¿Qué está pasando en Nicaragua? Detención de opositores, elecciones cuestionadas y la reacción de organismos internacionales
(CNN Español) — A cinco meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la justicia del país centroamericano ha detenido a más de una docena opositores y precandidatos a los que acusa de cometer presuntamente actos que atentan contra la soberanía nacional, planteando serias dudas sobre la legitimidad de los comicios y generando reacciones internacionales.
Esto es lo que se sabemos de la situación en Nicaragua:
La controversial Ley 1055
Aprobada en diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional, la ley busca presuntamente la «defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» y ha sido utilizada principalmente para detener a diferentes opositores al gobierno de Daniel Ortega.
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Entre los 14 detenidos al momento hay cuatro precandidatos presidenciales de cara a las elecciones que tendrán lugar el 7 de noviembre, y en las que Ortega busca ser reelecto por cuarta vez.
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Del total, 13 han sido detenidos en el marco de la ley 1055: se trata de los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; los dirigentes opositores José Pallais, José Adán Aguerri y Violeta Granera; el director de Banpro Grupo Promerica Luis Alberto Rivas Anduray; los exguerrilleros sandinistas Dora María Téllez Argüello, Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco y las activistas Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil Guardián y Suyen Barahona.
Además, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro fue acusada por el Ministerio Público por presunta «gestión abusiva» y lavado de dinero durante su gestión frente a la Fundación Violeta Barrios y puesta bajo arresto domiciliario.
Luego de la acusación, Chamorro dijo: «No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república».
Ortega busca un cuarto mandato consecutivo
Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, formó parte del gobierno en medio de la Revolución Sandinista entre 1979 y 1985. Luego fue electo presidente por primera vez entre 1985 y 1990, y finalmente retornó al poder en 2007 tras ganar las elecciones de noviembre de 2006.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, durante un acto en Managua el 29 de agosto de 2018 (Inti Ocon/ AFP/ Getty Images).
Desde entonces se mantiene en el gobierno y fue luego reelecto dos veces, tras una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó este lunes la “brutal escalada de represión y persecución contra líderes sociales y políticos». «Es evidente que el régimen de Ortega Murillo pretende mantenerse en el poder a costa del terror».
La vicepresidenta y a la vez primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, cuestionó a los críticos del gobierno: «En cuántos países y en cuántos organismos hemos visto cómo las personas que atropellan a los pueblos, saqueando, robando, son llevadas a la Justicia».
La reacción de organismos internacionales
El martes la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución «Situación en Nicaragua» en la que expresa su «alarma» ante el reciente deterioro del entorno político en ese país y demandó reformas electorales para garantizar elecciones libres y transparentes.
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La resolución de la OEA fue aprobada con el respaldo de 26 países, con tres votos en contra y cinco abstenciones, incluyendo entre estas a México y Argentina
Estados Unidos, que votó a favor de la declaración, expresó este miércoles a través del secretario de Estado Antony Blinken que la resolución representa “un claro mensaje de apoyo al pueblo de Nicaragua y su lucha por unas elecciones libres.
«Es hora de que el régimen de Ortega y Murillo cambie de rumbo», dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración publicada este miércoles.
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En cambio el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, ha dicho sobre los pedidos internacionales que el gobierno «no va admitir injerencias ni imposiciones, o que nos obliguen a romper nuestro sistema jurídico».
Con información de Mario Medrano, Tatiana Arias, Rafael Romo
