Desde el “narco de narcos” a alias Fito: Trump impone su estrategia de seguridad con los acuerdos para la extradición
Análisis de Gonzalo Zegarra, CNN en Español
La estrategia de seguridad regional del Gobierno del presidente Donald Trump mantiene el mecanismo de extradición como una de sus herramientas más notorias en la lucha contra el narcotráfico y los grupos delictivos, mientras crece la lista de criminales de alto perfil de la región que acaban rindiendo cuentas frente a tribunales estadounidenses. Analistas consultados por CNN señalan que estas extradiciones permiten a Trump reforzar su narrativa de seguridad y proyectar la idea de que en EE.UU. se impone la ley.
Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, se unió en las últimas semanas a ese listado, que en febrero había sumado al mexicano Rafael Caro Quintero, conocido como “narco de narcos”, como parte de una entrega de 29 destacados miembros de cárteles, aunque en ese caso el Gobierno de México dijo que fue un envío en respuesta a una “solicitud debidamente fundada” de Estados Unidos. Anteriormente, EE.UU. ya había logrado la custodia de otras personas como Joaquín “El Chapo” Guzmán, su hijo Ovidio Guzmán López o el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
Con estas extradiciones, así como de otras figuras menos notorias, EE.UU. “busca completar su panorama, la información que tiene a través de inteligencia”, explica a CNN Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad y fuerzas armadas e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Son gente que tiene mucho valor informativo”, agregó.
En ello coincide Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de la organización no gubernamental México Evalúa, quien señaló a CNN que en el caso de los hijos del Chapo, Washington busca centralizar información sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, así como funcionarios y políticos socios de dicha organización. Con ello, apunta Vargas, Trump puede “fortalecer su narrativa de que México es un ‘narcoestado’” y mantener su retórica sobre lo que considera una invasión migratoria.
“Estados Unidos tiene su historia (con los acuerdos de extradición), forma parte de su estrategia contra el narcotráfico. Busca hacer el tema del imperio de la ley con estos objetivos de alto valor, de alta importancia en las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, y que sean acusados en una corte estadounidense”, comentó Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN). “Al final de cuentas es un tema político, la estrategia es hacerlos pagar por delitos trasnacionales, con penas más severas, en cárceles más seguras, jugando a la imagen de que allí se impone la ley”, añadió. Al respecto, aludió a una frase atribuida a Los Extraditables, un grupo clandestino liderado entre otros por el fallecido capo colombiano Pablo Escobar a finales de los años ochenta, quienes preferían “una tumba en Colombia que una cárcel en EE.UU.”.
Pontón además destaca el efecto disuasivo de las extradiciones y comentó sobre el proceso. “Primero se negocian las penas, luego se establecen atenuantes a cambio de información relevante”. Como parte de esas negociaciones, en el caso de Guzmán López, varios miembros de la familia del Chapo viajaron en mayo a Estados Unidos.
Desde que la Suprema Corte de México sentó un precedente en 2001 al aprobar la extradición de un nacional a EE.UU., el país ha enviado cerca de 50 personas al año por diversos delitos, con una ligera tendencia a la baja, según estadísticas de la Fiscalía General de la República proporcionadas a El Universal.
Benítez señala que el caso de los 29 entregados en febrero fue “un gesto de buena voluntad” del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “para mejorar la imagen de México en la lucha contra el narcotráfico”.
Sin embargo, considera que a México “le cuesta digerir que entrega extraditados que hablan contra el Gobierno”, que a su vez niega los señalamientos. “Al colaborar (con los fiscales estadounidenses), hablan mal de las autoridades y los empresarios”, dijo. Con ese marco, el investigador de la UNAM considera difícil que se produzcan extradiciones de políticos mencionados por los extraditados por supuestos vínculos con el narcotráfico. “Muchos están activos y tienen fuero, pertenecen a estructuras políticas”, recalcó.
Si existiese una incomodidad en el Gobierno de Sheinbaum, igualmente cuenta con incentivos (o la amenaza de represalias) para continuar la cooperación. “No extraditar sería un suicidio. Si te piden un narco porque ha cometido delitos hacia EE.UU., como enviar drogas, y lo tienes preso y no lo extraditas, te castigan con aranceles”, advierte Benítez, que subraya una molestia adicional por las duras críticas del presidente estadounidense a la estrategia de seguridad del país vecino. Sobre las complejidades para abordar los asuntos con Washington, resaltó: “México tiene una carambola de tres bandas: el comercio, el narcotráfico y los temas de migración”.
Al inicio de su segundo mandato, Trump designó a ocho grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas, entre ellos seis cárteles mexicanos, así como el Tren de Aragua y la pandilla MS-13. “México probablemente no quiere eso, pero tenemos que hacer lo que es correcto”, dijo el presidente al firmar el decreto, que endurece la estrategia de seguridad y puede dar pie a medidas más duras o sanciones financieras.
En el primer semestre del 2025, algunos países tomaron decisiones sobre la figura de extradición. El presidente de Costa Rica firmó en mayo una reforma constitucional que permite por primera vez la extradición de ciudadanos costarricenses acusados de narcotráfico y terrorismo. El Gobierno de Honduras, que el año pasado había amenazado con poner fin al tratado que las permite, en medio de acusaciones a Washington de injerencia, llegó a un acuerdo en febrero para mantenerlo vigente al menos hasta 2026. Mientras que en Ecuador, si bien la reforma legal que habilita las extradiciones fue aprobada en 2024, alias Fito se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado por su propio país bajo ese marco.
Pontón considera que hay una contradicción en la política de deportación masiva del Gobierno de Trump y los planes para trasladar a presos a cárceles de otros países con la intención de llevar a Estados Unidos a presos de alto perfil. “El contexto internacional frente a estas situaciones es adverso. Esto (los acuerdos de extradición) lo hace a nivel bilateral, cuando la relación es buena”.
En el caso de alias Fito, el analista ecuatoriano dijo que la figura del líder criminal creció precisamente desde las cárceles, y desde allí fue que su banda se convirtió en la más importante del país, una situación que refuerza el argumento de que una cárcel estadounidense es más segura.
“El Gobierno (del presidente Daniel Noboa) se deshace de un problema. Tener a un criminal tan peligroso y mediático en un contexto tan inseguro es una responsabilidad. Y es un mensaje a otros grupos criminales de que esto va en serio”, comentó.
Tras esa extradición, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo en X que el Gobierno de Trump “mantiene su compromiso de poner fin al flagelo del narcotráfico” y de trabajar “con socios regionales como el presidente Daniel Noboa para hacer que nuestra región sea más segura y fuerte”.
En el caso de Colombia, cuya relación con Washington es más tensa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció hace unas semanas que suspende algunas extradiciones de guerrilleros solicitados por EE.UU. y que estén colaborando con las negociaciones del proceso de paz. Sin embargo, en lo que va del año ha entregado a otras personas buscadas por las autoridades estadounidenses.
“La narrativa de Petro es crítica con el hegemón (EE.UU.), pero son instituciones como la extradición que vienen funcionando”, dijo Pontón. En sintonía, Benítez señaló: “Colombia y México tenían gobiernos amigos con Estados Unidos cuando se firmaban muchos acuerdos de extradición. Luego cambiaron, pero los acuerdos siguen. Los sistemas militares y de justicia tienen mucho tiempo trabajando. Las instituciones no cambian”.
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Con información de Mauricio Torres de CNN en Español
