de detenciones sistemáticas para utilizar como canje por parte del Gobierno de Maduro no ha sido impactado por la tensión con Estados Unidos.

“Uno pensaría que para el Estado es el momento más oportuno para llevar a cabo unas excarcelaciones, debido a la presión internacional, pero eso no ha ocurrido”, cuenta el abogado.

La señora Rhoda es uno de los pocos familiares que ha decidido hacer campaña abiertamente para la liberación de su hijo, y videos compartidos por ella en redes sociales alcanzan decenas de miles de visualizaciones. “Dicen que uno no publique los casos, que hay que tener cuidado pero es mentira: la notoriedad es nuestra única defensa,” cuenta a CNN.

Otros en cambio confiesan más temor, y solicitan compartir sus opiniones solamente resguardando la identidad suya y de sus familiares.

“Tener un familiar que es preso político es un infierno”, cuenta otra señora, cuyo sobrino lleva detenido en la cárcel de Yare desde septiembre de 2023, según un documento revisado por CNN, y quien no ha sido presentado a tribunales ni se le han imputado cargos hasta este momento, según aseguran abogados y familiares a CNN.

“Yo no le tengo miedo a una guerra civil, para mi dénle play”, cuenta ella, su voz destrozada entre lágrimas frente a la perspectiva de una anarquía sin cuartel si el chavismo fuera sacado del poder violentamente.

“¿Miedo a qué? Una guerra tarde o temprano va a terminar, mientras para mí el miedo es estar aquí para siempre, o que nuestros países aliados nos dejen solos en la lucha. Si Simón Bolívar se fue de aquí y liberó a otros cinco países, ¿Por qué no pueden los otros países venir a liberar a nosotros?”

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