No son “lo peor de lo peor”: estos inmigrantes contribuían en sus comunidades y fueron arrestados por ICE
Por Anabella González, CNN en Español
Detener y expulsar de Estados Unidos a “lo peor de lo peor”: bajo esa narrativa, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defiende los arrestos de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al argumentar que se trata de personas que cometieron delitos graves. Pero algunos datos y testimonios de los últimos meses parecen indicar lo contrario.
Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato hasta el 15 de octubre pasado, alrededor de 220.000 personas fueron arrestadas por ICE, según datos del Proyecto de Datos de Deportación, un grupo de investigación asociado con la facultad de derecho de UC Berkeley. Cerca de 75.000 personas que fueron detenidas en esos casi nueve meses no tenían antecedentes penales, agrega el reporte.
En junio, CNN ya había reportado que menos del 10 % de los inmigrantes detenidos por ICE entre octubre de 2024 y mayo de 2025 fueron condenados por delitos graves como asesinato, agresión, robo o violación.
Más allá de los números, detrás de estos casos hay historias de personas queridas y conocidas en su comunidad que pasaron semanas privadas de su libertad; de padres o madres que con sus detenciones vieron cómo sus familias se fragmentaban mientras sus hijos quedaban sin saber cómo seguir adelante económica y emocionalmente.
La ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump se intensificó en junio con redadas en Los Ángeles, California. Los operativos desencadenaron protestas, algunas de ellas violentas, y el despliegue de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones.
Sin tener antecedentes penales, Ambrocio Lozano pasó más de cien días en un centro de detención de Los Ángeles luego de ser arrestado por agentes de inmigración el 23 de junio.
Vendedor de paletas desde hace más de 24 años, Lozano llegó a California en 1999 desde el estado de Guerrero, en México. Desde entonces vende helados a la comunidad de Culver city, donde muchos vecinos y clientes esperaron durante meses su regreso.
Acostumbrado durante décadas a trabajar todos los días al aire libre con su carro, dice que estar encerrado entre cuatro paredes fue de las cosas más difíciles que tuvo que enfrentar. “Sentía que los días se me hacían años”.
Pasó en total 114 días privado de su libertad. Finalmente, fue liberado y un juez de inmigración aprobó la petición de residencia permanente que su familia había presentado hace más de 20 años.
Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés), dijo a CNN que entre 5.000 y 7.000 personas han sido detenidas o deportadas en el área de Los Ángeles entre enero y diciembre de 2025. Según estimaciones de CHIRLA, “el 60 % al 70 % de los detenidos en Los Ángeles no tiene ningún antecedente penal”.
Además de ser el sustento económico de su vida y la de su familia, Lozano afirma que es feliz como paletero. Se ve en sus gestos, en la alegría al reencontrarse con sus clientes, en la actitud con la que empuja su carro de paletas y comparte esos sabores con niños y adultos.
Tras su liberación, el paletero organizó una tarde para reunirse con sus clientes y amigos de su comunidad en un parque público de Culver city. Para agradecerles les regaló helados y compartió anécdotas y abrazos. A cambio recibió carteles de bienvenida, aplausos y hasta una pintura de su carro de paletas.
Esa alegría lo ayudó a seguir adelante. No fueron meses fáciles y Lozano dice que la detención dejó secuelas en su salud física y mental, pero no quiere que eso lo detenga.
En el centro de detención migratorio Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey, la población sin registros penales detenida era casi 10 veces mayor que la población con antecedentes criminales, según datos de ICE hasta el 10 de noviembre.
Una de esas personas fue el chef Ruperto Vicens Márquez, de 38 años, originario del estado mexicano de Puebla. Fue arrestado por agentes de ICE el 19 de octubre mientras se dirigía al restaurante que fundó con su hermano, Emilio’s Kitchen.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que Ruperto es “un extranjero ilegal de México con una detención previa por resistirse al arresto y una orden final de deportación”. Pero su abogado, Steven Lyons, rechazó esas afirmaciones y aseguró que Ruperto tenía un permiso de trabajo válido hasta 2028 y una solicitud pendiente de alivio migratorio con cita ante la corte también prevista para ese año. El cargo citado por ICE fue desestimado en 2010, dijo Lyons, y agregó que no se trata de un delito, sino de una infracción civil.
En Delaney Hall “había mucha gente que solamente la habían agarrado saliendo de casa, en la calle, en el trabajo, de diferentes maneras, pero la mayoría no tenía récords criminales”, dijo el chef.
Además de los datos y los testimonios, distintas organizaciones vinculadas a la defensa de casos de inmigrantes afirman que muchos de ellos distan de ser criminales o “lo peor de lo peor”. Sui Chung, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, dijo a CNN que la mayoría de los inmigrantes que representa su organización no tiene antecedentes penales.
Los inmigrantes “han sido retratados como un peligro para la comunidad, como una carga para la sociedad, como criminales, violadores, terroristas, y estas son afirmaciones incorrectas”, dijo Chung. “Es una narrativa muy peligrosa para promover en un país construido sobre la inmigración”.
Muchos de los detenidos no han representado ningún peligro para la sociedad durante años, explicó.
En Atlantic Highlands, una pequeña comunidad en la costa de Nueva Jersey, la detención de Ruperto generó reacciones inmediatas.
Decenas de vecinos le dieron su apoyo, tanto económico como con protestas pacíficas. La alcaldesa de Atlantic Highlands, Lori Hohenleitner, acompañó a la familia y organizó una campaña de GoFundMe que buscaba recaudar dinero para apoyar con los gastos legales.
Un mes después, Vicens Marquez quedó en libertad tras el pago de una fianza que dispuso el juez. Al salir por la puerta de Delaney Hall, decenas de personas lo esperaban con aplausos y celebraciones.
El chef de Emilio’s Kitchen pudo regresar a la cocina a hacer lo que le apasiona. Para él, la reacción de la comunidad fue “un milagro”.
“Estoy muy agradecido por lo que han ofrecido hacia mi persona y a mi familia, y les digo que han sido una esperanza muy grande, no solo para mí, sino para muchas personas que están pasando por las mismas situaciones”, dijo.
Para Leonel Chávez la realidad se parece mucho a una pesadilla.
Este inmigrante mexicano de 42 años, que vivía en Estados Unidos desde hace décadas, fue separado de su familia al ser detenido a mediados de agosto junto a su hermano en Norwalk, Connecticut, y luego deportado a Tamaulipas, en México.
“Me siento vacío, me siento devastado. A veces despierto y pienso que estoy allá. Es una pesadilla que a veces no me deja dormir”, dijo Leonel Chávez en entrevista con CNN desde la ciudad de Puebla, su nuevo hogar.
El video de su detención generó cuestionamientos de las autoridades de Connecticut y también de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por considerar que se trataba de un operativo que se excedió en el uso de la fuerza y que constituye una “violación de los derechos humanos”.
Chávez llegó a Estados Unidos a los 17 años. Allí conoció a su esposa, ciudadana estadounidense, con quien se casó y tuvo tres hijos. Leonela es la mayor, de 21 años, y en mayo se graduó como psicóloga en la Universidad de Connecticut. Sus hermanos menores tienen 20 y 16. Todos ellos nacieron en Estados Unidos.
Su hija contó a CNN que su papá era el sostén económico de su familia y que si bien vivía como indocumentado en el país, tenía una pequeña compañía con clientes que confían en su trabajo, pagaba impuestos, y siempre estaba en búsqueda de hacer crecer su negocio.
Además, Chávez era un miembro activo de su comunidad en la iglesia, donde era habitual que ayudara con reparaciones y también en otras iglesias de la zona.
Leonel Chávez tiene condenas por delitos menores, según documentos judiciales, pero él dice que fueron errores cometidos cuando era un adolescente y que siempre estuvo a disposición de la justicia.
Desde entonces, dice, hizo todo lo que pudo para contribuir a su comunidad y al país con su trabajo. “¿Por qué no van a mi comunidad, o la iglesia donde yo trabajo y preguntan mis antecedentes?”, cuestiona sobre el accionar de las autoridades.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirma que ha deportado a más de 500.000 inmigrantes indocumentados desde el inicio del segundo mandato de Trump. Pero la cifra aún es insuficiente para el Gobierno, que tenía el objetivo de llegar a un millón de deportaciones al año.
A principios de diciembre, el DHS inició operativos de inmigración en Nueva Orleans para expulsar a “lo peor de lo peor” bajo la denominada “Operación Catahoula Crunch”, que buscaba lograr al menos 5.000 arrestos de personas acusadas “de delitos graves”, según las autoridades.
La concejala de la ciudad de Nueva Orleans, Lesli Harris, dijo que consideraba poco realista el objetivo si realmente solo estaban enfocándose en los sospechosos más peligrosos, y autoridades de la ciudad plantearon su preocupación por cómo éstas operaciones podrían afectar a la población indocumentada más vulnerable.
CNN reportó al menos tres casos de personas que fueron detenidas en las calles durante redadas en el área de Chicago, Charlotte y Nueva Orleans. Permanecieron en centros de detención durante semanas hasta que la Justicia determinó que sus arrestos eran ilegales: no tenían antecedentes penales y se les había permitido esperar sus próximas audiencias judiciales de inmigración en libertad.
Mientras tanto, en Chicago, Los Ángeles y en otras ciudades estadounidenses, la comunidad inmigrante se organiza frente al temor por las detenciones y busca dar apoyo emocional y ayuda legal a quienes lo necesitan. Patrullas escolares para acompañar a estudiantes y alumnos; actividades religiosas y culturales y distintas iniciativas han sido el punto de unión frente a los operativos de ICE que dejan miedo e incertidumbre en una comunidad que busca seguir adelante.
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Con información de Uriel Blanco, Rocío Muñoz-Ledo y Karen Esquivel, de CNN.
