El máximo tribunal de la ONU reprende a Israel por las restricciones de ayuda en Gaza durante su guerra
Por Lauren Kent, CNN
El máximo tribunal de las Naciones Unidas emitió el miércoles una opinión legal en la que afirma que Israel, como potencia ocupante, está obligada a trabajar con agencias de la ONU para facilitar la ayuda humanitaria en Gaza, una reprimenda al bloqueo impuesto por Israel al enclave palestino a principios de este año.
La Corte Internacional de Justicia también señaló en su opinión consultiva que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el principal organismo de la ONU que atiende a los refugiados palestinos, no ha violado las normas de imparcialidad y que Israel debe apoyar el trabajo de asistencia de la agencia.
La opinión fue solicitada por la Asamblea General de la ONU en diciembre, después de que Israel aprobara leyes que prohíben a la UNRWA operar en el país, restringiendo significativamente su capacidad para entregar ayuda en Gaza.
“La potencia ocupante nunca puede invocar razones de seguridad para justificar la suspensión general de todas las actividades humanitarias en territorio ocupado”, dijo el juez Iwasawa Yuji al presentar la opinión, que también establece que Israel está obligado a garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los civiles en Gaza. “Tras examinar las pruebas, la corte concluye que la población local en Gaza ha sido insuficientemente abastecida”.
La opinión consultiva —destinada a abordar las obligaciones de Israel ante la ONU, las organizaciones de ayuda y los Estados terceros en la Ribera Occidental ocupada y Gaza— no es vinculante, pero sí tiene peso político y se espera que aumente la presión sobre Israel para que coopere con la ONU y otras agencias de ayuda.
El embajador de Israel ante la ONU criticó la opinión del tribunal calificándola de “vergonzosa”.
Israel ha acusado a la UNRWA de tener a más de mil empleados afiliados a Hamas y de enseñar odio contra Israel en sus escuelas. La UNRWA ha negado repetidamente las acusaciones, afirmando que no hay fundamento para “una descripción general” de toda la institución como infiltrada por Hamas. Una investigación de la ONU determinó que nueve empleados de los 13.000 de la UNRWA en Gaza “podrían haber” estado involucrados en los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre.
Además, el tribunal afirmó el miércoles que Israel no ha fundamentado las acusaciones “de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamas u otras facciones terroristas”.
“La corte concluye que, en las circunstancias actuales, las Naciones Unidas, actuando a través de la UNRWA, han sido un proveedor indispensable de ayuda humanitaria en Gaza”, indicó el juez, criticando también a la Fundación Humanitaria para Gaza respaldada por EE.UU., que Israel ha presentado como un reemplazo de parte del trabajo de la UNRWA.
“La corte recuerda la obligación de Israel de no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra en su calidad de potencia ocupante”, añadió.
Funcionarios israelíes han acusado al tribunal de la ONU de estar politizado y ser utilizado como arma contra Israel.
“Están culpando a Israel por no cooperar con los órganos de la ONU… Deberían culparse a sí mismos. Esos órganos se convirtieron en caldo de cultivo para terroristas”, afirmó Danny Danon, el embajador israelí ante la ONU, el miércoles en respuesta a la opinión, que describió como un “documento político”.
Un cese del fuego entre Israel y Hamas está en vigor desde hace más de una semana, e Israel ha permitido el ingreso de más ayuda a Gaza en línea con el objetivo del acuerdo de 600 camiones por día, según funcionarios de EE.UU. e Israel.
La opinión emitida el miércoles es uno de varios casos relacionados con Israel sobre los que el tribunal de la ONU se ha pronunciado desde que comenzó su guerra en 2023.
En julio de 2024, la CIJ afirmó que la presencia de Israel en la Ribera Occidental y Jerusalén Este es ilegal, en una decisión sin precedentes que instó a Israel a poner fin a su ocupación de décadas de los territorios que los palestinos quieren para un futuro Estado.
La contundente opinión abordó una lista de prácticas israelíes que la CIJ señaló como violaciones del derecho internacional, incluyendo la confiscación de tierras, la construcción de asentamientos israelíes en los territorios y la privación a los palestinos de recursos naturales y del derecho a la autodeterminación. En un caso anterior a la guerra entre Israel y Hamas, la corte afirmó que Israel abusó de su posición como potencia ocupante y le instó a cesar la actividad de nuevos asentamientos, evacuar a los colonos y hacer reparaciones por los daños causados.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros políticos rechazaron firmemente esa opinión de la CIJ en su momento.
La CIJ también emitió una serie de medidas de emergencia relacionadas con Gaza en 2024, incluyendo la orden a Israel de detener de inmediato su controvertida operación militar en la ciudad sureña de Rafah, en Gaza, calificando la situación humanitaria allí como “desastrosa”.
Estas medidas forman parte de un caso más amplio presentado por Sudáfrica contra Israel, que acusa a Israel de incumplir sus obligaciones bajo la convención sobre genocidio, una acusación que Israel ha negado de manera vehemente y reiterada.
El caso de genocidio ante la CIJ sigue en curso y se espera que dure varios años. Esto ocurre en el contexto de la conclusión de una investigación independiente de la ONU en septiembre, que determinó que Israel cometió genocidio contra los palestinos en Gaza, lo que coincide con los hallazgos de otros expertos en genocidio y grupos de derechos humanos, y que Israel rechazó.
El Gobierno israelí ha sostenido que condujo la guerra en Gaza en cumplimiento del derecho internacional. El Gobierno también ha acusado reiteradamente a la ONU de tener un sesgo antiisraelí.
Los procedimientos de la corte de la ONU son independientes de la investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza que lleva a cabo la Corte Penal Internacional, otro organismo jurídico internacional con sede en La Haya, Países Bajos.
A fines del año pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant, y un alto funcionario de Hamas ya fallecido, Mohammed Deif, a quien Israel señala como uno de los cerebros de los ataques del 7 de octubre, entre otros.
Israel no reconoce a la CPI, pero está obligado por el estatuto de la CIJ como Estado miembro de la ONU.
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Eugenia Yosef, Nadeen Ebrahim y Mitchell McCluskey de CNN contribuyeron a este informe.
