Jueces a cargo de importantes casos penales en Guatemala denuncian persecución, amenazas y vigilancia en su contra

olivertapia

(CNN Español) — En Guatemala cuatro jueces de los tribunales de Mayor Riesgo entregaron una carta a la fiscal general, Consuelo Porras, pidiéndole que desestime todas las denuncias penales que existen en su contra, a las cuales califican de infundadas.

Estos cuatro jueces, que llevan algunos de los casos penales más importantes del país, también denunciaron ante la prensa amenazas, persecución y vigilancia por parte de entes del Estado.

Magistrada guatemalteca señala acoso por ejercer su trabajo con independencia del gobierno

Los jueces hicieron una presentación conjunta este lunes en la sede central del Ministerio Público, en Ciudad de Guatemala. Allí estaban los dos jueces a cargos de casos sobre corrupción en gobiernos pasados, Erika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo “D” –recientemente galardonada por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, con el premio internacional a las “Mujeres de Coraje”–, y Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo “B”. También Yassmín Barrios, del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, encargada de casos de crímenes de lesa humanidad, y Pablo Xitumul, a cargo de casos de impacto nacional del Tribunal de Mayor Riesgo “C”.

Pablo Xitumul, a cargo de casos de impacto nacional del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, en una foto de 2018.

Todos ellos denunciaron tener casos penales en su contra en distintas fiscalías. Según los jueces, estas denuncias han sido interpuestas por personas señaladas en los mismos casos que se tramitan en los juzgados de Mayor Riesgo en que ellos laboran. Muchas de esas denuncias, subrayaron, corresponden a sospechosos, acusados, condenados y familiares de personas condenadas.

En el caso de la jueza Aifán, dice que son al menos 70 las denuncias en su contra y que muchas de ellas debieron desestimarse por ley hace mucho tiempo. “Estamos haciendo una petición a la fiscal general en virtud de que han interpuesto muchas denuncias penales en nuestra contra. Denuncias que son infundadas, que son espurias y que datan de muchos años”, aseguró Aifán.

Al respecto, el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público indicó a CNN: “Se recibió la petición y se estará realizando el análisis respectivo en cada fiscalía para determinar lo procedente conforme a la ley. El Ministerio Público siempre actúa con imparcialidad, objetividad y con apego al principio de legalidad.”

Tras entregar el documento, los cuatro magistrados hablaron con la prensa y expusieron que en los últimos meses aumentó el hostigamiento hacia ellos, incluido de parte de funcionarios del gobierno actual, según los magistrados.

En sus palabras, la preocupación de estos jueces es que con la existencia de estos casos sin cerrar o las constantes amenazas que sufren, se encuentra en peligro la independencia y la integridad judicial en Guatemala.

“Aprovecho este espacio para hacer saber al director de la Policía Nacional que la semana pasada se recibió de parte de la Unidad de Protección a Personalidades para que se reportaran cada uno de mis movimientos y las novedades que se producen. Esto significa que prácticamente están en alguna medida violentando mi independencia judicial pero, más allá, poniéndome en peligro”, dijo Barrios.

“El hostigamiento que se está dando en contra de muchos jueces, especialmente en nosotros de competencia ampliada. Y, a parte de eso, el hostigamiento se está dando a nivel de las mismas instituciones, porque el otro tema delicado es que se me ha estado hostigando con personas armadas, en el caso que me han dado seguimiento algunas personas”, señaló Gálvez.

Mas tarde, la fiscal general Porras habló con la prensa y dijo que se debe investigar para determinar si un caso es o no espurio,

«Las fiscalías que están conociendo las diferentes denuncias en contra de cualquier ciudadano guatemalteco, es la investigación la que nos va a generar, si efectivamente hay o no un hecho que perseguir», según Porras.

Sin embargo, la ley en Guatemala establece un plazo de 20 días para que el Ministerio Público inicie acciones si considera que existen elementos de investigación, ya que los jueces y magistrados en el país gozan de derecho de antejuicio. Y muchas denuncias llevan incluso nueve años de conocerse en las distintas fiscalías, según confirmó más temprano la jueza Aifán.

El ministro de Gobernación, Gendry Reyes, de quien depende la Policía Nacional, dijo a la radio La Red que brindarán apoyo a los jueces en caso de que ellos sientan algún tipo de amenaza.

«Estamos nosotros para poder articular, apoyar a los jueces para que si tienen alguna necesidad, nosotros podamos darles el apoyo necesario de acuerdo a lo que establece la ley», dijo Reyes.