La política exterior de Trump tiene rasgos que recuerdan a la de una monarquía

Análisis de Aaron Blake, CNN

Hace dos meses, el presidente Donald Trump y sus aliados ridiculizaron a sus críticos por las multitudinarias protestas “No Kings”. Consideraron melodramático comparar las acciones y los objetivos de Trump con los de un rey.

Sin embargo, a medida que Trump ha emprendido un esfuerzo cada vez más descarado por ejercer la amenaza del poder militar de Estados Unidos y dominar el hemisferio occidental —incluido un ataque contra Venezuela y el derrocamiento de su líder, Nicolás Maduro—, Trump y los altos funcionarios han empezado a hablar en términos bastante monárquicos.

Trump, en una entrevista con el New York Times esta semana, dijo que nada podía interponerse en su camino, excepto él mismo.

Cuando se le preguntó si existían límites a su poder global, Trump respondió: “Sí, hay una cosa: mi propia moral. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”.

Cuando se le presionó, Trump admitió que tenía que cumplir el derecho internacional. Pero con una salvedad: él tenía que decidir qué restricciones del derecho internacional se aplicaban. (Este es un tema recurrente en Trump, al que llegaremos más adelante).

El Times calificó esto como “el reconocimiento más directo hasta ahora de su visión del mundo”. Pero ciertamente no es el único.

En los últimos días, el Gobierno ha descrito los esfuerzos de Trump por dominar el hemisferio occidental en términos notablemente directos, en los que lo único que importa es el poder y la influencia.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que la influencia de Estados Unidos sobre una nación soberana como Venezuela significa que sus “decisiones van a seguir siendo dictadas por Estados Unidos de América”.

En una entrevista con Jake Tapper de CNN a principios de esta semana, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller describió un “mundo real… que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por el poder”.

“El futuro del mundo libre, Jake, depende de que Estados Unidos pueda afirmarse y defender sus intereses sin disculparse”, dijo Miller.

Y, en repetidas ocasiones, Trump y su entorno han sugerido que este poder no está sujeto, en gran medida o en absoluto, a la ley.

• Miller, en otra entrevista con CNN en octubre sobre el despliegue interno de la Guardia Nacional por parte de Trump, dijo que Trump tenía “autoridad plena”, es decir, absoluta o incondicional.
• Antes de su ataque a Venezuela, Trump afirmó que no necesitaba la aprobación del Congreso.
• Desde entonces, el Gobierno ha justificado el ataque no como una operación militar, sino como un operativo de aplicación de la ley (para llevar ante la justicia a Maduro), con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Para ello, se basó en un controvertido dictamen jurídico del Departamento de Justicia de finales de la década de 1980 que, en la práctica, otorga al presidente un poder extraordinario para enviar a las Fuerzas Armadas a un país extranjero, siempre y cuando se persiga a una persona acusada.
• Podría decirse que las acciones de Trump van incluso más allá de lo que hizo el Gobierno en aquel entonces. Aunque la operación contra Maduro se ha comparado con la operación militar que siguió poco después a ese memorándum del Departamento de Justicia de finales de los 80 —la destitución del dictador panameño Manuel Noriega—, existen algunas diferencias clave. El Congreso, por ejemplo, había autorizado la remoción de Noriega, aunque no específicamente el uso de la fuerza militar, y Panamá había declarado la guerra a Estados Unidos.
• Después de que el Senado, incluidos cinco senadores republicanos, votara esta semana para impulsar una resolución sobre los poderes de guerra que limitaría la capacidad de Trump para seguir atacando Venezuela, el vicepresidente J.D. Vance la calificó de “falsa” e “inconstitucional”. Agregó: “No va a cambiar nada sobre cómo conducimos la política exterior en las próximas semanas o los próximos meses”.
• El Gobierno también ha reclamado la autoridad para matar presuntos narcotraficantes en alta mar sin revisión judicial, incluso fuera del contexto de una guerra declarada.
• Después de que los miembros demócratas del Congreso sugirieran que Trump podría dar órdenes ilegales a las Fuerzas Armadas e instaran a los soldados a no cumplirlas, Trump y su Gobierno lo calificaron de sedicioso y traicionero, como si fuera impensable que esto pudiera suceder.

Esto último es especialmente notable. Esto se debe a que Trump ha planteado públicamente dar órdenes aparentemente ilegales a los soldados en otras ocasiones.

Durante la campaña presidencial de 2016, defendió la tortura y la muerte de las familias de los terroristas y, cuando se le cuestionó la ilegalidad de tales órdenes, aseguró que los soldados las cumplirían (antes de dar marcha atrás). En 2020, planteó bombardear lugares culturales iraníes, lo que constituiría un crimen de guerra. Sus asesores han afirmado que con frecuencia plantea cosas ilegales en privado.

No obstante, el Gobierno quiere tratar como impensable que Trump plantee órdenes ilegales.

Y, de hecho, la postura del Gobierno parece ser a menudo que tales órdenes simplemente no pueden ser ilegales, porque provienen de Trump.

Al principio de su Gobierno, Trump firmó una acción ejecutiva que, en la práctica, dejó de lado a la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, la misma entidad que emitió el memorando a finales de la década de 1980 y que normalmente se encarga de evaluar la legalidad de las acciones del Gobierno.

“La opinión del presidente y de la secretaria de Justicia sobre cuestiones legales es vinculante para todos los empleados en el desempeño de sus funciones oficiales”, indicaba la acción ejecutiva de Trump.

Y el Gobierno ha llevado la postura al extremo de afirmar que no corresponde a un soldado evaluar la legalidad de las órdenes de Trump.

“Todas las órdenes, las órdenes legales, se presumen legales para nuestros miembros del servicio”, dijo Leavitt en noviembre.

Ahora, en la entrevista con The New York Times, Trump sugiere que realmente no existe ninguna ley que lo obligue respecto a esas órdenes ni en su campaña más amplia en el hemisferio occidental.

Estos no son los primeros casos en los que Trump reclama poderes extraordinarios e incluso sin restricciones.

Durante su primer mandato, hizo comentarios de este tipo sobre asuntos internos, incluyendo en 2019 la afirmación de que el artículo II de la Constitución le daba “el derecho a hacer lo que quiera como presidente”.

Y Trump, especialmente en este mandato, ha presionado repetidamente los límites de sus autoridades, tomando acciones que a veces parecen abiertamente ilegales y desafiando a los tribunales a detenerlo.

Sin embargo, ahora Trump lleva esta lógica al escenario más amplio hasta el momento: el escenario mundial.

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