La guerra en Gaza terminó, pero la lucha en Israel por rendir cuentas apenas comienza
Por Tal Shalev, CNN
“¿De verdad cree, señor Netanyahu, que puede cambiar el nombre de las guerras, repartir medallas, contar historias sobre su heroísmo… y aun así evitar investigar el mayor fracaso nacional en la historia de Israel?”
La voz de Eyal Eshel se quebró de rabia mientras estaba en el escenario en Tel Aviv la noche del sábado y leía en voz alta, ante miles de manifestantes, la reciente decisión del gabinete de cambiar el nombre de la guerra de Gaza de “Operación Espadas de Hierro” a “Guerra de la Redención”. Luego rompió el documento en pedazos.
“Olvídelo”, continuó Eshel, cuya hija Roni perdió la vida como observadora de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) en Nahal Oz el 7 de octubre. “Nosotros, las familias en duelo, los residentes del entorno de Gaza, los ciudadanos de Israel, no se lo permitiremos. Hasta que investiguen, no habrá resurgimiento. Mi Roni no volverá, pero la verdad aún puede”.
La escena capturó una de las batallas centrales que ahora se desarrollan en Israel. La larga guerra en Gaza llegó a su fin, pero la confrontación interna sobre la rendición de cuentas apenas comienza.
Más de dos años después del día más mortífero en la historia de Israel, el Gobierno aún no ha establecido una comisión estatal oficial de investigación para examinar las fallas de seguridad e inteligencia que permitieron que el grupo extremista Hamas matara a más de 1.200 israelíes y secuestrara a más de 250 personas.
En cambio, el domingo, el Gobierno decidió avanzar en el establecimiento de una comisión de investigación “independiente” sobre los hechos del 7 de octubre, que tendrá “plenas facultades investigativas y cuya composición reflejará el mayor consenso público posible”.
Según la decisión, Netanyahu nombrará un comité ministerial que deberá presentar en un plazo de 45 días su recomendación sobre el mandato de la comisión. En lugar de una comisión estatal de investigación, es un nuevo retraso.
Tras la decisión, el Consejo de Octubre —una coalición de familias en duelo y sobrevivientes— condenó lo que llamó la “comisión política” y anunció nuevas manifestaciones.
Durante la guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo repetidamente que una investigación debía esperar hasta que terminaran los combates. Ahora que eso ocurrió, las familias en duelo, los sobrevivientes y los residentes de las comunidades devastadas en la frontera con Gaza están intensificando su demanda de una comisión estatal de investigación que les dé respuestas.
Una comisión estatal de investigación es el mecanismo más poderoso en la legislación israelí: está facultada para investigar desastres y decisiones a nivel nacional de manera independiente del Gobierno de turno.
Netanyahu impulsa un mecanismo alternativo que le permitiría mantener el control sobre quién investiga y quién asume la responsabilidad, algo que, según sus críticos, está diseñado para protegerlo en lugar de descubrir la verdad.
La manifestación del sábado fue la primera vez que el Consejo de Octubre organizó una protesta masiva, en un intento por movilizar apoyo público.
“El 7 de octubre, más de 1.200 hombres, mujeres y niños fueron asesinados o cayeron en combate. Bebés fueron masacrados en sus cunas. Familias enteras fueron borradas ante nuestros ojos. Esto no fue solo un ataque: fue un pequeño Holocausto en el corazón del Estado de Israel”, dijo ante la multitud Rafi Ben Shitrit, cuyo hijo Elroi fue matado en combate en el puesto de Nahal Oz.
“De este dolor —de las cenizas— debemos exigir lo único que debió ser obvio”, continuó. “Una comisión estatal de investigación completa e independiente que examine cada proceso, cada falla, cada acto de negligencia, cada silencio. Sin descubrir toda la verdad, no puede haber reparación”.
Sin embargo, Netanyahu se ha resistido firmemente a los llamados a una comisión de este tipo porque sus integrantes serían nombrados por el presidente del Tribunal Supremo de Israel, una institución que su Gobierno ha intentado debilitar durante los últimos tres años.
Ha convertido el enfrentamiento de su Gobierno con el poder judicial israelí —que precede a la guerra en Gaza— en un escudo contra los llamados a la rendición de cuentas, bajo el argumento de que existe poca confianza pública en una comisión estatal de investigación porque estaría bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo.
La semana pasada, Netanyahu reiteró en la Knéset que cualquier comisión futura no será, bajo ninguna circunstancia, una comisión estatal de investigación.
Durante un debate iniciado por 40 parlamentarios de la oposición, afirmó que “una gran parte del público no confía en una comisión estatal de investigación. Promoveremos un comité que represente a todas las partes de la nación. La oposición grita ‘comisión estatal’, pero saben que la mitad de Israel no aceptaría su composición o sus conclusiones. Buscamos un comité equilibrado que investigue a todos y goce de amplia confianza pública”.
Los miembros del Consejo de Octubre presentes en la sesión se dieron la vuelta en señal de protesta.
A pesar de las afirmaciones repetidas de Netanyahu de que la mayoría de los israelíes se oponen a una comisión estatal —y su campaña contra ella—, encuestas reiteradas sugieren lo contrario. Un sondeo del Institute for National Security Studies a finales de octubre encontró que casi tres cuartas partes de los israelíes (74 %) apoyan establecer una comisión estatal, frente al 17 % que se opone. Incluso entre los votantes de la coalición, la mayoría (52 %) respalda la medida, mientras que entre los votantes de la oposición el apoyo alcanza el 92 %.
Pero la opinión pública no ha movido al Gobierno de Netanyahu. Presionado por las peticiones de familias en duelo ante el Tribunal Superior, el gabinete ha sostenido repetidos debates sobre el asunto, pero sin comprometerse. Una discusión prevista para el domingo probablemente no cambie ese patrón.
Desde que terminó la guerra, sin embargo, Netanyahu ha intensificado esfuerzos para establecer una alternativa más limitada.
Un modelo es un comité gubernamental cuyos miembros él mismo podría designar; otro es un comité parlamentario dividido en partes iguales entre representantes de la coalición y de la oposición, lo que probablemente generaría un bloqueo y parálisis rápidos. Ninguno tendría la independencia de una comisión estatal.
Según dos fuentes israelíes, Netanyahu busca impedir que un futuro Gobierno determine quién investiga y quién carga con la culpa al establecer su propia investigación antes de las elecciones previstas para el próximo año. Lo que las familias del Consejo de Octubre exigen —un organismo capaz de descubrir toda la verdad— es precisamente lo que las alternativas de Netanyahu están diseñadas para evitar.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Israel han completado investigaciones internas y la oficina del contralor del Estado está llevando a cabo una investigación amplia que intenta llenar el vacío al ir más allá de su mandato habitual. Pero sin poderes de citación ni un mandato público, sus informes no pueden nombrar a los responsables ni recomendar destituciones.
Para las familias que perdieron seres queridos el 7 de octubre, las revisiones técnicas no sustituyen un proceso nacional de rendición de cuentas.
“Cada institución se está investigando a sí misma”, dijo Hila Abir, cuyo hermano Lotan fue asesinado en el festival de música Nova. “Eso no es rendición de cuentas. Necesitamos una comisión real e independiente que publique conclusiones y genere cambios, para que nunca volvamos a despertar ante otro 7 de octubre”.
“Nos despertamos cada mañana sin sentirnos seguros”, agregó Abir. “Eso debería preocupar a todos los israelíes”.
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