Aprueban reforma judicial de Sheinbaum en México: la elección de jueces se posterga para 2028
Por Uriel Blanco, CNN en Español
El Congreso de México aprobó el jueves una iniciativa de reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se llevarán a cabo algunos cambios en materia del Poder Judicial y de revocación de mandato.
Con el apoyo del partido oficialista Morena y sus aliados, la iniciativa federal fue aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados en los primeros minutos del jueves, tras una sesión maratónica que comenzó el martes por la tarde, que tuvo una pausa esa misma noche y que se reanudó la tarde del miércoles.
Con ello, la Cámara de Diputados aprobó la postergación de la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028 y la creación de una Comisión Coordinadora para mejorar la selección de los perfiles de los tres poderes del país rumbo a la siguiente elección judicial; también se aceptó que las personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral puedan ser reelegidas en 2028 para un nuevo mandato; además, se aprobó la disminución en el cargo de nueve a ocho años de magistrados de circuito y jueces de distrito, así como la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dos secciones.
Asimismo, los diputados aprobaron que la revocación de mandato —método de consulta ciudadana con el que se puede quitar de la Presidencia a la persona titular del Ejecutivo, cargo que hoy ocupa Sheinbaum— se lleve a cabo en el cuarto año del mandato presidencial, es decir, hasta 2028 en el caso actual, con lo que dicha consulta de revocación ya no se encimará con las elecciones federales de 2027, pero sí con la elección judicial y otros comicios estatales.
Tras el visto bueno en la Cámara de Diputados, estos cambios fueron discutidos por el Senado de la República, que finalmente aprobó la iniciativa la noche del jueves.
El único paso que queda para esta iniciativa de reforma constitucional sea aprobada por completo es que 17 de los 32 congresos locales del país avalen los cambios. Se espera que se logre eventualmente, pues Morena gobierna en 24 de los 32 estados de México.
Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que la iniciativa de Sheinbaum impacta en varios puntos enfocados en las elecciones del Poder Judicial.
Sin embargo, el experto hizo énfasis en que los cambios aprobados por el Congreso son “la reforma de la reforma de la reforma”.
“Esto evidencia un desaseo legislativo por las prisas que llevaron desde que empezó este proceso todavía en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo la mayoría legislativa encabezada por Morena, la coalición gobernante, trabajó estos insumos legislativos para generar dictámenes que tenían diversas debilidades y áreas de oportunidad”, dijo Contreras en entrevista con CNN.
A partir de 2022, López Obrador propuso en dos ocasiones iniciativas para reformar el Poder Judicial; no obstante, esos intentos fracasaron por obstáculos en el Congreso y en la SCJN. Entonces, el ahora expresidente propuso el “plan C”, que básicamente consistía en llamar al voto en favor de Morena y Sheinbaum para las elecciones de 2024, con lo que la coalición gobernante podría aprobar a futuro y sin obstáculos una reforma al Poder Judicial. Y así ocurrió: Sheinbaum ganó la Presidencia de manera aplastante en 2024 y su partido obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso, que poco después aprobó la reforma que llevó al país a sus primeras elecciones judiciales en junio de 2025.
Por tanto, según Contreras, la iniciativa aprobada esta semana tiene como objetivo contemplar las “debilidades y áreas de oportunidad” de la reforma al Poder Judicial que no se habían atendido en los procesos legislativos anteriores.
En tanto, la iniciativa también contempla el aspecto de la revocación de mandato: ahora será en 2028 y ya no se cruzará con las elecciones federales de 2027, pero sí con la elección judicial y con algunos comicios estatales.
Si bien estos detalles respecto a la revocación de mandato se aprobaron en la reciente iniciativa de reforma de carácter judicial, su raíz es electoral y viene de otros intentos de reforma, dijo el académico de la UNAM.
Específicamente, este cambio en la revocación de mandato viene de las reformas electorales de Sheinbaum de este año en materia de disminución de privilegios.
La primera de esas iniciativas fracasó luego de una fractura en la coalición gobernante; la segunda sí fue aprobada por el Congreso, pero los legisladores quitaron la cuestión de la revocación de mandato.
Esa segunda iniciativa de Sheinbaum en materia electoral (el llamado “plan B”), que no contempla el detalle de la revocación de mandato, ya se plasmó en la Constitución el pasado 24 de abril.
Pero menos de un mes después, el 21 de mayo, Sheinbaum propuso la iniciativa de reforma en materia de Poder Judicial, que incluyó la cuestión de la revocación de mandato. Apenas siete días después, con la aprobación esta semana de dicha iniciativa, el Congreso le dio a Sheinbaum la victoria en este punto de la revocación de mandato, a pesar de las derrotas parciales en la iniciativa original y en el plan B.
Aunque este cambio impedirá que la revocación de mandato se cruce con las elecciones de mitad de término de 2027, “el reto sigue ahí” desde la cuestión de la organización, ya que ahora se empalma con la elección judicial de 2028.
“Va a ser complicado de una u otra forma (el cruce de la revocación de mandato con la elección judicial). Toda la logística de la operación electoral, el establecimiento de casillas, elección de funcionarios, capacitación del Instituto Nacional Electoral”, aseguró Contreras.
A pesar de que el Congreso buscó atender las “debilidades y áreas de oportunidad” de la reforma al Poder Judicial, las modificaciones aprobadas esta semana son de “carácter incluso estético, cosmético, no creo que toquen el fondo de los problemas que ha dejado la elección judicial (de 2025)”, añadió el profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, ambas de la UNAM.
Por ejemplo, la iniciativa de reforma de esta semana no contempla que la Escuela Nacional de Formación Judicial certifique las competencias de los candidatos para contender por un puesto en la elección judicial, que había sido una de las observaciones importantes en el marco de los comicios judiciales de 2025, señaló Contreras.
En su lugar, el Congreso aprobó crear la figura de Comisión Coordinadora, algo que el experto de la UNAM subrayó como uno de los dos cambios más relevantes en la iniciativa de esta semana (además del tema de la revocación de mandato).
Con esta nueva comisión “ya no habrá una coordinación por cada uno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial… (sino que será) un comité central que va a unificar criterios de selección para poder escoger a las personas candidatas a ocupar un puesto en la elección del Poder Judicial”, detalló Contreras.
En el proceso electoral judicial de 2025, cada uno de los tres poderes tuvo un comité que seleccionó los perfiles más adecuados para los comicios y creó una lista con ellos. Al final, se tenían tres listas de posibles candidatos, una por poder, que llegaban a una tómbola que definiría las candidaturas finales. Para la elección de 2028, dijo Contreras, la tómbola no desaparece, pero ahora será una coordinación central la que establecerá y homologará los criterios para que los tres poderes elijan los mejores perfiles.
“Ciertamente cambia el procedimiento, pero no el fondo. No demanda más competencias, no demanda certificaciones, no demanda experiencia en el Poder Judicial. Esto nos deja ciertamente con el mismo rasero para poder empezar la carrera a un puesto de elección popular”, destacó el experto.
Más que beneficiar a Sheinbaum, los cambios aprobados esta semana podrían favorecer a los candidatos al Poder Judicial vinculados con Morena.
En la elección 2025, algunos candidatos al Poder Judicial que obtuvieron resultados positivos tuvieron vínculos previos con el partido oficialista, lo que se podría repetir en los comicios judiciales de 2028.
Si Morena obtiene buenos resultados en las elecciones intermedias de 2027, se puede generar un “efecto de arrastre” que beneficie a los candidatos judiciales vinculados con Morena.
“Esto en Ciencia Política se le llama efecto de arrastre. (Por ejemplo) coincidiendo con la elección intermedia de 2027, (el efecto de arrastre) sería votar por el mismo partido político, en este caso el que hoy por hoy todavía tiene los mayores índices de popularidad (Morena)”, agregó Contreras.
En el caso de la revocación de mandato, dijo el experto de la UNAM, Sheinbaum figurará en una boleta electoral al mismo tiempo que los candidatos judiciales lo harán en sus boletas, lo que podría arrastrar “el voto en favor de las personas candidatas a ocupar espacios en el Poder Judicial que tengan alguna relación con el partido político en el poder”.
“La fuerza de la presidenta va a terminar por impulsar a las candidaturas que terminen por ser aprobadas” para la elección judicial de 2028, añadió.
Según Contreras, donde podría haber afectaciones para Sheinbaum es en la imagen que México proyecta al exterior. Los cambios recién aprobados, al tratarse de algo “superficial” y no de modificaciones de fondo, podrían traer críticas de órganos internacionales, además de los reproches ya expresados por la oposición política del país.
“Creo que esto puede terminar por impactar en la confianza con la que se le ve a México para diversos temas, de inversión, de protección de derechos humanos, de impartición de justicia penal, entre otros”, señaló el catedrático de la UNAM.
“Hemos tenido observaciones de diversos órganos internacionales, empezando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, que se pronunció desde antes de las elecciones de 2025), que cuestionan la independencia judicial ahora en México, y esto impacta en un concepto que se le conoce como seguridad jurídica, lo que a su vez se puede traducir en falta de confianza por parte de los mercados, de los grandes inversores, por no contar con un Poder Judicial que pueda en un eventual juicio defender debidamente la ley, el Estado de derecho y garantizar de esta forma la seguridad de dichas inversiones”, finalizó.
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