Fiscalía de Costa Rica investiga al presidente Alvarado por supuesto uso indebido de datos
(CNN Español) — La Fiscalía General de Costa Rica realizó este viernes 10 allanamientos, incluido uno en la Casa Presidencial en San José, como parte de las investigaciones para determinar si la Unidad de Análisis de Datos de la Presidencia accedió a datos confidenciales de los ciudadanos.
Además del presidente Carlos Alvarado, la Fiscalía dijo en un comunicado que la investigación incluye a otras siete personas, entre ellas el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el ministro de Planificación, Daniel Soto Castro, y tres asesores presidenciales en materia de análisis de datos.
El ministerio público dijo que investiga presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Los allanamientos se extendieron también al Ministerio de Planificación y cuatro viviendas particulares, agregó el comunicado.
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, dijo este viernes que la presidencia se encuentra puertas abiertas para todos los requerimientos judiciales.
La funcionaria señaló que días atrás el ministro de la Presidencia se puso a la orden de las autoridades judiciales para cualquier requerimiento, así como para entregar los equipos con los que el personal de análisis de datos hacía su trabajo.
El presidente Alvarado derogó el 21 de febrero el decreto que creaba esta unidad de análisis de datos, cuatro días después de su publicación, y dijo que tomó la medida por la preocupación de diversos sectores.
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La unidad fue criticada en redes sociales por supuestamente representar una amenaza a los derechos civiles de los costarricenses al facilitar el acceso a datos confidenciales.
En un mensaje por cadena nacional el lunes, el presidente había admitido que se cometieron errores en este tema y que por eso rectificó. Insistió que la mejor política pública, la libertad y el respeto a la privacidad, son valores de su gobierno y del país.
Según la Fiscalía, entre mayo de 2018 y octubre de 2019, los asesores de datos aparentemente conformaron esa unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, “al parecer sin ningún respaldo legal”, dice el comunicado.
La Fiscalía dijo que se presume que este grupo habría pedido datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y que Alvarado tenía conocimiento de esto.
