Petro pide cárcel para funcionarios de su gobierno que pudieran estar vinculados a delitos de corrupción
Valeria Ordóñez Ghio
(CNN Español) — La trama de supuestos pagos a congresistas con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para presuntamente apoyar la aprobación de las reformas sociales del gobierno se está convirtiendo en uno de los mayores dolores de cabeza para el presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia llevan adelante investigaciones para determinar si hubo irregularidades en el manejo de dinero público y quiénes serían los responsables de ellas.
“La Justicia tiene toda la libertad y el derecho de investigar los hechos. Solo que un posible hecho donde no salieron recursos públicos por intervención directa del presidente, no puede ocultar el hecho de los contratos de carrotanques, el contrato de Caregato, donde sí salieron dineros públicos hurtados que exijo se devuelvan hasta el último peso”, sostuvo este jueves el mandatario en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
Por el momento, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, el exsubdirector de la institución Sneyder Pinilla y quienes están vinculados con las investigaciones han manifestado su interés en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales de rebajas de penas. Con base en las pruebas en su poder, la Fiscalía General pedirá en las primeras audiencias de imputación, a realizarse el 25 de julio, medida de aseguramiento contra estos dos exfuncionarios y un contratista particular.
La trama de los carrotanques para La Guajira: dos funcionarios de Petro y dos congresistas enredados en el escándalo en medio de investigaciones judiciales
Tanto López como Pinilla han aceptado en varias entrevistas a medios locales, en declaraciones públicas en video y en sus interrogatorios ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que formaron parte del entramado de corrupción y han involucrado a exfuncionarios, a actuales integrantes del gobierno y a congresistas en graves irregularidades.
Por eso la Fiscalía pidió a la Corte, en razón del fuero especial de los congresistas, que investigue a varios de los presuntamente involucrados.
“La Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados”, destaca un comunicado del organismo de investigación.
Esta semana, el canal local Caracol Noticias publicó una serie de informes que contienen partes de un video de la declaración de López ante magistrados de la Corte Suprema y chats de WhatsApp entre Pinilla y altos funcionarios del Gobierno. Petro se refirió directamente al caso de López.
“Cuando Olmedo encontró la olla de corrupción desde hace años consolidada en la UNGRD, debió en lugar de acomodarse a ella, denunciarla al presidente y a la Justicia tal como lo hace el actual director. Eso es lo que yo le exijo a cualquier funcionario que quiera participar del gobierno del cambio. Si no, no merecen estar en este gobierno y si delinquen deben ir a la cárcel”, manifestó en X.
Varios medios de comunicación locales también han publicado lo que señalan que son extractos de los documentos y testimonios en poder de las autoridades. Este miércoles, la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema, en donde se adelanta la investigación, emitió un comunicado en el que rechaza la filtración de estas informaciones.
“La Sala es respetuosa de la libertad de prensa, pero este tipo de hechos pueden afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional”, advirtieron los magistrados en el comunicado, al tiempo que informaron que los hechos serán investigados para determinar quién entregó las grabaciones en video.
El escándalo, que tiene en jaque al gobierno, comenzó por la supuesta compra irregular de unos carrotanques para llevar agua al departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, uno de los territorios más pobres del país. Los vehículos habrían sido comprados con sobrecostos para poder justificar el dinero que posteriormente habría sido entregado a congresistas para que apoyaran las reformas sociales en trámite en el Legislativo. Estas presuntas irregularidades han merecido el rechazo de la opinión pública y de varios sectores políticos en Colombia.
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