El problema es más profundo de lo que parece
Nota del editor: Pedro Bordaberry es profesor de la George Washington University, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y político uruguayo. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(CNN Español) — Lo que sucede hoy en Latinoamérica es mucho más profundo de lo que muchos imaginan.
Se está poniendo a prueba la democracia representativa y, junto con ello, la vigencia del Estado de derecho.
La mayoría de las constituciones latinoamericanas establecieron, hace ya mucho, que la soberanía radica en la nación, esto es, en los ciudadanos.
También que se manifiesta a través del cuerpo electoral.
Mediante el voto se elige presidentes y legisladores para que gobiernen, aprueben leyes y tomen decisiones que, como tales, son obligatorias.
Para todos.
Eso no se está cumpliendo hoy en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México y en Bolivia.
Hay amenazas de que se seguirá ese camino en Uruguay si la oposición gana las elecciones de fin de mes.
Echemos una mirada a los últimos meses.
En Chile, el gobierno decidió subir el precio del boleto de metro.
Tenía las facultades constitucionales para hacerlo.
Sin embargo, un grupo de personas se resistió mediante la violencia. Atacó estaciones de metro, produjo incidentes y daños.
El gobierno cedió, dejó sin efecto el aumento y los manifestantes ahora exigen más.
En México, un Juez ordenó la detención del hijo del Chapo Guzmán. Las autoridades cumplieron la orden judicial y lo detuvieron. Pero un grupo de seguidores del detenido mediante violencia y amenazas obligó al gobierno a dar marcha atrás y liberarlo.
En Ecuador el gobierno eliminó subsidios a los combustibles. Luego de manifestaciones violentas las autoridades dieron marcha atrás.
En Bolivia se celebraron elecciones cuyo resultado fue la reelección del presidente. La OEA realizó una auditoría electoral, concluyó que habían sido fraudulentas y el presidente renunció.
Lo hizo luego de una solicitud de las fuerzas armadas y policiales y grandes movilizaciones populares.
En Uruguay la vicepresidenta de la República dice que si gana la oposición y se toman determinadas medidas “habrá una enorme movilización social”.
¿Qué está pasando?
Las autoridades legítimas toman decisiones dentro de sus competencias como aumentar precio del metro, eliminar subsidios a los combustibles o detener a un presunto narcotraficante y los ciudadanos se resisten.
¿Lo hacen dentro de la ley? ¿Lo hacen recurriendo a los mecanismos legales o constitucionales?
No.
Lo hacen mediante la movilización en las calles. En muchos casos con destrozos y violencia.
En un Estado de derecho si un gobernante toma decisiones ilegales se recurre a la justicia. Si un gobernante comete fraude electoral se le somete a las responsabilidades electorales y penales correspondientes.
En una democracia representativa si un gobernante toma una decisión que no se comparte se hacen valer responsabilidades políticas ante el Parlamento.
Si no se está de acuerdo, en las siguientes elecciones se vota un nuevo gobierno o se cambia a los representantes.
No se resuelven estos problemas por la vía de los hechos como está sucediendo hoy.
Los ciudadanos están desconociendo lo que deciden los representantes electos. Deciden ellos, en las calles, lo que hay que hacer y los gobiernos lo están aceptando.
¿A quiénes representan los que así se manifiestan? ¿A cuántos representan? ¿Representan a la mayoría en sus reclamos?
Nadie lo puede saber puesto que no se expresan a través del voto sino del ruido, de la violencia y de la movilización.
En un Estado de derecho si alguien incumple la ley, se concurre a la justicia para que la haga cumplir.
No se toman las armas y siembra el caos para liberar al amigo o líder.
Lo que está hoy en juego en América Latina es mucho más que los reclamos que pueden ser legítimos o no.
Está en juego el sistema de democracia representativa que en los hechos está siendo sustituido por el reclamo de grupos radicales que se imponen en las calles mediante “la movilización social” en algunas ocasiones y la violencia en otras.
Amparados en su legítimo derecho a manifestarse y expresar su opinión pasan a los desmanes y la violencia y sus reclamos son atendidos y escuchados por los gobiernos que revierten sus decisiones.
Eso los alienta aún más y presentan nuevas demandas sin recurrir al voto ni a sus representantes.
La soberanía deja de estar radicada en la nación y expresarse a través del voto para quedar depositada en los que protestan y se expresan violentamente.
En Roma y Atenas, hace siglos, se decía que existía una Democracia directa. Era el pueblo reunido el que tomaba decisiones y gobernaba.
Con el devenir de los tiempos se vio que ello era impracticable y el pueblo designa representantes para que tomen decisiones durante un tiempo, luego del cual se les renueva o no el mandato.
Esto que hoy se está viviendo es directo, pero no democrático.
No se vota para designar representantes, no se vota para tomar decisiones, no se ocurre a los procedimientos constitucionales para ello. Lo que se hace es sencillamente salir a las calles y con manifestaciones, muchas veces violentas, exigir u oponerse a algo.
A lo que se agrega que se violan y no se cumplen las decisiones legítimas y legales porque se entiende que no son justas.
En “El mercader de Venecia” de Shakespeare, Bassiano le pide al juez que quebrante la ley para hacer un bien (“And I beesech you, Wrest once the law to your authority, To do a great right, do a little wrong…”).
El magistrado contesta: “No puede ser, no debe ser. No hay poder en Venecia que pueda quebrantar una norma jurídica establecida. Esto podría constituir un precedente y de ello seguirse funestos errores en la vida del Estado”.
Este pasaje de la obra del bardo inglés ha servido de base a los doctrinos de la filosofía del derecho para entender las funciones del derecho en la vida social.
¿Puede pasarse por encima de una norma establecida para hacer lo que se entiende es un bien?
¡No! contestamos como el magistrado shakesperiano los que creemos en el Estado de derecho, la república y la independencia de poderes.
Si alguien desea lograr algo que entiende es bueno debe hacerlo dentro de la ley y si la ley no se lo permite, debe cumplirla igualmente o, previamente, modificarla.
De lo contrario se seguirían funestos errores en la vida de los estados, como ayer decía el juez en Venecia y hoy está pasando en Latinoamérica.
