La Corte Suprema bloquea algunos de los requisitos de prueba de ciudadanía de Arizona para las elecciones de noviembre
Alexandra Ferguson
(CNN) — La Corte Suprema se negó el jueves a revivir partes de una ley de Arizona respaldada por los republicanos que podría haber impedido a miles de votantes emitir su voto en la contienda presidencial de noviembre o votar por correo, pero permitió que otros controvertidos requisitos de esa ley entraran en vigor.
La Corte Suprema dejó en pie el fallo de un tribunal inferior que prohibía la aplicación de la ley que exigía a los votantes documentar su ciudadanía estadounidense para votar en las elecciones presidenciales de este año, pero permitió al estado aplicar el requisito de que los posibles votantes documenten su ciudadanía antes de registrarse para votar utilizando un formulario de registro estatal.
En otras palabras, en una victoria parcial para los republicanos, se exigirá una prueba de ciudadanía a los nuevos votantes en algunas circunstancias. A los votantes que no puedan documentar su estatus de ciudadanía se les seguirá permitiendo registrarse utilizando un formulario federal.
Arizona es un campo de batalla de vital importancia en las elecciones presidenciales de este año. Joe Biden ganó el estado por poco más de 10.000 votos en 2020. Donald Trump lo ganó en 2016.
Es probable que el caso sea el primero de muchos litigios relacionados con las elecciones que la Corte Suprema deberá abordar de urgencia este año. El Comité Nacional Republicano, al que se unieron los legisladores estatales del Partido Republicano que apoyaron la ley, había pedido al alto tribunal que interviniera en el enfrentamiento sobre las normas electorales en el estado en un caso que elevaba el voto de los no ciudadanos, una cuestión que los republicanos han intentado poner en primer plano en la campaña de este año.
La Corte Suprema emitió la decisión en un breve orden y sin explicaciones, lo que es habitual en las apelaciones de urgencia.
Tres conservadores, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, dijeron que habrían permitido que entraran en vigor más requisitos de prueba de ciudadanía del estado, lo que habría impedido a los votantes actualmente registrados emitir un voto presidencial. Otros cuatro, las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y la jueza conservadora Amy Coney Barrett, habrían mantenido en suspenso todas las disposiciones impugnadas de la ley.
Los ciudadanos de Arizona pueden registrarse para votar con un formulario estatal o con un formulario federal. Con el sistema anterior, los residentes que utilizaran cualquiera de los dos formularios sólo podrían votar en las elecciones federales si se negaban a presentar una prueba de ciudadanía o no lo habían hecho ya con la división de vehículos de motor del estado.
Pero en 2022, en respuesta a las falsas afirmaciones de que el voto generalizado de los inmigrantes afectaba al resultado de las elecciones, los legisladores estatales promulgaron varios requisitos nuevos. Las nuevas leyes prohibían a los votantes que no hubieran presentado una prueba de ciudadanía emitir un voto presidencial o votar por correo, independientemente del formulario que utilizaran. A partir de entonces, la legislatura estatal prohibió a los funcionarios electorales aceptar cualquier formulario estatal de registro de votantes a menos que se presentara dicha documentación.
Un juez de distrito estadounidense bloqueó algunos requisitos de la ley el año pasado. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9° Circuito de EE.UU. se negó a revocar esa decisión este mes.
El principal funcionario electoral de Arizona, el secretario demócrata Adrian Fontes, advirtió que revivir los requisitos a medida que se acercaban las elecciones de noviembre confundiría a los votantes al tiempo que crearía “dificultades excesivas” para él y los administradores electorales de los condados.
“Mi preocupación es que los cambios en el proceso no deberían producirse tan cerca de unas elecciones, crea confusión en los votantes”, dijo Fontes en un comunicado.
Bruce Spiva, vicepresidente sénior del Campaign Legal Center, que representó a varios de los grupos de defensa del derecho al voto, dijo que la orden del tribunal cambia drásticamente “normas de larga data en vísperas de unas elecciones que claramente causarán confusión a los votantes”.
“Unas elecciones libres y justas dependen de que todos los ciudadanos puedan emitir su voto y la lucha está lejos de haber terminado”, añadió Spiva.
La ley de 2022 había sido impugnada por grupos tribales y de derechos civiles, así como por el gobierno de Biden. El Comité Nacional Demócrata y el Partido Demócrata estatal se unieron a los grupos para argumentar que las disposiciones en cuestión deberían congelarse para las elecciones de 2024.
Los demócratas argumentaron que si la Corte Suprema revivía los requisitos privaría de derechos a los votantes que no tuvieran acceso a los documentos, incluso en los casos en que los votantes ya hubieran documentado su ciudadanía con otras agencias estatales. Los votantes de más edad a menudo carecen de acceso a documentos como certificados de nacimiento que probarían su ciudadanía, dijeron. Los críticos de la ley también dijeron que afectaría de forma desproporcionada a los nativos estadounidenses.
Los demócratas argumentaron que prohibir a los residentes de Arizona que ya habían votado al presidente en las primarias emitir su voto en las elecciones generales sembraría “el caos y la confusión”, y habían pedido al alto tribunal que se basara en una doctrina legal conocida como el principio Purcell, que los magistrados invocan a veces para mantenerse al margen de pleitos electorales de última hora. Pero el tribunal no mencionó esa doctrina en su breve orden.
“Lo que resulta especialmente sorprendente del fallo es la ausencia de cualquier referencia a Purcell, la doctrina en la que suelen basarse los magistrados para justificar que los tribunales federales se mantengan al margen de los contenciosos electorales cuando se acercan las elecciones”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema en CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Al Tribunal le gusta insistir en limitar la confusión cuando se trata de este tipo de fallos y sin embargo aquí tenemos tres alineaciones diferentes votando por tres resultados diferentes. Si nada más, eso sólo reforzará las críticas de que los jueces invocan Purcell selectivamente”.
En 2013, la Corte Suprema limitó el momento en que los estados pueden exigir una prueba de ciudadanía a las personas que se inscribieron utilizando el formulario federal. El alto tribunal concluyó entonces que, en virtud de la Ley Nacional de Registro de Votantes, los estados no podían impedir que los votantes que carecieran de esos documentos emitieran su voto en las elecciones federales siempre que el formulario federal no incluyera el mandato.
Pero los republicanos replicaron que el Congreso no tenía autoridad para establecer las normas de los sistemas de voto por correo de los estados, ni tampoco para regular las normas de registro de votantes de los estados para las elecciones presidenciales.
Arizona puede exigir, y de hecho ya lo hace, que los votantes documenten su ciudadanía para votar en las elecciones estatales y locales.
También estaba en cuestión en el caso un decreto de consentimiento de 2018 derivado de un pleito separado. El decreto de consentimiento estableció un sistema a prueba de fallos para las personas que carecían de pruebas documentales de ciudadanía, un sistema que fue eliminado por la ley de 2022.
Según el decreto, al procesar esos registros de votantes, los funcionarios electorales locales debían buscar en la base de datos del DMV del estado cualquier registro que confirmara la ciudadanía del individuo. Si existían tales registros, el individuo estaba completamente registrado. Si no, el individuo no estaba registrado para las elecciones estatales pero se le permitía votar para cargos federales.
Según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Arizona, más de 40.000 votantes ya habían sido excluidos del voto en las elecciones estatales y locales por carecer de documentos que probaran su ciudadanía.
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