Histórica decisión en Colombia: primera condena por secuestros masivos contra la cúpula de las FARC
Por Fernando Ramos, CNN en Español
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó este martes a siete exjefes de la extinta guerrilla de las FARC por secuestros y otros delitos a ocho años de restricción de libertad y derechos, la pena máxima establecida, en una histórica primera sentencia de la justicia transicional contra el último secretariado de la agrupación.
La medida de restricción de la libertad, contemplada en ese modelo de justicia restaurativa, es contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Los afectados con la medida aceptaron su responsabilidad en graves delitos de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacó en la presentación que la condena no busca “hundir a nadie en la sombra”, sino “alumbrar nuevos caminos”, y envió un mensaje a las víctimas: “Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron, no podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido. Ninguna sentencia en el mundo podrá hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias, y enviar un mensaje claro. Nunca más el secuestro en Colombia”.
La investigación y el proceso de juzgamiento en la JEP duró siete años. Esta primera sentencia hace parte del llamado macro caso 01 por el delito de secuestro en el que fueron identificadas 21.936 víctimas del grupo armado ilegal. 4.325 de ellas están acreditadas ante el organismo judicial, rindieron sus testimonios y aportaron pruebas que fueron definitivas para la condena a sus victimarios según manifestó a CNN el magistrado Camilo Suárez, encargado de tomar la decisión en la etapa de juicio contra los máximos responsables del llamado Secretariado de las FARC.
Esta es la primera vez que se aplica el modelo de justicia restaurativa en Colombia. La sentencia contempla que los condenados tendrán restricción de movilidad pero no estarán en detención intramural, es decir no pagarán la sentencia en una cárcel. Una medida polémica que fue acordada en el marco del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el desmovilizado grupo guerrillero el 24 de noviembre de 2016.
“Colombia es un país que presenta con ocasión al conflicto cerca de 10 millones de víctimas, más de 290.000 muertos, más de 180.000 desaparecidos, masivos crímenes. Y esto lleva, fundamentalmente, a que aquellas personas que hayan aportado verdad plena, suficiente y detallada, y hayan aceptado su responsabilidad tengan derecho a una sanción propia”, afirmó el magistrado Suárez en entrevista exclusiva con CNN.
Los orígenes de la guerrilla remontan al período de conflicto civil en Colombia entre 1948 y 1953 que comenzó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato del Partido Liberal, seguido las revueltas enmarcadas en el Bogotazo, como señala el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH). Fueron años de inestabilidad política y persecución. Una vez finalizada la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), regresaron del exilio liberales y conservadores, y en ese contexto se crearon en 1964 las dos guerrillas más importantes de Colombia: las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la década de 1980 surgieron grupos paramilitares y bandas narcotraficantes, que se sumarían al conflicto ya existente entre guerrillas y estado. Solo desde 1985 se han contabilizado 8,2 millones de desplazados internos en Colombia debido a este conflicto, según Human Rights Watch, y un total de 267.565 muertos entre 1958 y 2020, de acuerdo con el CNMH. En su apogeo, se cree que la guerrilla contó con unos 35.000 miembros, estimó el investigador James J. Brittain en su libro “Revolutionary Social Change in Colombia”.
Tras una serie de intentos fallidos para poner fin al conflicto, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, lideradas por alias “Timochenko”, firmaron un acuerdo de paz en 2016. Aunque en el posterior plebiscito ganó el “No”, las autoridades incorporaron las propuestas a una nueva versión del acuerdo, y para 2017 se abrieron las puertas a la participación política de los miembros de las FARC y comenzó la desmovilización y entrega de armas.
No obstante, hubo frentes disidentes que no aceptaron la desmovilización y algunos veteranos guerrilleros de las FARC se han unido a esas facciones.
Todo en este modelo de justicia es nuevo en el país y, por tanto, puede ser controversial. Los afectados con esta primera sentencia se dedicarán a trabajos que vayan en beneficio de las víctimas en el proceso de verdad, justicia y reparación. El magistrado Suárez acepta que nada será suficiente para resarcir el dolor causado, pero argumenta que lo más importante en esta apuesta de reconciliación es que se sepa toda la verdad y que las víctimas se hayan sentado durante meses cara a cara con sus victimarios y pudieran confrontarlos con su dolor y que ellos hayan pedido perdón por todas las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron.
“Es una justicia restaurativa, hubo necesidad de modificar la constitución para incorporar este modelo de justicia. Pero restaurativa significa identificar el daño, restaurar y reparar el daño”, afirma el magistrado Suárez.
Una decisión, que reconoce el magistrado, será más difícil de aceptar para el grueso de los colombianos que vieron y padecieron durante décadas el horror de la guerra que para las propias víctimas directas que han empezado a sanar. Muchas de ellas, sin embargo, no han perdonado y están en procesos muy complejos de aceptación.
La condena implica que los victimarios, además de la restricción de movilidad y libertad, tendrán que cumplir con varias tareas que serán verificadas por la JEP y por organismos como las Naciones Unidas. “Hemos identificado cuatro líneas restaurativas fundamentalmente: una que tiene que ver con búsqueda de personas desaparecidas. La segunda línea tiene que ver con desminado humanitario, la tercera línea tiene que ver con memoria, y la memoria de las víctimas no solo para no olvidarlas, sino para que lo que pasó acá no vuelva a ocurrir. Y tenemos una cuarta línea restaurativa que es medio ambiente y naturaleza”, dice el magistrado Camilo Suárez.
La sentencia, de más de 600 páginas, es notificada este martes ante los directamente afectados por la medida y quienes han manifestado a la JEP que aceptan la condena establecida. Las víctimas en este caso por secuestro han podido durante todo este tiempo hacer sus reparos y contar sus historias ante los cinco magistrados que llevaron el caso y, posterior a la sentencia, podrán apelarla si así lo consideran con sus abogados.
La JEP, además de este macro caso contra las FARC por el delito de secuestro, investiga otros 10 que involucran no solo a exguerrilleros, sino también a exintegrantes de las Fuerzas Militares, exparamilitares, civiles, empresarios y patrocinadores de grupos armados ilegales.
El jueves 18 se conocerá también la primera sentencia contra miembros del ejército y la policía que han reconocido su responsabilidad en los llamados “falsos positivos”, en donde civiles asesinados en estado de indefensión fueron presentados como bajas en combate con la guerrilla.
La JEP establece que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no aporten verdad plena, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición no tendrán derecho a la justicia restaurativa y se exponen a condenas en la justicia ordinaria hasta de 40 años de prisión, el máximo contemplado en el código penal colombiano.
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Germán Padinger de CNN colaboró con este reporte.
