Las medidas del gobierno de Donald Trump para frenar la inmigración ilegal

(CNN Español) — Desde el inicio de su campaña presidencial en 2015, Donald Trump prometió —con una retórica antiinmigrante— disminuir el flujo de personas indocumentadas que cruzan a Estados Unidos, en principio construyendo un muro fronterizo.

Desde el principio Trump advirtió que de ser elegido presidente,desecharía los decretos de Barack Obama que impiden las deportaciones de algunos inmigrantes indocumentados. Y una vez elegido, ha impulsado al menos una decena de iniciativas notorias contra los inmigrantes indocumentados para reducir los ingresos a EE.UU., solicitando más fondos para construir el muro, expandiendo la presencia militar en la frontera con México, y en general, impulsando una serie de reformas para hacer más difícil la estadía de inmigrantes, en su mayoría indocumentados, al país.

Estas son solo algunas medidas de Trump contra los inmigrantes indocumentados:

1. El muro fronterizo

El muro fronterizo fue una de las primeras promesas de campaña que hizo Trump al lanzar su candidatura. Y además dijo que México pagaría por ello.

Hasta el momento Trump ha enfrentado a una serie de desafíos legales para la construcción del muro, en especial por la financiación del mismo, porque el Congreso, que decide el presupuesto, está dividido. En enero de 2020, una corte federal de apelaciones dio luz verde a la administración Trump para utilizar un determinado conjunto de fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro fronterizo después de que un tribunal inferior lo impidiera el mes pasado.

En enero de 2019, Trump puso fin a un cierre del gobierno de 35 días —cediendo a que se planteara un monto de financiación distinto al pedido por la administración para el muro fronterizo— y luego en febrero el Congreso llegó a un acuerdo para habilitar unos US$ 1.400 millones en fondos para el muro, mucho menos de lo que Trump había buscado. Posteriormente declaró emergencia nacional para obtener dinero de otras cuentas del gobierno para construir secciones del muro.

Trump ha hecho repetidas afirmaciones sobre “enormes cantidades de drogas” que cruzan a Estados Unidos desde la frontera sur, a pesar de que la mayoría de esas drogas pasan por los puertos de entrada, y ha abordado el tema del tráfico de personas.

A enero de 2020, el muro lleva alrededor de 160 kilómetros de construcción, muy por debajo de los 645 kilómetros que prometió el presidente para el cierre del año pasado.

2. La prohibición de viajes

El 27 de enero de 2017, pocos días después de posesionarse como presidente, Trump dio un golpe severo a los inmigrantes: firmó un decreto que suspendió el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos y prohibió el ingreso al país a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

La política actual restringe la entrada de siete países en distintos grados: Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, junto con Venezuela y Corea del Norte. Chad fue eliminado de la lista en abril pasado, después de que la Casa Blanca dijo que el país mejoró las medidas de seguridad. En 2018, el Tribunal Supremo mantuvo la tercera versión de la prohibición de viajes después de que las iteraciones anteriores fueron impugnadas en tribunales.

En enero de 2020, el gobierno Trump elaboró planes para renovar y ampliar su lista de prohibición de viajar para incluir restricciones de inmigración en siete países adicionales, según fuentes familiarizadas con el proceso.

El objetivo, dijo un funcionario, es “lograr que los gobiernos cumplan utilizando el poder de acceso a los Estados Unidos”. Las restricciones de viaje se adaptarían a los países, si se agregan, y no impondrían una prohibición total, señaló el funcionario en ese momento.

A mediados de septiembre de 2019, a más de 31.000 personas se les había negado la entrada a Estados Unidos debido a la prohibición de viajes de Trump, le dijo a CNN un funcionario del Departamento de Estado.

En abril del año pasado, los demócratas presentaron un proyecto de ley conocido como la Ley de no prohibición, en la Cámara y en el Senado para derogar la prohibición, pero se espera que la medida no pase en el Senado de mayoría republicana.

3. Separación de familias en la frontera y detenciones masivas en la frontera

Bajo la política de “tolerancia cero” que la administración implementó en 2018, miles de niños fueron separados de sus padres tras ser detenidos cruzando la frontera sur de Estados Unidos. La política tenía la intención de disuadir a los migrantes de llegar a la frontera. Y por cuenta de esa política, en los últimos años imágenes de niños separados de sus familias inundaron los medios de comunicación y los programas de noticias.

Según un informe del gobierno, la administración Trump calculó que más de 26.000 niños habrían sido separados entre mayo y septiembre de 2018, debido a la política de tolerancia cero. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) proporcionó esas cifras a la Oficina de Presupuesto de Gestión a principios de mayo de 2018.

La controvertida política causó indignación entre activistas, abogados y el público, y finalmente llevó a una orden ejecutiva presidencial que pedía que las familias se mantuvieran juntas.

Sin embargo, un informe de noviembre del año pasado del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunció que el gobierno Trump no pudo verificar el número total de familias separadas o reunidas a raíz de su política de “tolerancia cero”, debido a “errores generalizados” en el seguimiento de datos. Ese reporte descubrió que el DHS no tenía el sistema de tecnología de la información necesario para rastrear a las familias migrantes separadas.

El departamento estimó que los agentes de la Patrulla Fronteriza separó a 3.014 niños de sus familias mientras se aplicaba la política. Y estimó 2.155 reunificaciones en respuesta a una orden judicial. Sin embargo, según el informe, “sin una cuenta confiable de todas las relaciones familiares”, el inspector general “no pudo validar el número total de separaciones o reunificaciones”.

Además, la detención masiva de familias en la frontera se han denunciado varias violaciones a los derechos humanos, entre ellos hacinamiento en los centros de detención y hasta violaciones a menores en hogares de acogida.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos se negó a comentar sobre las acusaciones de la demanda. En un correo enviado a CNN indicó que no hace declaraciones sobre asuntos específicos relacionados con litigios que están en curso. También añadió que la red de instalaciones y programas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados a lo largo del país está “dedicada al bienestar de los niños” y que los menores bajo el cuidado de la agencia reciben “un ambiente seguro y saludable que garantiza el acceso a alimentos nutritivos, ropa limpia, educación y servicios médicos”.

4. Expandir la presencia militar en la frontera sur de EE.UU.

En 2018, el Pentágono envió más de 5.000 soldados de la Guardia Nacional y una gran cantidad de equipos militares a la frontera sur, que limita con México, con el fin de detener a los migrantes centroamericanos que se movilizaban en una caravana hacia Estados Unidos con el fin de pedir asilo.

Para diciembre de 2019, había alrededor de 3.900 soldados en servicio activo, y unos 2.600 miembros de la Guardia Nacional desplegados en apoyo de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional en la frontera sur, aunque un funcionario de defensa dijo que ese número pronto disminuirá a medida que se venzan algunas unidades rotatorias superpuestas para partir pronto

El número de tropas en servicio activo en la frontera alcanzó su punto máximo en aproximadamente 5.900.

Las tareas realizadas por las tropas estadounidenses han incluido el endurecimiento de las posiciones fronterizas, la instalación de alambre de púas, la operación de vehículos de vigilancia móvil y la pintura de barreras fronterizas. Si bien inicialmente se suponía que las tropas no tenían contacto con los migrantes, se han hecho algunas excepciones para permitir que los militares apoyen mejor al Departamento de Seguridad Nacional.

Además, tras una serie de amenazas de EE.UU. de aumentar los aranceles a las importaciones de México si este último no frenaba los flujos migratorios, en junio de 2019, México desplegó casi 15.000 soldados en la frontera con Estados Unidos.

En diciembre, la Patrulla Fronteriza informó que las detenciones de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron por séptimo mes consecutivo. Sin embargo, el Comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, advirtió que las detenciones fronterizas “todavía están en niveles de crisis”. Dijo que las detenciones promedio eran un poco más de 1.400 por día en ese momento.

Durante el apogeo de la crisis migratoria en mayo de 2019, la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste arrestó a 132.856 personas, principalmente familiares de los países del Triángulo Norte de Guatemala, El Salvador y Honduras. En diciembre la CBP informó que había detenido a 32,800 personas en la frontera suroeste.

5. Endurecer leyes y trámites para los inmigrantes

En el transcurso de la presidencia de Donald Trump, la administración ha tratado de reducir las protecciones de asilo, alegando que los migrantes han explotado las leyes de la nación.

“El asilo nunca tuvo la intención de aliviar todos los problemas, incluso todos los problemas graves, que las personas enfrentan todos los días en todo el mundo”, dijo en 2018 el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions.

Desde entonces, la administración ha presentado una serie de regulaciones de asilo que hacen que sea más difícil para algunos migrantes buscar refugio en los Estados Unidos. Esas regulaciones también enfrentan desafíos legales.

Estos son algunas de estas medidas:

Turismo de nacimiento

Desde enero de 2020, el Gobierno implementó una nueva política para evitar que algunos hijos de extranjeros nacidos en ese país sean ciudadanos estadounidenses, lo que se conoce como “turismo de nacimiento”: mujeres de todo el mundo vienen en las últimas semanas de gestación para dar a luz en el país. Luego retornan a sus países de origen a criar a sus hijos, con la intención de que cuando sean mayores ellos puedan regresar a Estados Unidos, por ejemplo a estudiar en la universidad con los beneficios que implica ser ciudadano estadounidense.

La regla no se aplica a ciudadanas de 39 países, la mayoría de los cuales están en Europa, que forman parte del Programa de Exención de Visa, confirmó un funcionario del Departamento de Estado. Por América Latina el único país que hace parte del Programa de Exención de Visa es Chile. Otros países, además de los europeos, son Australia, Brunei, Japan, Nueva Zelandia, Singapore, Corea del Sur, Taiwán y Reino Unido.

Un funcionario del Departamento de Estado le dijo a CNN que el cambio de reglas tiene como objetivo abordar los riesgos de seguridad nacional y de aplicación de la ley.

Retornar inmigrantes a México

Una política del gobierno Trump les exige a los inmigrantes —la mayor parte de ellos de Centroamérica— esperar en México hasta la fecha programada para ir a una corte en Estados Unidos.

La presencia de un individuo en la corte en la fecha establecida es uno de los pocos mecanismos de contabilidad para la población de personas que han caído bajo esta política. Pero a medida que se acercan esas fechas, muchos migrantes, a menudo esperando en condiciones peligrosas en México, no aparecen, lo que destaca en parte las condiciones insostenibles a lo largo de la frontera sur.

Hasta principios de enero de 2020, más de 57.000 personas habían sido devueltas a México para esperar los procedimientos judiciales de Estados Unidos desde que la política comenzó hace un año.

Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional está implementando una serie de actualizaciones a la controvertida política.

Cambio en las tarifas para trámites de inmigración

En octubre de 2019, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que estaban revisando su solicitud de exención de tarifas, eliminando un criterio de “beneficio de prueba de medios” que se utilizó anteriormente para determinar si un solicitante podía estar exento de las tarifas.

En ese momento, la USCIS dijo que los niveles de ingresos utilizados para determinar la elegibilidad de asistencia local varían mucho y, por lo tanto, “no son un criterio apropiado”.
En diciembre, un tribunal de distrito federal bloqueó los cambios que el gobierno Trump hizo en el proceso de exención de tarifas para que la ciudadanía de los inmigrantes siga vigente.

Negar visa a inmigrantes

En primer lugar, el USCIS propuso en noviembre del año pasado una regla que prohibiría a los solicitantes de asilo que hayan cruzado ilegalmente la frontera obtener una autorización de trabajo y retrasar los permisos en caso de que sean otorgados.

La medida propuesta afectaría a miles de inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos y que dependen de los permisos de trabajo para sostenerse a sí mismos mientras sus casos avanzan en las cortes de inmigración, un proceso que puede tomar meses e incluso años. Sin embargo un juez federal en Oregon bloqueó en noviembre pasado la medida del gobierno Trump para negarles visas a inmigrantes si no pueden demostrar que contarán con un seguro de salud.

También se había propuesto negarles visas a inmigrantes si no podían demostrar que contaban con un seguro de salud. Pero un juez de Oregon bloqueó la medida, pues dijo, es “incompatible con el INA”, en referencia a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La política le exigiría a los solicitantes de visa verificar que están protegidos por un seguro de salud aprobado dentro de los 30 días posteriores a su entrada en Estados Unidos o que podrían “pagar por los costos médicos razonablemente previsibles”, un posible obstáculo para los inmigrantes, especialmente si no cuentan con los medios financieros.

Intención de poner fin a las protecciones de asilo para víctimas de violencia doméstica

En 2018, el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, estableció un alto nivel para que las víctimas de violencia doméstica y pandillas califiquen para el asilo, diciendo que las víctimas deben demostrar que su país de origen no pudo o no quiso ayudarlas y que “el gobierno condonó las acciones privadas”. Un juez federal bloqueó la política.

En diciembre de 2019, el caso estaba en un tribunal de apelaciones donde el gobierno Trump defendió la decisión, argumentando que la administración simplemente estaba tratando de establecer estándares claros.

— Con información de Yilber Vega, Ione Molinares y Gonzalo Alvarado de CNN en Español; y Jeremy Diamond, Sara Murray, Priscilla Alvarez, Paul LeBlanc, Juan Carlos Paz, Geneva Sands, Pamela Brown, Kate Bennett, Nick Valencia, Catherine E. Shoichet, Barbara Starr, Ryan Browne, Jennifer Hansler y Caroline Kelly de CNN